Javier Corral Jurado
“(…) ni una sola medida para atajar la corrupción que lo enloda; ni una idea en el discurso que lo recupere de la vulneración política y moral en la que se encuentra. (…) The Economist criticó que el Presidente no reconociera ninguna responsabilidad por la crisis que se vive y señaló:‘podría haber perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de la opinión pública’."
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Senador, Javier Corral Jurado |
Martes 2 de diciembre de 2014
Frente el desolador panorama al que nos enfrentamos por la crisis de corrupción, injusticia e impunidad que azota nuestro país y ante la debilidad institucional que ya es de escándalo a nivel mundial, el mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, del pasado 27 de noviembre, fue más que decepcionante. Preocupó a muchos el nivel de incapacidad de su gobierno para comprender el momento actual; la incompetencia que se refleja al querer reducir la crisis al ámbito municipal y ubicarla en el sur. El reciclamiento de propuestas, el anuncio de medidas que ya se contemplan en la ley o en acuerdos administrativos como si fueran novedad; el Presidente paga las consecuencias de encerrarse en el trío ensoberbecido de Osorio, Videgaray y Nuño, el universo de sus oídos.
Peña Nieto anuncia otro paquete de reformas legislativas, paradójicamente varias de ellas las saca de la congeladora que su partido robusteció en la última década; expresa propósitos, sin método, ni plazos, meras promesas que están lejos de resolver una de las mayores crisis que hayamos enfrentado, en la que convergen todas las variables: irritación social, falta de crecimiento económico, altos niveles de pasmo e incompetencia gubernamental, represión.
Ni el ardid mediático ha podido proteger al Presidente; el telepromter está agotado como método de apantallamiento. Está descobijado ante la realidad que le ha golpeado a la cara, cualquiera habría pensado que, ante la expectativa que habían creado anticipando anuncios trascendentales, daría un golpe de timón, o por lo menos un manotazo al Pacto de Impunidad. Que sabría tomar la oportunidad para atajar los delicados señalamientos de corrupción y tráfico de influencias que hay en su contra por la Casa Blanca, o que al menos presentaría una propuesta puntual, sensible, que atacara frontalmente la corrupción y la impunidad que impera en México. No fue así, ni una sola medida para atajar la corrupción que lo enloda; ni una idea en el discurso que lo recupere de la vulneración política y moral en la que se encuentra. El mismo diario TheEconomist en su editorial de ese día criticó que el Presidente no reconociera ninguna responsabilidad por la crisis que se vive y señaló "podría haber perdido la oportunidad de cambiar el rumbo de la opinión pública".
Largo el discurso, corto el contenido. ¿Se necesitaba esa ceremonia?, ¿Esa zalamería de gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios que le aplaudieron eufóricos? Una ley ¿sólo para la infiltración del narcotráfico en los municipios?, ¿Y por qué no en los gobiernos estatales, en el federal? Mando único en las policías estatales. ¿Y cuando la base legal de la gendarmería? ¿Siempre la Guardia Nacional? Todo lo demás es la misma gata, nomás que revolcada: el establecimiento de la clave única de identidad; intervención de fuerzas federales en diversos puntos de la república; más foros de consulta; expedición de leyes en materia de tortura y desaparición forzada; creación del sistema nacional de personas no localizadas, así como un sistema de información genética; integración del Consejo Consultivo para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Si bien se anunció la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, en 2012 con la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas también se instauró un registro de personas no localizadas, bajo la tutela del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
José Miguel Vivanco, representante de Human RightsWatch, criticó que el Presidente no hiciera otra cosa que "reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio" y agregó que es difícil otorgarle credibilidad a sus anuncios en materia de derechos humanos, "debido a que buena parte de ellos tratan sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso."
Es más, el tan polémico 911 que fue motivo de burlas en las redes sociales es ya una obligación legal, pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su artículo 190 fracción IX la implementación de un número único armonizado a nivel nacional y, en su caso, mundial para servicios de emergencia. Eso es lo que más preocupa, que en algunos temas el Presidente no sabe ni de lo que habla.
Ante una crisis como la que vivimos no se recurre a lugares comunes, dejando de lado la autocrítica. Hizo suyo el grito #TodosSomosAyotzinapa, y derivó en varios interpretaciones. ¿Qué le dice al Presidente el grito #FueraPeña? ¿Cómo interpreta el clamor de una ciudadanía que hoy por hoy lo ha reprobado y lo ha colocado con los índices más bajos de aprobación (39%) desde 1995? Qué manera de dejar pasar el momento.
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