“(…) El gobierno atraviesa su mayor crisis en términos de confianza y credibilidad ciudadana; no hay crecimiento económico y el eje principal de la articulación del poder, el Presidente de la República, está vulnerado, debilitado política, social y moralmente. (…).”
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| Senador, Javier Corral Jurado |
Domingo 23 de noviembre de 2014
El régimen político está seriamente tocado en su legitimidad. La debilidad institucional está a la vista del mundo, ese mundo al que temporalmente se logró embaucar con el cuento de que aquí surgía una clase política renovada y reformas estructurales de fondo que, al final, terminaron en cambios cosméticos, de fachada en la legislación secundaria.
Todas las variables se juntaron: El gobierno atraviesa su mayor crisis en términos de confianza y credibilidad ciudadana; no hay crecimiento económico y el eje principal de la articulación del poder, el Presidente de la República, está vulnerado, debilitado política, social y moralmente. La exigencia de que se vaya se extiende en el país, a sólo dos años de su gobierno. Muy pocos creen en la declaración de bienes que ha brindado Peña Nieto como respuesta al escándalo nacional e internacional de la Casa Blanca. Mucho menos ha convencido la explicación de su esposa, expuesta al escarnio público como no habíamos visto en los últimos años. La percepción social es que el Presidente está metido en la corrupción que corroe a todo el sistema político mexicano.
Aquella imagen del político eficaz, moderno, exitoso que construyó Televisa mediante una jugosa hipoteca mercantil -que por cierto se pagó con recursos públicos-, está resquebrajada, porque a pesar del creciente control en el conjunto de los medios de comunicación está exhibido en incapacidades, torpezas y ocultamientos inauditos; cuestionada seriamente su integridad personal. Por lo menos del conflicto de intereses no se escapa, en relación con el empresario al que le otorgó contratos multimillonarios siendo gobernador, al que ya le había adjudicado el contrato de infraestructura más importante del sexenio, el tren de alta velocidad México-Querétaro, y que resultó también el vendedor y constructor de la mansión de su esposa. También en relación con Televisa.
Porque si algo hay que recordar por estos días, es de donde viene Peña Nieto y desde cuando brota esa fragilidad que hoy lo pone en jaque ante la Nación y el Mundo. Viene desde que Televisa lo inventó y lo rodeó de sus intereses. Cuando tomó a su cargo producirle toda la propaganda gubernamental, sus informes, y brindarle una cobertura informativa profusa como Gobernador del Estado de México. Marco en el que por cierto el Presidente conoció a la actriz Angélica Rivera, y a la que la empresa de Emilio Azcárraga, le regaló una casa, cuya escritura se protocolizó el 14 de diciembre de 2010, una semana después de que contrajera matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México.
Esta semana registró diversos hechos que presentaron los signos de ese debilitamiento institucional y la incapacidad gubernamental. En varios ámbitos, pero el presidente fue el personaje central. Regresó de China con tufo autoritario, amenazador. Interpretó las protestas sociales como intentos desestabilizadores, y a la justicia que le reclaman por los desaparecidos de Ayotzinapa, antepuso el orden. A la concordia de la Nación, opuso la seguridad del Estado. Como lo hizo Gustavo Díaz Ordaz en agosto de 1968, en preludio de la matanza que cimbraría al país y cambió la historia de México. Vale la pena cotejar los mensajes de entonces y ahora para identificar el mismo lenguaje, la mano dura como confirmación de la falta de talento y tolerancia.
"Pareciera que -las protestas- respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de Nación que hemos venido impulsando. No nos vamos a detener", dijo en el más desafortunado de sus discursos en Cuautitlán.
"Pareciera que algunas voces, unidas a esta violencia y a esta protesta, algunas de ellas fueran aquellas que no comparten este proyecto de Nación; que quisieran que el país no creciera; que quisieran que el país frenara su desarrollo".
Luego trasladó esta misma interpretación, "afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de Nación", a los medios que dieron a conocer la existencia de la Casa Blanca y recriminó: "justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Una propiedad en la que han señalado un sinnúmero de versiones y de falsedades, que no tienen sustento alguno". Luego delegó en ella la explicación, por demás inverosímil.
Mas allá de la historia de éxito y rating que tuvieron las novelas que realizó con Televisa y le acarrearon una fortuna incomparable con las mejores estrellas de Holywood. El tema esencial quedó irresuelto: la relación con el empresario al que su marido benefició durante su mandato y al que ella menciona como algo tangencial, casi fruto de la casualidad: "Efectivamente conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa".
La crisis está agravada por la omisión que el Presidente de la República tuvo en su declaración de bienes, al no reportar la casa de Sierra Gorda 150, de las Lomas de Chapultepec. Es una obligación legal de la que no está exento.
Dos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos lo llaman:
El ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
El ARTICULO 43.- Las dependencias, entidades e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.
La crisis de legitimidad y desconfianza sólo podrá ser superada con una honda visión de Estado, que por un lado explique, transparente, deslinde perfectamente la situación de la Casa Blanca, y por otro lado haga una correcta lectura de lo que está pasando en las calles de México. Se puede incluso convertirla en oportunidad de cambio verdadero. Rediseño constitucional del régimen político; sistema de rendición de cuentas, auténtico sistema anticorrupción. Veremos si en los próximos días hay Gobierno y Oposición que aporten al país, cada quien en su deber, la altura necesaria. Lo otro es regresarnos mucho tiempo atrás.
P.D.- En el Senado de la República el grupo parlamentario del PRI y sus aliados del PVEM, le cierran la puerta al debate sobre la denuncia penal en contra del Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Ninguno se apunta para discutir la propuesta con punto de acuerdo que 43 senadores de la República planteamos para darle seguimiento puntual a las delicadas acusaciones de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades que derivan de su participación como socio mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua. Aunque hubo mayoría de senadores que votaron a favor de darle entrada a la discusión de obvia y urgente resolución, no se consiguió la mayoría calificada que requiere ese trámite legislativo. 40 votos a favor, 36 en contra.
El partido en el gobierno refuerza con su actitud la cadena de torpezas y confirma lo fuerte que es la cultura de la complicidad. Desatiende el complejo momento que vive México y es incapaz de apoyar un exhorto para que el ministerio público federal cumpla cabalmente con su deber constitucional y legal.
P.D.2. Nos vemos este próximo viernes 28 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el auditorio municipal de la Ciudad de Chihuahua. Será la Primera Asamblea Estatal informativa sobre la denuncia penal en contra de César Duarte y la Constitución del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana. Vale recordar, a propósito del ambiente de intimidación nacional, que la libertad nos llega, cuando se nos quita el miedo.
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