* Con las reformas al Código Administrativo del estado de México la entidad mexiquense dejará de recibir 2 mil 400 millones de pesos al año: Octavio Martínez, diputado
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| En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Martínez refirió que dicha iniciativa propuesta por el ejecutivo estatal, sólo fue pensada en beneficio de las empresas extranjeras, principalmente por OHL. Foto: CSPRD |
Toluca, Méx.- Una ley que se presume redactó el corporativo de abogados de la empresa OHL, dijo el diputado Octavio Martínez, es lo que aprobó la mayoría priísta del Congreso estatal con las reformas al Código Administrativo del estado de México, para permitir que la empresa OHL continúe administrando la autopista Circuito Exterior Mexiquense
La propuesta fue enviada al Congreso por el gobernador Eruviel Ávila. Al mismo tiempo “al aprobar esta iniciativa el gobierno está renunciando a 2 mil 400 millones de pesos en recursos que podrían ser invertidos en salud, educación, desarrollo social, entre otros aspectos que favorecerían a los ciudadanos” de la entidad, sostuvo el legislador.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez refirió que dicha iniciativa propuesta por el ejecutivo estatal, sólo fue pensada en beneficio de las empresas extranjeras, principalmente por OHL.
“Esta iniciativa se hizo a favor de OHL, quién es OHL, es una empresa que se empezó a desarrollar y a construir en el estado de México, en administrar aeropuertos, en la rama hotelera, atropellando permanentemente derechos de particulares”.
“El Circuito Exterior Mexiquense tiene litigios por más de 1 mil 200 familias que representan a sus inmuebles, en municipios que cruzaron por ahí, donde fueron dañados sus patrimonios, y en algunos casos la pérdida total de sus inmuebles, y la empresa se comprometió a pagar y es la hora en que no ha dado un solo centavo y las familias siguen esperando ser indemnizadas por estos litigios”, puntualizó.
Además, dijo que el poder legislativo debe trabajar a favor de la ciudadanía y no de las empresas privadas, por lo que deben crearse leyes que lleven a ese camino, que los recursos puedan ser invertidos en salud, educación o desarrollo social.
“El Estado decide dar en concesión un servicio público. Lo hace porque reconoce que no tiene las capacidades para prestarlo, entre ellas la financiera principalmente. Lo hace pensando en crear infraestructura que no impacte sus ingresos fiscales, otorgando bondadosas condiciones de inversión para que sean atractivas para los inversionistas”.
El hecho de que el gobierno está renunciando anualmente a 2 mil 400 millones de pesos en utilidades, que es lo que dicha empresa recaudaría, porque el Estado no está en condiciones de administrar autopistas entonces ¿en qué está en condiciones?, soltó.
Expresó que debe ser el Estado el que administre las autopistas y que es evidente que esta empresa tiene particulares intereses, por lo que parece “que somos muy generosos al darle trámite a una ley que se presume redactó el corporativo de abogados de OHL”.
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