* Lamentó que las comparecencias se hayan realizado en Comisiones y no ante el Pleno, pues la Legislatura es la representación máxima de la sociedad y los gobernantes están obligados a dirigirse a ella con dignidad
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| El informe está plagado de cifras alentadoras que parecen referirse a otra entidad, consideró el diputado Octavio Martínez. Foto: CSPRD |
Tras destacar que arribaron al cargo con amplias expectativas pero no han arrojado resultados en el combate a la delincuencia, por ello pidió se reconsidere la estrategia de seguridad.
El informe, consideró, está plagado de cifras alentadoras que parecen referirse a otra entidad, por lo que el procurador y el secretario de Seguridad Ciudadana hacen mal al compararse con países como Costa Rica, donde priva la seguridad y no hace falta que los funcionarios se hagan acompañar por un séquito de guaruras, ni que el Ejército patrulle las calles debido a que cuenta con el menor índice de inseguridad de todo el continente Americano.
“El procurador asegura que sólo se han registrado 37 feminicidios en lo que va del año, pero sólo en Ecatepec tengo conocimiento de 62, y no refiere nada de las más de mil mujeres desaparecidas que la Procuraduría mexiquense (PGJEM) investiga desde 2005 a la fecha; habla de 40 medidas de protección a víctimas, pero cuáles son si los familiares de las víctimas no conocen una sola”, manifestó el diputado perredista.
Martínez Vargas recordó que entregó en propias manos del procurador información e imágenes de elementos de la Policía municipal de Ecatepec y la Policía Federal que participan en actos ilícitos, sin que a la fecha haya resultados de las investigaciones, tal vez por su equivocada estrategia en Seguridad.
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| El procurador Alejandro Gómez Sánchez, el diputado Octavio Martínez Vargas (segundo y tercer) y el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, a la derecha. Foto: CSPRD |
“Incluso después se han presentado 55 actos ilícitos más bajo el mismo modus operandi en la demarcación: elementos encapuchados derriban puertas, presumen que es un operativo de seguridad, golpean a los familiares, saquean el patrimonio de la familia y se retiran; y la Procuraduría no ha detenido a nadie. ¿Acaso falta que entren al domicilio de algún funcionario para que se investigue?”, cuestionó.
Desde su punto de vista, convocar a las fuerzas federales: Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería, no ha resuelto la inseguridad y los patrullajes no arrojan resultados.
Durante la comparecencia, expuso, el procurador omitió hablar sobre los acontecimientos de Tlatlaya y el robo al Coppel de Tenango, donde se presume participaron elementos del Ejército.
“La intromisión de militares y elementos de seguridad en actos delictivos, consideró el legislador, debe llamar la atención del abogado de la entidad, para que investigue y defienda a la población; es necesario que sin temor y con firmeza detengan a los malos elementos que están robando casas-habitación en Ecatepec”.
El perredista consideró que los funcionarios omitieron en sus exposiciones durante la Glosa referir el caso Tlatlaya, “a la mejor porque colinda con Guerrero y hace dos siglos perteneció a otra entidad”.
Cuestionó cuál es el contenido del instrumento legal que sustenta la actuación de las fuerzas federales: Ejército, Marina, Policía Federal y Gendarmería en la entidad, sobre todo para el caso Tlatlaya, especificando convenio signado, jurisdicción, alcance y competencia operativa o, en su defecto, referir si el Ejército actúa en cumplimiento a las funciones que distintos instrumentos legales les facultan, como su Ley Orgánica.
También señaló que desde el inicio de operaciones del Mando Único el 4 de marzo de 2013 al día de hoy no ha habido una estrategia adecuada porque no se ha aterrizado ni homologado lo más elemental entre los tres niveles de coordinación: las claves de comunicación, vestimentas, rangos, etcétera.
Finalmente, lamentó que las comparecencias de la Glosa se hayan realizado en Comisiones y no ante el Pleno, pues la Legislatura es la representación máxima de la sociedad y los gobernantes están obligados a dirigirse a ella con dignidad.
Además, consideró que las comparecencias de los funcionarios deben conducirse bajo protesta de decir verdad, como a nivel federal, para garantizar que no se conduzcan con parcialidad, pues quien se conduce contra la verdad configura un acto ilícito.
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