* A 15 años de anunciarse sigue la violencia contra las mujeres
* Piden cancelar el tren México-Toluca y otras obras federales
Hace 15 años al definirse los objetivos del Milenio para ser logrado en tres lustros, se pensó que en este 2015 se tendría igualdad de género y estaríamos celebrando el cumplimiento del decálogo de derechos y autonomía de la mujer entre los países firmantes, entre ellos México, pero los hechos indican lo contrario.
Estamos lejos de garantizarle, pese a la ley aprobada hace 8 años, a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y menos ahora que tenemos en Los Pinos, a quien se destacó por no cumplir durante su anterior gobierno estatal, la promoción de la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.
Por ello, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, Julisa Mejía Guardado cree que la pregunta ¿cuántos feminicidios son necesarios para declarar la alerta de género? Seguirá vigente porque hasta el momento, pese al anuncio hecho por un gobernador, el gobierno federal se ha negado a emitirla preocupado por el descrédito por la fuga que ha puesto alerta al mismo Trump, mientras las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas en promedio 7 al diariamente en México.
Recordó que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios ha documentado 3 mil casos en dos años en 11 entidades del país, donde solo el 24% de ellos están siendo investigados, pero las autoridades oficiales solo reconocen el 1.7% de ellos como feminicidios, lo que demuestra la impunidad que se vive en el país en el caso de la violencia de género.
Enfatizó que esto es imperdonable también por parte de la autoridad, que transcurrido 8 años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los ejecutivos se niegan a solicitar la emisión de la alerta de género que, desde entonces, abril de 2007, podría haber salvado la vida a cientos de mujeres en México.
Mejía Guardado enumeró los estados de Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán, Chihuahua, Baja California y Estado de México, que registran los mayores índices de violencia de género, de acuerdo a datos de la organización Amnistía Internacional en México.
En el caso del Estado de México, este organismo internacional ha señalado que la entidad natal del presidente es considerada un “foco rojo” en materia de feminicidios, ya que en los últimos años ha ocupado el primer lugar en incidencia de este ilícito en el país, no obstante que estas cifras se han querido esconder aduciendo que de acuerdo al índice de población y una operación aritmética “es menor” en proporción a otras entidades, puntualizó.
“Como si los asesinatos de mujeres fueran una cuestión de números que al ser muchos los que vivimos en ese estado, no debemos preocuparnos y ocuparnos”.
Comentó que aun cuando el gobierno del Estado de México solicitó la emisión de alerta de género en 11 municipios y no en la totalidad de los 125 municipios que conforman esa entidad, la Secretaría de Gobernación no ha emitido aún la declaratoria de alerta de género en los municipios más poblados, entre ellos Ecatepec, tierra natal del actual gobernador, donde día a día desaparecen mujeres y se cometen feminicidios sin que autoridad alguna garantice a este sector de la población una vida libre de violencia como la legislación lo establece.
La simulación es tal, agregó, que el Poder Judicial mexiquense difunde que está capacitando a los jueces para que atiendan de mejor manera y juzguen con perspectiva de género los casos de feminicidios que se presenten, lo cual así debería de ser, pero su anuncio es más mediático que real, como siguiendo las órdenes del Ejecutivo “para taparle el ojo al macho”.
Es necesario que las organizaciones de la sociedad y de las mujeres en particular, exijan el cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para darle vigencia en la sociedad, porque a más de 8 años de su promulgación ni alerta de género, ni vida libre de violencia.
PRIMERO LOS NEGOCIOS
La asociación perversa entre la política, los negocios y el poder es la característica del grupo que encabeza Peña Nieto en México, aseguró el senador mexiquense Alejandro Encinas, ante los Vecinos Unidos de Santa Fe, que denunciaron ante el legislador esta forma de gobernar y hacer negocios sin importar la afectación del patrimonio de los pueblos indígenas, y del patrimonio de las familias por lo que demandaron cancelar el tren México-Toluca.
Mencionó que si se analizan las principales obras que ha impulsado el actual gobierno, en todas hay un común denominador: no solamente es el otorgamiento de contratos de manera unilateral, sin consultar a las comunidades afectadas en sus bienes o en sus recursos naturales, sino la imposición de proyectos en donde siempre sale beneficiado un sector muy definido; el de las empresas que desde el gobierno del Estado de México se han favorecido, así como de personajes vinculados al grupo político de Enrique Peña Nieto.
Es una especie de visión tolucocéntrica de las obras, comentó, que se están impulsando en todo el país. Ejemplo de ello es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que implicará el cierre del Aeropuerto Benito Juárez, donde seguramente querrán construir un desarrollo inmobiliario con los mismos errores que el de Santa Fe; lo que implicará la pérdida de un patrimonio ecológico valioso y fundamental como es lo que queda del Lago de Texcoco, eso que fue una zona lacustre tan importante que incluía los grandes lagos de Texcoco, Zumpango, Xochimilco, Chalco y los humedales de Tláhuac, de los cuales hoy queda una pequeña proporción sobre la cual se quiere hacer un enorme negocio.
Abundó que para darse cuenta de la proporción de esta obra y sus implicaciones, es necesario conocer que en los próximos años se van a invertir 169 mil millones de pesos, que de invertirse en otras dos regiones del país implicarían la posibilidad de impulsar nuevos fondos de desarrollo regional en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero; que son de las zonas más marginadas del país, y donde el impacto y beneficio sería más importante; pero como lo que se quiere es dejar un sello en el Edomex, quieren establecerlo en una zona federal de un altísimo valor ambiental y donde está la mayor concentración urbana y poblacional del país.
La inversión en Texcoco atraerá un aumento del 33% en la población nacional. Esta obra también es un grave error en las políticas de aprovechamiento y uso eficiente de los recursos y las instalaciones públicas; porque echará a la basura más de 2 mil 500 millones de pesos que se invirtieron para comprar tierras y hacer el aeropuertos en Tizayuca, Hidalgo, Toluca, Cuernavaca, Puebla, el aeródromo de Pachuca y el que se tiene en Atizapán de Zaragoza.
De tal manera que en lugar de aprovechar todo este sistema de aeropuertos, para resolver la demanda de vuelos que tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se hace una nueva inversión a costa de cerrar los aeropuertos que costaron miles de millones de pesos, sin considerar que el 10% de la inversión del aeropuerto en Texcoco se utilizará para evitar que se hunda o se inunde, debido al tipo de suelo que provocará hundimientos de hasta 39 centímetros anuales. ¿A dónde vamos?
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