* INE cuestionado debe contener intereses de grupo o particulares
* Proponen 6 años de cárcel a quien compre o venta su voto
* Pemex debe ser indemnizado en sus proyectos en marcha
Domingo 22 de febrero de 2015
Los cuestionamientos contra el árbitro electoral crecen a medida que la institución muestra su parcialidad a favor del partido en el poder y de sus aliados, lo que podría descarrilar el proceso electoral en marcha.
El Presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, dijo que el INE debe ser capaz de contener los intereses particulares o de grupo.
“Se trata de una misión de la mayor importancia, por lo cual el comportamiento del Instituto debe ser independiente, autónomo y capaz de garantizar los principios que establece la Constitución en materia electoral”, subrayó.
Barbosa dijo que el Instituto cuenta con los recursos necesarios para garantizar un proceso acorde a principios y normas democráticas.
“Necesitamos escuchar la voz del Presidente del INE. Queremos conocer su opinión sobre los temas del proceso, no sólo sobre las resoluciones del colectivo de los consejeros”, indicó.
Agregó que en el contexto actual que vive el país, los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía son fundamentales en este proceso electoral.
“Los partidos son esenciales en una democracia, ya que son un instrumento de la ciudadanía para ejercer el poder. No obstante, su papel como intermediarios se ve viciado si sus procedimientos internos carecen de mecanismos para que la ciudadanía participe y conozca el proceso de nominación de los candidatos”, dijo.
Abundó que los institutos políticos deben servir para construir proyectos de gobierno basados en principios democráticos y promoción a los derechos de las personas.
“Los funcionarios que emanen de estas organizaciones tendrían que apegarse a estos programas, y la ciudadanía tendría criterios para evaluar más fácilmente el desempeño de los funcionarios”, indicó.
Los partidos tienen que ser catalizadores de la participación ciudadana y no máquinas controladas por burocracias, añadió Barbosa Huerta.
Por ello, reiteró que no es permisible debilitar aún más a las instituciones mexicanas, ya que de continuar las prácticas partidistas actuales, los candidatos que participarán en las elecciones serán sólo el rostro de la grave crisis que atraviesan todos los partidos.
Los candidatos que lleguen a puestos de elección popular, sin importar su ideología ni su partido, contarán con poca legitimidad para llevar a cabo los cambios legales tan necesarios para restablecer la confianza de la ciudadanía, consideró.
PENALIZAR COMPRA DE VOTOS
Para evitar la compra del voto en las elecciones, el bicolor Carlos Fernando Angulo Parra, propuso reforma al artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, con el propósito de imponer de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien reciba paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, a cambio de emitir su voto en algún sentido determinado.
La sanción aplicará de igual manera a quien el día de la jornada electoral instale, habilite o proporcione espacios físicos para la entrega de paga, dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier índole, o lleve a cabo otra actividad de organización o preparación para dicha contraprestación.
El legislador señaló que con esta reforma se pretende reducir los acarreos o “corralón”, el cual consiste en conducir a un grupo de personas a resguardo de los políticos rivales y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar; esto ocurre principalmente en las zonas rurales, aseguró.
Agregó que existe otro método para coaccionar el voto conocido como “cadena”, la cual consiste en otorgar a una persona una boleta ya marcada a favor de un determinado candidato, ofreciendo una recompensa a cada participante si trae el voto en blanco, llevándose otra papeleta que ya viene marcada.
El integrante de la Comisión de Justicia afirmó que esta modificación normativa contribuiría a frenar la práctica de hacer del sufragio una mercancía, aprovechándose alguno de los factores que pueden predisponer a la persona a aceptar este tipo de conductas, como su bajo nivel educativo, pobreza o necesidades económicas.
Asimismo, abonaría a generar credibilidad en las instituciones, mejoraría las condiciones de la competencia electoral y se lograría dignificar la vida política, ya que la implantación de los mecanismos para frenar el condicionamiento del voto, se realizaría implícitamente con una intensa campaña e impulso de la participación ciudadana activa en materia electoral.
Reiteró que la reforma a la Ley General en materia de Delitos Electorales está enfocada a incrementar los mecanismos existentes en materia de justicia penal electoral, pretendiendo que se puede impactar de manera positiva el equilibrio democrático de la nación mexicana.
Además, considera que esta modificación, en caso de ser aprobada, contribuirá a inhibir de la comisión de delitos electorales, referentes al condicionamiento del voto.
BUSCAR QUEBRAR PEMEX
Petróleos Mexicanos (Pemex) debe ser indemnizado por las inversiones que ya hizo en zonas que podrían ser adjudicadas a empresas particulares, exigió el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.
El legislador recordó el conjunto de reglas para la llamada "Ronda Cero", establecidas en el artículo sexto transitorio de la reforma constitucional en materia energética.
Este artículo determinó que en caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones (....) a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Pemex, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá asignar una contraprestación al hacer una asignación, agregó.
“Es decir, la reforma dejó en manos de la Secretaría de Energía, la última palabra sobre la indemnización a Pemex de las inversiones hechas en las áreas que no haya conservado después del anuncio hecho en agosto, en relación a la “Ronda Cero”, señaló.
Alonso Raya resaltó que ni en la legislación secundaria, ni en los Reglamentos, se prevé ningún mecanismo, recurso o instancia; que pudiera utilizar o a la cual recurrir Pemex, en caso de inconformidad con la resolución de la Secretaría.
“No hay siquiera una mención a la metodología que debería utilizar Sener para calcular el justo valor económico de la indemnización que recibiría Pemex, por las inversiones ya realizadas en áreas que fueran finalmente otorgadas a particulares” apuntó.
Todo indica que se busca escamotear a Pemex la recuperación de sus inversiones para no hacer menos atractivos los contratos.
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