Se ampara coronel; teme ser detenido y torturado por el caso Tlatlaya

* La PGJEM reclasificó el caso de la masacre; está investigando a servidores públicos de distintas áreas que pertenecen a esa dependencia; ésta no es investigada sino el desempeño de sus empleados

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Foto: CNDH

Redacción | sábado 17 de enero de 2015

México, D. F.- El coronel Raúl Castro Aparicio, del 102 Batallón de Infantería, involucrado en la matanza de Tlatlaya, teme ser detenido y torturado.

El militar presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión, arresto o acto privativo de su libertad, así como contra su posible incomunicación y maltrato, de acuerdo con información publicada en el sitio de “Reforma”.

Aunque en un principio las autoridades militares y federales negaron que existiera un mandato de captura contra Castro y por ello le negaron la suspensión, la demanda sigue su curso ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal.

La nota refiere que la jueza Martha Estréver Escamilla tenía previsto celebrar el próximo 22 de enero una audiencia a partir de la cual emitiría un fallo definitivo en el amparo 1048/2014 y por ahora la audiencia fue cancelada y diferida hasta nuevo aviso.

Castro fue removido del mando del 102 Batallón de Infantería semanas después de la masacre de 22 civiles, pese a que el coronel llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento, según los testimonios de los hechos ocurridos el 30 de junio en que fueron asesinados 22 civiles por elementos del Ejército.

Autoridades ministeriales aún no definen si Castro tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen. (Fuente: Reforma).

La PGJEM investiga a sus empleados

Respecto de las averiguaciones que está haciendo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ahora está investigando a servidores públicos de sus distintas áreas, luego que la CNDH reclasificó el caso de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya. La dependencia en este caso no es investigada, lo es el desempeño de sus empleados.

El jueves pasado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, en entrevista con Carmen Aristegui, afirmó que de las personas muertas, privadas de la vida de manera arbitraria, consideraron que “los hechos y las circunstancias establecían que esos hechos se establecían como violaciones graves”.

Bodega donde asesinaron a 22 civiles el pasado 30 de junio, ubicada en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya. Foto: Archivo

Por ello procedieron a efectuar dicha “reclasificación en el cumplimiento de la recomendación, la recomendación ya está, no cambia en su contenido” y ya fue aceptada por los tres destinatarios como son la PGJEM, la Procuraduría General de Justicia, y la Secretaría de la Defensa Nacional, “considerando que si fueron violaciones graves a derechos humanos.

En particular, los agravios que cometieron elementos de la PGJEM: ministerios públicos, policías y peritos, fueron que los peritajes no señalaban lo que después corroboró la CNDH: alteración de la escena del crimen, muertes arbitrarias al estar ya sometidas las personas (y elementos militares que desviaron su conducta).

El Ombudsman mexicano precisó que la CNDH probó que personal de la Procuraduría mexiquense “habían incurrido en conductas de tortura con dos mujeres que incluso fueron procesadas y que por fortuna están libres porque no tenían nada que ver con las personas que se encontraban ahí en esa bodega.

“Y en ese sentido es que se pide investigación administrativa para distintos miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (…) y también el inicio de averiguaciones previas por los delitos que ahí se desprendan”. La entrevista completa se puede consultar en http://youtu.be/R9Rtz-nJntA.