“A poco más de dos años, la actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del PRI. (…).”
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| Senador Javier Corral Jurado |
México vive la más aguda crisis económica, política y social de su historia reciente. El Presidente Enrique Peña Nieto, no puede y no debe seguir en el cargo; ha llegado el momento en que debe separarse como titular del Ejecutivo Federal, para darle viabilidad a la República y volver a conciliar a la Nación. Así lo pensamos y estamos impulsando un grupo de ciudadanos que procedemos de formaciones ideológicas distintas, que militamos o no en diversos partidos, pero que estamos unidos en una sola convicción: México no puede continuar en esta ruta de deterioro institucional, corrupción política y regresión autoritaria.
Por ello, estamos proponiendo un ejercicio ciudadano de revocación del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto. Ante la negativa y la inoperancia de los cauces institucionales previstos en la Constitución para que los ciudadanos podamos participar en la toma de decisiones a través de las consultas populares, hemos decidido organizar nuestra propia consulta ciudadana, planteada como un referéndum revocatorio al mandato de Enrique Peña Nieto; para conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del gobierno federal.
A poco más de dos años, la actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del PRI. La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno.
La corrupción política navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país. Los escándalos de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa, las del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y el Consejero Jurídico del Presidente y las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, dan cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno.
Paradójicamente, el Pacto de impunidad se ha reforzado con toda fuerza, a partir de la propia debilidad del Presidente de la República, no sólo va a pique su imagen, sino que ha fracturado de manera absoluta su investidura por la corrupción que lo enloda.
Las políticas públicas del gobierno del Presidente Peña Nieto y las llamadas reformas estructurales sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria. Quedó un reformismo contrario al interés general de la Nación y al bienestar del pueblo mexicano. De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva reforma fiscal que aumentó impuestos y ni así el gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos. Es un fracaso que se expresa en una devaluación que lleva al dólar a $16 pesos, aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al deterioro brutal de las condiciones de trabajo.
El sistema de complicidades está intacto. La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa es su rostro más dramático. Este crimen de Estado sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento. Las masivas manifestaciones populares exigiendo justicia obtuvieron como respuesta la represión y la descalificación. En tanto que el gobierno daba una versión insostenible de lo sucedido con los normalistas esa noche. No fue un hecho aislado, lo precedieron los fusilamientos de Tlatlaya, como parte de un clima de represión que se vive en el país y que es inaceptable. Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos. A la represión se suma el clima de inseguridad y violencia que vive el país dando como resultado una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional.
El vendaval de regresiones autoritarias nos ha volcado décadas atrás en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Crece impunemente el control del gobierno sobre el conjunto de los medios de comunicación a partir de un aumento exponencial del presupuesto en materia de publicidad, y con acciones de hostigamiento, presión y chantaje a periodistas y empresas de comunicación. El silenciamiento de varios comunicadores en los recientes meses, particularmente el golpe a Carmen Aristegui y el equipo de periodistas que producían el programa de radio más escuchado y crítico de todo el país, marca indiscutiblemente la profundidad de la regresión. No es casual o descuido que el gobierno del Presidente Peña Nieto haya abandonado una de sus promesas de campaña y primeras propuestas como Presidente electo: la de transparentar los recursos públicos destinados al gasto de comunicación y propaganda gubernamental.
Pero aun así, bajo esta conspiración del silencio en contra del derecho a la información, la irritación social es enorme y abarca a prácticamente todos los sectores de la sociedad mexicana. El repudio popular al gobierno del Presidente Peña Nieto asciende día con día y su popularidad está en caída libre desde hace por lo menos un semestre. La fractura moral, la debilidad política, el deterioro institucional y el nivel de incompetencia mostrado, son razones suficientes para exigir a Enrique Peña Nieto que es momento de separarse del cargo de Presidente de la República. De ahí que la realización de un referéndum revocatorio sea una necesidad imperiosa. Es una salida civilizada, inteligente, democrática que cierra toda posibilidad a una salida cruenta a la enorme crisis política, económica y social que vive la Nación; pues se ha estado escalando irresponsablemente una provocación a la sociedad.
Más aún, la revocación del mandato debe ser una herramienta de participación democrática que permita de manera civilizada deponer de su cargo a quien defraudó el voto de la ciudadanía. Incluso consideramos que sería deseable que este fuera un ejercicio determinado por la ley: que a la mitad del mandato, el pueblo votara por la permanencia o no en el cargo del presidente en turno de la República.
Fundamentados en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas; de petición; del derecho que en todo momento tiene el pueblo de cambiar su forma de gobierno; y en la supremacía del orden constitucional, convocamos a la ciudadanía que al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, haga explícito su reclamo y ejerza una sanción política contra el ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo.
Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República.
Al acudir a votar en los próximos comicios federales, le planteamos al votante que al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introduzca en ésta la REVOCACIÓN DEL MANDATO DE ENRIQUE PEÑA NIETO COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El votante llevará a la urna la siguiente hoja:
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