VILLA-TV
por Ciber V.V.
Jueves 21 de agosto de 2014
Es completamente legítima la preocupación de múltiples ciudadanos, periodistas, intelectuales, analistas y profesionales en general, sobre el manejo y destino final de las ganancias derivadas de la extracción del petrolero y de todas las demás actividades productivas relacionadas con el recurso, ahora que participarán en ella diferentes empresas particulares del país y del extranjero en el ramo. Tal vez porque en los últimos meses la TV y demás medios informativos, han destapado diferentes hechos sobre los líderes de los partidos políticos, el funcionamiento de las instituciones públicas y los actores legislativos de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, que más que proporcionar confianza en su aplicación, generan una gran inseguridad. Hay una pantalla empañada de buenos augurios que están colocando frente a nosotros, para que no podamos ver las realidades que han fabricado y que se aproximan sin que tengamos idea de sus negativas consecuencias.
Pero veamos una parte de la lista reciente de ruindades públicas, añejas o nuevas en el país y en las entidades más señaladas, así tendremos suficientes elementos para documentar nuestro optimismo:
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| Son más las dudas que las certezas lo que permea en la sociedad. Foto: Presidencia |
Es completamente legítima la preocupación de múltiples ciudadanos, periodistas, intelectuales, analistas y profesionales en general, sobre el manejo y destino final de las ganancias derivadas de la extracción del petrolero y de todas las demás actividades productivas relacionadas con el recurso, ahora que participarán en ella diferentes empresas particulares del país y del extranjero en el ramo. Tal vez porque en los últimos meses la TV y demás medios informativos, han destapado diferentes hechos sobre los líderes de los partidos políticos, el funcionamiento de las instituciones públicas y los actores legislativos de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, que más que proporcionar confianza en su aplicación, generan una gran inseguridad. Hay una pantalla empañada de buenos augurios que están colocando frente a nosotros, para que no podamos ver las realidades que han fabricado y que se aproximan sin que tengamos idea de sus negativas consecuencias.
Pero veamos una parte de la lista reciente de ruindades públicas, añejas o nuevas en el país y en las entidades más señaladas, así tendremos suficientes elementos para documentar nuestro optimismo:
• El pago de mil 587 millones 791 mil 856 pesos en el primer trimestre del año para maestros fantasma: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación - SNTE.
• La falta de rendición de cuentas del gasto presupuestal en las entidades federativas, por su desmesurado e injustificado endeudamiento: gobiernos de Coahuila, Quintana Roo y Nayarit.
• El involucramiento directo o indirecto de autoridades estatales con el crimen organizado: relación del exgobernador de Michoacán y de su hijo con “la Tuta”, líder de “Los Caballeros Templarios”.
• La fuerte corrupción y prebendas en la construcción de obra pública: el Partido de la Revolución Democrática - PRD, no ha llamado a Marcelo Ebrard para que rinda cuentas por todas las fallas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
• La falta de supervisión de las instancias dedicadas a salvaguardar el bienestar de la niñez: Distrito Federal y Michoacán.
• La situación de la población emigrante de México y Centroamérica que va al “otro lado”: la federación y los gobiernos de los estados del país por donde transita, no logran controlar los daños a que es sometida constantemente.
• Los “moches” que reciben los legisladores federales del Partido Acción Nacional, que son los recursos que supuestamente solicitan a los alcaldes para financiar sus campañas internas: reelección de Madero.
• La cesantía de líderes y funcionarios por sospecha de prácticas ilegales, sin ser sometidos a proceso: Cuauhtémoc Gutiérrez como dirigente del Partido Revolucionario Institucional - PRI, en el D. F., contrató edecanes para eventos del partido que en realidad trabajaron como prestadoras de servicios sexuales.
• Con la destitución de legisladores de su cargo por campañas de desprestigio no sustentadas, se disimula y descarta la investigación de su ingerencia en acciones ilícitas: Luis Alberto Villarreal es cesado por “destramparse” y no por los “moches”.
• Diputados y senadores del PAN y del PRD, se abstienen por falta de firmas, de interponer una acción de inconstitucionalidad contra las restricciones contenidas en la actual ley de telecomunicaciones, a los ya reconocidos derechos de privacidad, intimidad o vida privada y protección de datos personales: se presume que fue Villarreal, el ahora excoordinador de la bancada del PAN, quien frenó la acción.
