“Por supuesto que se trata de una gran farsa lo de la gran multa al verde, porque lo realmente grave es la aportación en especie que recibió de las televisoras desde el 15 de septiembre del año pasado hasta el 23 de enero del presente, y eso ni siquiera se quiso investigar. (…).”
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| Senador, Javier Corral Jurado |
Domingo 17 de mayo de 2015
El actual proceso electoral centra principalmente su litigiosidad en la conducta ilegal del Partido Verde que acumula al día de hoy multas por 510 millones de pesos. Esta semana el Consejo general del INE le impuso la mayor con 322 millones derivado de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización por la aportación de recursos de entes prohibidos para financiar a los partidos políticos. Los verdes sacaron el dinero de los recursos que el Congreso otorga a los grupos parlamentarios para apuntalar a su partido a través de spots de radio y televisión, disfrazados de informes legislativos. Contrataron 293 mil 321 impactos en 42 canales de televisión abierta, 6 de televisión restringida y una radiodifusora. Sin hacer caso de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a las características y temporalidad que deben cumplir los Informes de labores, los Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Rubén Acosta Montoya y Gabriela Medrano, así como de los Senadores Carlos Alberto Puentes Salas, María Elena Barrera Tapia, Pablo Escudero Morales y Ninfa Salinas, dieron rostro a una vil simulación.
La Sala Superior del TEPJF determinó que los Legisladores del Verde vulneraron el modelo de comunicación política previsto en la Constitución. Calificó como ilegales la propaganda difundida en radio, televisión, cine-minutos y propaganda fija, en la cual se difundió propaganda política para posicionar al partido y no informes de labores o de gestión de los legisladores. Con base en ello el INE abrió varios expedientes para sancionar las distintas violaciones legales. La de esta semana se refirió al tema fiscalización, origen de los recursos con los que se contrató los spots en medios y monto real de esas contrataciones.
La ley es clara al prohibir a partidos o candidatos recibir aportaciones en efectivo o en especie de cualquiera de los niveles del poder público; por declaración expresa de los mismos legisladores del Partido Verde quedó acreditado que los recursos salieron de las chequeras de sus grupos parlamentarios, por ello se impuso la multa de 322 millones de pesos. Sin embargo, siendo la tercera multa más alta en la historia del IFE-INE que se impone a un partido político, en realidad quedó muy chiquita porque la Comisión de Fiscalización del INE exoneró al Verde de la parte más importante de la denuncia y así lo ratificó una mayoría de seis consejeros, de los once que integran el Consejo General. Se le sancionó por financiamiento ilegal, pero dio por buenos los montos de los contratos involucrados, esto es, avaló el precio que los legisladores del Verde reportaron en su pauta como el valor real de cada impacto, ¡369 pesos! Precio promedio de acuerdo con lo reportado (sin costo de producción $1’500,000.00) de $108’265,199.94/ 293,321 = $369.210 pesos.
Cabe señalar que un impacto es la transmisión de un cierto mensaje detectado en una emisora de televisión en lo individual, mientras que un spot, es la manera en que las televisoras venden la transmisión de un cierto mensaje a través de sus canales ancla en sus repetidoras con determinada cobertura, en el caso del tarifario de Televisa se trata de su transmisión nacional.
Por supuesto que se trata de una gran farsa lo de la gran multa al verde, porque lo realmente grave es la aportación en especie que recibió de las televisoras desde el 15 de septiembre del año pasado hasta el 23 de enero del presente, y eso ni siquiera se quiso investigar. Si bien es cierto que los cálculos estimados por PRD y MORENA sobre el valor real de los spots en su queja ante la unidad de fiscalización resultan desproporcionados ($2,404,837,749.95 pesos y $3,531,859,747.00 pesos ), no hay duda que con base en un ejercicio de precio promedio entre la tarifa más alta y la más baja, incorporando descuentos por diferencias de cobertura de canales y horarios de transmisión, el monto real de esos contratos ronda la cantidad de 900 millones de pesos. Lo que en términos de sanción podría representar 2,700 millones de pesos.
Pero la Unidad Técnica de Fiscalización del INE actuó para proteger al Partido Verde y a las Televisoras subvaluando el costo de los impactos y declarándose incompetente para entrar al tema de la aportación en especie. El reglamento que rige a ésta unidad establece que para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, ese valor reportado debe ser inferior o superior en un tercio, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.
La Unidad Técnica analizó un 10 % de los anuncios de 20 segundos contratados en los canales de Televisa, 2,505 spots, y comparó el precio pagado por las fracciones del Verde a 47,609 pesos el spot con el precio neto de la Tarifa A de mercado a 64,449 pesos (la tarifa más baja de la televisora); en efecto, la diferencia entre el precio pagado por los grupos parlamentarios y el de la mencionada tarifa, es inferior en menos de un tercio, 16,840. Sin embargo si tomamos la tarifa más alta, el precio de los spots realizado en el ejercicio individual que realizó la UTF por los mismos 2505 spots, el costo es de $918,079,810.00 pesos. La diferencia entre ese costo y el pagado por los grupos parlamentarios es de $870’470,610 pesos.
Lo conducente hubiera sido que la UTF promediara la tarifa más alta, con la tarifa más baja para determinar un valor más aproximado a la realidad, que sería de: $491’264,506.33 pesos, lo cual es superior 10 veces al reportado por los grupos parlamentarios, solo por lo que se refiere al caso de Televisa.
