* Ante simulación federal, organizaciones contra la corrupción
* Medidas regresivas en Ley de Transparencia no pasarán
* En México primero están los negocios de los amigos: Alavez
Domingo 8 de febrero de 2015
Organizaciones académicas y de sociedad civil retomarán esta semana en San Lázaro la discusión de la iniciativa para construir un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción que sirva y funcione para combatir este flagelo y no siga siendo una simulación del gobierno federal.
El líder de la bancada del PRD, Miguel Alonso Raya, dijo que ante la falta de disposición del gobierno federal de combatir seriamente la corrupción, se reunirá con representantes de cerca de 75 instituciones de la academia, de la sociedad civil e instituciones públicas, para impulsar una propuesta común en el Congreso de la Unión.
Comentó el del Bajío que el proyecto ciudadano tuvo su origen en la Red por la Rendición de Cuentas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y ha sido presentado por sus promotores a partidos políticos y al gobierno federal en el marco de la discusión de este tema.
Plantea como premisas básicas la necesidad de ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción, que debe existir inteligencia institucional para luchar contra ella y construirse un entramado institucional de pesos y contrapesos para evitarla.
Asimismo, establece como pilares del sistema a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y al Tribunal Federal de Cuentas.
Se propone que la SFP sea un órgano interno de la administración pública que supervise y controle el combate a la corrupción, establezca un sistema profesional de carrera para auditores del gobierno federal, y coordine el sistema de control interno, incluyendo a gobiernos locales y organismos autónomos.
Su titular sería designado por el presidente de la República y avalado por el Senado de la República y tendría como objeto combatir las causas de la corrupción, más allá de lo punitivo.
Respecto a la ASF lo visualizan como un organismo externo de control contra la corrupción, con plena autonomía y al que se le debe permitir romper los principios de anualidad y posterioridad y que integre expedientes que faciliten la sanción de los corruptos.
Sobre la Fiscalía, señalan que requeriría autonomía plena de gestión, que se le faculte para investigar casos de corrupción que, además, sean tipificados como delito y, si lo considera necesario, llevarlos hasta el Poder Judicial.
En el caso del Tribunal, la propuesta de las organizaciones académicas y sociales plantea que recibirá los expedientes de corrupción documentados, provenientes de cualquier instancia del Estado mexicano, conocerá los casos que sean presentados por los órganos de control interno y externo, desahogará el proceso que eventualmente conduzca a la sanción por corrupción grave; podrá sancionar a los particulares asociados con los servidores públicos corruptos, investigará por oficio casos graves de corrupción y fomentará una cultura de prevención sobre la corrupción.
Esta propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción pretende recuperar la memoria y experiencia institucional exitosas en México, establecer interacción entre poderes del Estado y órganos autónomos para combatir la corrupción; actuar de manera integral para combatir la corrupción e incluir en esta causa a la Federación, a los gobiernos estatales y a los municipios.
MEDIDAS REGRESIVAS
Propuestas regresivas del gobierno federal opuestas al espíritu de la reforma constitucional de ampliar y garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, en la Ley de Transparencia, no pasarán en El Senado, aseguró la mexiquense Laura Rojas.
La integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, aseguró que la bancada del PAN rechaza varias de las propuestas del gobierno federal para modificar la iniciativa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque el compromiso es con la iniciativa original presentada en diciembre pasado, con el trabajo realizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) así como por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), quienes en un hecho inédito, participaron con sus aportaciones en la construcción de este instrumento legislativo.
Rojas Hernández explicó que los esfuerzos de los legisladores están enfocados para que esta iniciativa de ley se apruebe lo antes posible, ya que el plazo para su aprobación venció el pasado 7 de febrero.
La mexiquense enlistó los rubros más preocupantes de las propuestas del Ejecutivo Federal, y que no serán respaldados por Acción Nacional.
Uno de ellos se refiere a la no generación de información, ya que se autoriza a los sujetos obligados a no tener la responsabilidad de generar la información que les corresponde derivado de sus funciones y sólo se les pide explicar las razones por las que no la generaron. También se elimina como causa de sanción la declaratoria de inexistencia de información y la clasificación de información como reservada cuando éstas se hayan hecho de manera indebida.
Se propone la no prevalencia de la Ley General de Transparencia por sobre otras leyes, es decir, que lo relativo a las obligaciones en materia de transparencia no sólo se regule en la Ley General sino que prevalezcan las medidas establecidas en otras leyes lo que generaría conflictos permanentes entre leyes que tendrían que ser resueltos vía litigio obstaculizando el derecho de acceso a la información pública.
Se añaden dos causales de reserva de información de tipo categórico para los expedientes judiciales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, lo cual implicaría reservar la información a priori transgrediendo el principio de máxima publicidad.
Respecto a las instancias de seguridad, inteligencia y combate a la delincuencia, se les elimina la obligación de contar con un Comité de Transparencia, trasladando las facultades de éstas a su titular. Si bien es cierto que en estas instancias la información debe ser especialmente cuidada para que no circule entre personas indebidas, se debe distinguir entre éste tipo de información y la que sí debe ser competencia de un Comité como en cualquier otro sujeto obligado.
MONOPOLIO DEL AGUA
Además de propiciar el acaparamiento y profundizar la inequidad en el suministro de agua, la Iniciativa de Ley de Aguas del Ejecutivo está diseñada para beneficiar a empresas constructoras para una sobreexplotación sin proteger este recurso natural, señaló la diputada Aleida Alavez Ruiz, al participar en el foro ciudadano Problemática y Futuro del Abasto de Agua Potable en la Zona Oriente de la Ciudad de México, donde la vicepresidenta de la Cámara de Diputados dijo que “una vez más, Peña Nieto privilegia los negocios de sus amigos sobre el bien común”.
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