Con este panorama debemos tomar en cuenta que aunque sea adecuado realizar reformas constitucionales, que actualicen las reglas y los procedimientos para el desarrollo de las acciones de los programas de gobierno provenientes de ellas, cada una debe contar con la supervisión necesaria para que los tan cantados beneficios futuros sean un hecho y no pura farsa. En este sentido, nos preguntábamos por qué la prisa del legislativo para pasar la reforma energética, dejando insatisfecha a la sociedad con la poca profundidad discusiva y analítica que impusieron el triunvirato PRI-PVEM-PANAL y el PAN; daban la impresión de estar ansiosos por empezar el negocio y llenarse los bolsillos, como siempre. El problema es que el martes pasado, cuando se cuestionó al presidente frente a las cámaras televisivas, si existían las condiciones para certificar que las empresas privadas extranjeras y nacionales, que participarán en el sector energético, no incurrirán en tales actos, su respuesta aludió a la importancia de hacer la reforma para no quedarnos sin hacer nada y mejorar la producción y los servicios, y no en la fortaleza del estado de derecho en México para garantizarlo.
• La falta de rendición de cuentas del gasto presupuestal en las entidades federativas, por su desmesurado e injustificado endeudamiento: gobiernos de Coahuila, Quintana Roo y Nayarit.
• El involucramiento directo o indirecto de autoridades estatales con el crimen organizado: relación del exgobernador de Michoacán y de su hijo con “la Tuta”, líder de “Los Caballeros Templarios”.
• La fuerte corrupción y prebendas en la construcción de obra pública: el Partido de la Revolución Democrática - PRD, no ha llamado a Marcelo Ebrard para que rinda cuentas por todas las fallas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
• La falta de supervisión de las instancias dedicadas a salvaguardar el bienestar de la niñez: Distrito Federal y Michoacán.
• La situación de la población emigrante de México y Centroamérica que va al “otro lado”: la federación y los gobiernos de los estados del país por donde transita, no logran controlar los daños a que es sometida constantemente.
• Los “moches” que reciben los legisladores federales del Partido Acción Nacional, que son los recursos que supuestamente solicitan a los alcaldes para financiar sus campañas internas: reelección de Madero.
• La cesantía de líderes y funcionarios por sospecha de prácticas ilegales, sin ser sometidos a proceso: Cuauhtémoc Gutiérrez como dirigente del Partido Revolucionario Institucional - PRI, en el D. F., contrató edecanes para eventos del partido que en realidad trabajaron como prestadoras de servicios sexuales.
• Con la destitución de legisladores de su cargo por campañas de desprestigio no sustentadas, se disimula y descarta la investigación de su ingerencia en acciones ilícitas: Luis Alberto Villarreal es cesado por “destramparse” y no por los “moches”.
• Diputados y senadores del PAN y del PRD, se abstienen por falta de firmas, de interponer una acción de inconstitucionalidad contra las restricciones contenidas en la actual ley de telecomunicaciones, a los ya reconocidos derechos de privacidad, intimidad o vida privada y protección de datos personales: se presume que fue Villarreal, el ahora excoordinador de la bancada del PAN, quien frenó la acción.
Con este panorama debemos tomar en cuenta que aunque sea adecuado realizar reformas constitucionales, que actualicen las reglas y los procedimientos para el desarrollo de las acciones de los programas de gobierno provenientes de ellas, cada una debe contar con la supervisión necesaria para que los tan cantados beneficios futuros sean un hecho y no pura farsa. En este sentido, nos preguntábamos por qué la prisa del legislativo para pasar la reforma energética, dejando insatisfecha a la sociedad con la poca profundidad discusiva y analítica que impusieron el triunvirato PRI-PVEM-PANAL y el PAN; daban la impresión de estar ansiosos por empezar el negocio y llenarse los bolsillos, como siempre. El problema es que el martes pasado, cuando se cuestionó al presidente frente a las cámaras televisivas, si existían las condiciones para certificar que las empresas privadas extranjeras y nacionales, que participarán en el sector energético, no incurrirán en tales actos, su respuesta aludió a la importancia de hacer la reforma para no quedarnos sin hacer nada y mejorar la producción y los servicios, y no en la fortaleza del estado de derecho en México para garantizarlo.
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