* El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense demanda la salida del Ejército de las calles por falta de resultados: no han detenido a ningún narcotraficante ni desmantelado ninguna banda delictiva desde su incursión, sostiene
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| Sitio en el que hubo a fines de junio un presunto enfrentamiento entre el Ejército y delincuentes muriendo 22 de estos, en Tlatlaya, estado de México. Foto: Tomada de Reforma (o1.o7.14) |
Ecatepec, Méx., lunes 22 de septiembre._ En virtud de que no han detenido a ningún narcotraficante ni han desmantelado ninguna banda criminal desde su incursión en el estado de México, sino por el contrario, han participado en hechos reprobables como el fusilamiento en Tlatlaya el pasado 30 de junio, el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura del Estado de México, demandó la salida del Ejército de las calles en la entidad.
El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtió que ya es insostenible la versión oficial sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, cuando se aseguró que la muerte de 22 presuntos delincuentes se desprendió de un enfrentamiento entre el Ejército y los criminales.
La aparición de una sobreviviente, su denuncia pública, el calificativo de la organización internacional Human RightsWatch (HRW) de este hecho como “la peor masacre de civiles del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto”, la falta de detalles sobre balística y tipo de arma en los certificados de defunción, e incluso la recomendación de Estados Unidos, expuso, exigen una investigación inmediata, sanciones y resultados.
Si se desea recuperar la credibilidad y legitimidad del Ejército en los operativos contra el crimen organizado y en defensa de la seguridad pública, manifestó, los participantes en el fusilamiento en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, deben ser juzgados, de entrada, por el delito de homicidio.
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| El diputado Octavio Martínez Vargas exigió investigar y sancionar los intereses ocultos que motivaron el fusilamiento de 22 personas. Foto: CSOMV |
El juicio, indicó, debe ser encabezado por autoridades civiles, en virtud de que la Corte Militar suele ser condescendiente; y alcanzar a los mandos medios y superiores que operan la región, que si no estaban enterados del operativo al menos son responsables de la actuación de sus subordinados mientras se encuentran en activo.
Con su actuación, los elementos también habrían violado sus propias reglas de combate que sólo les permiten abrir fuego contra civiles armados si éstos disparan primero o si la vida del personal castrense o de los civiles está en riesgo, pero en este caso se devela que los militares comenzaron el tiroteo y ejecutaron a los presuntos delincuentes aún después de que éstos se rindieron.
Martínez Vargas exigió investigar y sancionar los intereses ocultos que motivaron el fusilamiento, pues no se puede descartar la pretensión de beneficiar a un bando contrario del crimen organizado, porque los testimonios respaldan que los militares llevaban la consigna de abatir a los jóvenes y hasta se dieron el lujo de usar guantes para evitar evidencias.
Finalmente, aclaró que las autoridades están obligadas a garantizar la seguridad de “Julia”, la superviviente.
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