Logra El Barzón el primer paso rumbo a la desarticulación del cártel agroalimentario

* Acuerda la Cofeco evaluar la competencia y las prácticas monopólicas en el mercado agroalimentario

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón Nacional.
Foto: Archivo

Redacción | martes 18 de noviembre de 2014

México, D. F.- Luego de muchos meses de que El Barzón ha denunciado los altos niveles de concentración, colusión y prácticas anticompetitivas en el mercado agroalimentario de nuestro país, el pasado 24 de octubre el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica ordenó, mediante el Acuerdo CFCE-241-2014, la realización de un estudio sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, debido a la relevancia de éste en la economía nacional y el impacto en el gasto de los consumidores mexicanos.

Este importante paso que se da en la lucha en contra de un puñado de empresas, que, organizadas como oligopolios y oligopsonios, han capturado por completo toda la cadena de valor sacrificando el ingreso de los productores y sometiendo con los altos precios a los consumidores, además de alterar alevosamente las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México, consideran el presidente nacional de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar  y Uriel Vargas Guzmán, coordinador de Comunicación. 

La trascendencia de este acuerdo, es que por más de 20 años el Estado había cerrado los ojos ante los abusos en los mercados que rodean la producción y comercialización de alimentos básicos, dejando a merced de poderosos intereses económicos a los productores y los consumidores mexicanos. Ello ha sido quizás el principal detonante de las carencias alimentarias medidas por el Coneval que representan uno de los principales flagelos de la sociedad mexicana. El abuso al productor y al consumidor se ha establecido a partir de la existencia de enormes e insultantes márgenes de intermediación y dichas prácticas monopólicas han disparado en más de tres millones el número de pobres tal y como lo ha reconocido nuestro banco central.

En el mercado agroalimentario participan más de cinco millones de unidades de producción y poco más de 119 millones de consumidores. El mercado agroalimentario tiene un valor de más de un billón de pesos anuales. En 2013, el sector agroalimentario en su conjunto representó el 7.2%  del PIB, empujando el crecimiento de la economía, durante diez años, en 1.4% el sector primario y 2.1% la industria alimentaria. 

Más allá de ello, el gasto que las familias mexicanas destinan a la  compra de alimentos hace impostergable la necesidad de ordenar el sector; la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 del INEGI, demostró que las familias mexicanas destinan en promedio el 34% de sus ingresos a la compra de alimentos, sin embargo, la situación es más dramática cuando se analizan los hogares rurales, que destinan el 42%, y aún peor las más vulnerables, en donde el gasto es del 52% de sus ingresos. El encarecimiento de los productos de la canasta básica tiene mayor repercusión en las zonas y regiones más pobres donde los sobreprecios están 30% por encima de otras zonas.

La dominancia y los altos niveles de concentración y las prácticas monopólicas que sistemáticamente desarrollan las empresas destruyen los esfuerzos y anulan los recursos de los programas contra el hambre como Prospera, antes  Oportunidades y de la misma Cruzada Nacional contra el Hambre. La conducta de dichas empresas tiene como base la extracción recurrente de las rentas de los productores y consumidores.

El mercado agroalimentario es estratégico para el desarrollo de la economía mexicana, en números representa, un valor muy por encima de sectores a los que se ha decidido regular como el de la publicidad en TV,  telefonía fija y móvil, que apenas alcanza los 380 mil millones de pesos.

Desde hace tiempo hemos señalado la absurda concentración que inicia con los insumos para la producción, en donde empresas como Pioneer y subsidiarias de Monsanto y Syngenta, tienen  el control del 90% de la semilla mejorada del país. En la siguiente etapa de producción, los fertilizantes y agroquímicos son inaccesibles para los productores pequeños y medianos, ya que su importación la concentra fundamentalmente Dupont, Bayer y Cheminova, entre otras.

Consideración aparte necesita la etapa de almacenamiento, donde apenas algunos almacenes de depósito tienen la capacidad de emitir certificados de depósito, y la liquidez, impulsada desde línea de crédito gubernamentales para acopiar y especular con los productos básicos, ahí están empresas como Almer y Armex.

Finaliza la cadena de coyotaje y especulación las grandes firmas como Maseca y Minsa en maíz, Bachoco y San Juan en sorgo, Verde Valle y El Alzan en frijol, en muchos de los casos en contubernio con las cadenas de supermercado como Walt-Mart y Soriana. Lo mismo sucede con la concentración de leche a través de Lala y Alpura.

Es evidente que en este sector, el dejar hacer y dejar pasar del Estado, cuyo discurso ha sido el de permitir que el libre mercado regule la oferta y la demanda, permitió que se impusiera nada más y nada menos que la ley de la selva, en donde las empresas se sirven de los productores pequeños y medianos y se enriquecen a costa del abuso a los consumidores.

Este es apenas un pequeño paso en la larga lucha que seguiremos impulsando por desarticular el cártel agroalimentario.  Las conclusiones de dicha evaluación se darán a conocer a más tardar en Agosto de 2015 según el acuerdo de la Cofece. Por ello es muy importante que las organizaciones de productores y consumidores, los medios de comunicación y las instituciones académicas nos encontremos vigilantes y hagamos llegar todas las denuncias y aportaciones para que las resoluciones de la Comisión realmente garanticen la protección y el bienestar de  millones de mexicanos.