* Federalismo simulado llega a su fin, anuncian centralismo
* Política del garrote para poner orden; refritos del PAN
* Todos los contratos de Hinojosa deben ser revisados por SFP
Noviembre 30, 2014
Por si algo faltara, a la inseguridad y violencia en que vivimos se suma el fin del federalismo, simulado desde antes con un centralismo federado, para pasar a una dictadura y a la política del garrote en lugar de restablecer el tejido social y los hechos del mes pasado no solo hablan del Estado fallido y la falta del Estado de Derecho, sino del regreso de la guerra sucia para acallar a los opositores a uno de los peores sexenio de México.
PRD y PAN coinciden en que esto es lo que anunció el de Atlacomulco en su decálogo de deseos viejos de anteriores gobiernos, en lugar de reconocer sus errores y sobre todo que para lograr la seguridad y la justicia no hacen falta leyes, sino ejecutivos que las cumplan y jueces que las hagan cumplir terminando con el pacto de impunidad en que vivimos, dijo la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez.
Para el senador mexiquense Alejandro Encinas, “Enrique Peña Nieto está sepultando el federalismo, está anunciando la creación de una dictadura”, su anuncio es tardío, “lo cual es evidencia de la incapacidad del Presidente para dar solución a un problema generalizado en el país, que tuvo su clímax con la desaparición de los normalistas hace dos meses”.
Para el legislador, las iniciativas de reforma que Peña Nieto al Congreso de la Unión son “la consumación de una serie de políticas que ponen fin al Pacto Federal”. Señaló que el gobierno federal está recurriendo a medidas desesperadas y, en esa reacción, está acabando con el Estado democrático, el municipalismo y garantías individuales, a fin de legitimarse y mantenerse en el poder.
Calificó de “dictatoriales” la serie de propuestas emitidas por el ejecutivo. Dijo que esto representa un enorme retroceso al trabajo realizado por el Poder Legislativo en materia de fortalecimiento del federalismo, derechos humanos y protección de datos de personales.
“Habría que recordarle al Presidente que tipo de forma de gobierno es aquella donde un sujeto o grupo de personas tiende a concentrar el poder y ejercer este poder por medio de sus fuerzas policiacas, como el pretende hacerlo con el Mando Único”.
Mando único que por cierto ni en su entidad natal ha funcionado y menos las Bases de Operación Mixtas, que son muchas, y ni militares y marinos han podido con la delincuencia. Y ahora quiere hacerlo en todo el país. Estamos perdidos.
POLÍTICA DEL GARROTE
Para Ernesto Ruffo Appel parte de lo anunciado es lo que el PAN en su momento puso en marcha y se encontró con el rechazo del actual partido en el gobierno, mismo que sin recato alguno se apropia de ellas y las anuncia como parte de su estrategia a seguir para conseguir la seguridad y la justicia en el país.
Además del ex gobernador bajacaliforniano y senador, su colega en la Cámara Alta, José María Martínez, calificó el decálogo presidencial “política del garrote” para intentar combatir a la delincuencia organizada y entre las reformas que anuncia no considera ninguna medida encaminada a recuperar el tejido social.
Para el presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, la Presidencia de la República al incluir a Jalisco, reconoce que es de los donde urge renovar la policía, “es el reconocimiento expreso de que en aquella entidad no se vive en paz, como se ha querido hacer ver a los jaliscienses”.
Mencionó que la iniciativa presidencial en materia de seguridad pública contempla muchas de las propuestas que el Partido Acción Nacional ha presentado para combatir la delincuencia, pero en muchas de ellas el partido del Presidente, el Revolucionario Institucional, las ha rechazado.
“No comparto las medidas que ha expuesto el presidente de la República, fundamentalmente porque son medidas solamente represoras, sobre todo ante los últimos acontecimientos que estamos viviendo en el país”, subrayó.
Muchos actores de todos los sectores creen que faltó autocritica para recomponer en verdad la grave crisis social, económica y política que vive México, porque los desaparecidos suman ya más de 22 mil, los secuestros, extorsiones y ejecuciones son cosas de todos los días y la impunidad con la Casa Blanca quedó demostrada. Vamos al despeñadero y no lo ven.
QUE HAGAN SU TRABAJO
Por ello, ante el posible riesgo de incurrir en un conflicto de interés, derivado de la relación personal entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández demandó de la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la legalidad de las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno Federal con la empresa Grupo Higa y las compañías en las que el empresario es socio o accionista.
Rojas Hernández consideró que la SFP tiene la oportunidad y la obligación de probar que, aún y cuando es una dependencia de la Administración Pública Federal, las instituciones en México si funcionan al dar cauce efectivo a una investigación y, en su caso, sancionar cuando así proceda.
La mexiquense y también integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, exhortó a la SFP a rendir un informe detallado de las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del 2010 a la fecha con Grupo Higa; Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos, S. A. de C. V., y Consorcio IGSA Medical del Perú.
Lo anterior, luego de la serie de acontecimientos que suponen infracciones a las leyes administrativas que rigen al servicio público y la sospecha de posibles actos de corrupción, como la cancelación del tren México-Querétaro que había ganado Grupo Higa y la “Casa blanca” de Sierra Gorda, valuada en siete millones de dólares, la cual fue construida por Inmobiliaria del Centro y adquirida por la Primera dama en condiciones distintas de mercado.
Así como diversas contrataciones millonarias que realizó el ahora Presidente de la República cuando era gobernador del Estado de México, entre ellas la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San Mateo Atenco concesionadas a Constructora Teya por 250 millones de pesos o el hospital de alta especialidad de Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones de pesos.
¿CINISMO O CONFIANZA?
Pese a esto, el yucateco del centro, que coordina la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, ratifica su confianza en el rumbo de México, para que a pesar de las dificultades y resistencias, “logremos alcanzar una vida en paz y con mayor justicia social”.
Cree que los diez puntos anunciados por el Presidente Peña Nieto, que respalda su Grupo Parlamentario, son el inicio de una cirugía mayor que requiere el país para la consecución de este objetivo, ya que con verdadera sensibilidad reconoce y propone acciones concretas para reconstruir el tejido social, principalmente en donde la pobreza y la desigualdad nos lastiman más. ¿Dónde?
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