Al hacer esa subvaluación del costo de los impactos televisivos, se evitó configurar el delito más trascendente y por ello el de mayor afectación a la equidad de la contienda, el de la aportación en especie que recibió el Partido Verde por parte de las televisoras, y evidentemente, la misma responsabilidad de las empresas de radio y televisión por la venta de tiempo de transmisión a través de interpósita persona a favor del PVEM, así como la difusión de propaganda política ordenada por personas distintas al INE, de conformidad son los supuestos de infracción previstos en los incisos a) y b) del artículo 452 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Un fiasco la nueva titularidad de la Unidad de Fiscalización del INE, que colocó argumentos penosos para justificar la exoneración: “Es importante decir que, de existir una subvaluación como la que describen los quejosos, ésta sería a favor de los grupos parlamentarios y no a favor del Partido Verde Ecologista de México. Ello es así, toda vez que fueron dichos entes quienes obtuvieron, en su caso, precios más bajos que los del mercado”.
“En razón de lo anterior, no obstante que con los elementos que obran en el expediente se puede advertir un probable diferencial entre los precios contratados y los publicados por la empresa que ofrece dichos servicios, se considera que esta autoridad no es competente para pronunciarse al respecto, ya que, en todo caso, quien obtendría un beneficio por esta supuesta falta serían los Grupos Parlamentarios, los cuales son entes ajenos a la fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.
Sólo bajo consigna se puede asentar un despropósito de este tamaño. Es una absoluta incongruencia con todo lo actuado por las autoridades, pues a lo largo de todas las multas impuestas al Verde y las consideraciones del mismísimo dictamen que lo sanciona por financiamiento ilegal, se tiene como como base la contratación de spots de contenido ilegal, fundado en diversas sentencias del TEPJF que así lo explicitan. Por tanto si los grupos parlamentarios del Verde se vieron beneficiados por un tercero (concesionarios de radio y televisión) en la contratación de dichos spots ilegales que beneficiaron al partido Verde, dicho beneficio termina por ser trasladado hacia el partido Verde y entonces debe se contabilizado para que el partido pueda ser sancionado en la debida proporción, pues es el que se benefició directamente. Pero seis de once consejeros impidieron sentar un precedente valiosísimo para la competencia electoral.
El tamaño de la burla es proporcional a la abierta complicidad que esa mayoría del INE tiene con los intereses del Partido Verde y de las televisoras. Es el bloque priísta conformado por Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Beatriz Galindo, Enrique Andrade, Javier Santiago, y el voto de Benito Nacif, quien sin ser parte de éste grupo de consejeros de abierta parcialidad oficialista se suma a ellos y ellos a él, cuando se trata de defender y proteger los intereses de Televisa, por los que Nacif traza sus empeños y alianzas.
Ni más ni menos que este caso así lo demuestra. Se alían los intereses del gobierno con el de las televisoras para mantener la mayoría de la cámara de los diputados a la mala, mediante un esquema de fraude a la ley que sólo se castiga con dinero, de los contribuyentes por cierto, pero en el que la autoridad no va al fondo de la cuestion. La colusión tiene como baluarte al partido canalla. No aparece directamente el PRI cometiendo las fechorías, sino su aliado en 253 distritos electorales, ni más ni menos. Ante su caída estrepitosa en la confianza ciudadana, el gobierno compra al Verde para que haga el trabajo sucio en esta campaña, porque sumar esa ilegalidad al desprestigio que circunda al Presidente sería demasiado cinismo. De ahí la protección que se le brinda desde la mayoría del INE.
P.D. Mañana lunes 18 de mayo, a las 11:00 horas, repetiremos el Barrido a la Corrupción en el Palacio Estatal de Gobierno en la Ciudad de Chihuahua que, porros enviados por el gobernador Cesar Duarte impidieron que se llevara a cabo la semana pasada. Ahora seremos muchos más, porque el tirano no nos va a intimidar ni a silenciar nuestra exigencia de que la denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito tenga consecuencias jurídicas y sea castigado ejemplarmente.
Cada vez que Duarte provoque o agreda a cualquier integrante de Unión Ciudadana responderemos con toda energía y decisión. Como lo ha hecho en la Ciudad de México el grupo de Testigos Sociales que da seguimiento, tanto al curso de la denuncia penal, como a los actos del singular movimiento chihuahuense contra la corrupción y la impunidad. El miércoles pasado, encabezados por el escritor y periodista Ricardo Raphael, en reacción a la agresión de la que fue víctima Amalia Ferman, el grupo de intelectuales, activistas y líderes sociales denunciaron en conferencia de prensa los hechos y llamaron a las cosas por su nombre: ” La agresión a miembros del movimiento Unión Ciudadana, es un asunto que debe llamar la atención de la opinión pública nacional, toda vez que se trata de un gobernador que frente a la delicada acusación penal en su contra por enriquecimiento ilícito, responde tratando de provocar y generar la violencia para eventualmente justificar la represión a sus denunciantes. Vieja táctica intimidatoria y represora de corte fascista. Se trata de Un gobernador que, además, presume logros en seguridad pública, pero que fomenta prácticas porriles en edificios públicos en la mismísima capital del Estado. Ahora entendemos las imágenes que han circulado en las redes sociales donde se ve una larga fila de camionetas de sicarios que han tomado control, como nuevos escuadrones de la muerte, de la sierra de Chihuahua. Si el Gobernador provoca este tipo de agresiones a la luz pública, ¿qué no estará sucediendo en Chihuahua en aquellos lugares tan apartados? Se alienta la impunidad por quienes están obligados a combatirla”.
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