Importantes pendientes deberá asumir la nueva comisión parlamentaria de Seguridad Pública‏ en Edoméx

* Obligada a retomar regulación de los Cusaem, pugnar por el relevo de Rogelio Cortés y exigir cuentas a Eduardo Valiente, advirtió su presidente Octavio Martínez
* Durante la LVIII Legislatura, señaló, la mayoría priísta se opuso a medidas planteadas por el PRD que buscaban eficientar la seguridad pública en la entidad

El legislador por el PRD, Octavio Martínez, indicó que se tendrán que evaluar a conciencia la efectividad del mando único, la aplicación de exámenes de control de confianza, la operación de las Bases de Operación Mixta, la colocación y mantenimiento de 10 mil cámaras de videovigilancia, entre otros temas. Foto: Mary Santiago

Redacción | martes 1 de septiembre de 2015

Ecatepec, Méx. La Comisión de Seguridad Pública en la LIX Legislatura mexiquense está obligada a retomar temas espinosos que la actual dejó pendientes por falta de disposición de la mayoría priísta, como la regulación de los Cusaem, la exigencia para que sea depuesto Rogelio Cortés como titular de la Policía Estatal y para que el nuevo comisionado, Eduardo Valiente, detalle su plan de acción y los resultados arrojados, señaló el presidente de dicha Comisión, Octavio Martínez.

El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) indicó que los nuevos diputados deben realizar una evaluación a conciencia de la efectividad del mando único, la aplicación de exámenes de control de confianza, la operación de las Bases de Operación Mixta (BOM), la colocación y mantenimiento de 10 mil cámaras de videovigilancia, entre otros temas, con el fin de corregir las deficiencias de manera urgente porque, a la fecha, estas acciones no han arrojado saldos positivos.

Se requiere, recordó, de una nueva legislación que regule a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar en el Estado de México (Cusaem) para corregir las irregularidades administrativas, financieras y de operación, y garantizar un mayor control de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) sobre la corporación.

También, dijo, deben introducirse candados y especificaciones sobre el mando único con la finalidad de eficientar su funcionamiento, y otorgar mayores facultades a los ayuntamientos para conseguir resultados más ágiles, en virtud de que los municipios son el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos.

Es necesario, prosiguió, hacer una valoración sobre los malos resultados de las BOM para, en su defecto, solicitar el retiro de las fuerza federales de las calles de la entidad, debido a que no existen elementos tangibles que demuestren la disminución de los índices delictivos desde que se optó por esta estrategia.

Los legisladores entrantes, consideró, deben exigir la renuncia de Rogelio Cortés como director de Seguridad Pública estatal, ante las evidencias que lo exhiben como un personaje que fomenta la corrupción en la corporación; y normar el ascenso de los mandos para que no se asignen de manera discrecional ni obedezcan a intereses particulares.

“Que se haya degradado de Secretaría a Comisión no ha funcionado, el nuevo titular tendrá que presentarse a comparecer a efecto que explique los resultados como comisionado, su estrategia para mejorar la seguridad pública en el estado”, dijo.

La nueva Comisión Parlamentaria de Seguridad Pública también debe vigilar y exigir resultados en la instalación y el funcionamiento de las 10 mil cámaras de videovigilancia adquiridas para ser colocadas en toda la entidad, de las que a la fecha se desconocen avances y resultados; y pugnar porque se aplique la reforma que obliga la instalación de este tipo de aparatos en el transporte público.

Los legisladores entrantes, prosiguió Martínez Vargas, se encuentran obligados a verificar la pertinencia y efectividad en la aplicación de los exámenes de control de confianza y empujar acciones para corregir la corrupción y hacinamiento que prevalece en los reclusorios.

El diputado perredista recordó que, como titular de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Pública, se ocupó e impulsó estos temas que fueron frenados por la mayoría priísta, pero resultan de vital importancia para detener de manera importante a la delincuencia, pues queda demostrado que no ha bastado el incremento de penas promovido por el gobernador Eruviel Ávila.