* Dos familias de las jóvenes fallecidas en el predio de la 30-30 presuntamente favorecieron a los cuatro investigados por la PGJEM al aceptar la reparación del daño moral y material
Por Roberto Acevedo
El representante de la fiscalía dijo que el acercamiento que se tuvo con los deudos se empleó como un acuerdo reparación del daño. En la gráfica, parte del área del baile. Foto: Archivo |
Ecatepec, Méx., lunes 1 de septiembre._ Familiares de dos de las mujeres que perdieron la vida en el baile del 6 de julio en la 30-30 otorgaron el perdón a los presuntos responsables de estos hechos, mientras la madre de la otra víctima Rosalía Enríquez Jiménez pidió tiempo para asesorarse sobre los derechos que le otorga la ley, por la pérdida de su hija, Eunice Rosalía Monterrubio Enríquez.
La segunda audiencia se prolongó por más de 5 horas y los familiares que concedieron el perdón son Tonatiuh Fernando Flores Ballesteros, concubino de otra de las fallecidas, Mariana Socorro Castellanos Rodríguez y Teresa Avelar Mejía, madre de Jacqueline Alejandra Sánchez Avelar, aunque cuando el juez le dio la palabra, ella dijo: “Ya para que seguir, no estoy de acuerdo, pero ya firmé, ya ni modo. Mi hijo es mi prioridad ahora, porque está en el hospital, a mi hija ya no la voy a volver a recuperar, tengo que ver por mi nieto”.
El juez de primera instancia en los juzgados del reclusorio “Sergio García Ramírez” de Chiconautla, que lleva el caso, José Ramón Medina Miranda, le insistió a Teresa Avelar Mejía, sobre su derecho a inconformarse y a no estar de acuerdo con la propuesta del ministerio público, pero ella volvió a responder: “me hubiera gustado que me ayudaran con la manutención de mi nieto, hasta que él estuviera en la mayoría de edad, pero creo que eso no va a ser posible”.
El magistrado Medina Miranda determinó dar un plazo de 10 días hábiles para que las partes ofendidas, en este caso la madre de Eunice Rosalía, Rosalía Enríquez se asesore y decida si aceptará lo que la fiscalía le ofrece para dar por terminado el caso, mismo que reiteró el juez “no se ha judicializado”.
El representante de la fiscalía, apuntó que el acercamiento que se tuvo con los deudos, de las tres mujeres que perdieron la vida en el baile masivo del predio de la “30-30”, se empleó como un mecanismo alternativo, como un acuerdo reparación del daño.
Por su parte, los abogados defensores de dos de los imputados, Horacio Rivero Rivero, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San Cristóbal y el de Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, policía municipal, estuvieron de acuerdo con el receso de la audiencia y solicitaron copia simple del acta y del video de la misma.
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