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“(…) El propósito de los dignos luchadores sociales de Guerrero no es extraer más promesas vacías del gobierno federal, sino llamarlo a cuentas por su responsabilidad directa en el crimen cometido en contra de sus hijos. (…).”

Foto: Archivo

Lunes 21 de septiembre de 2015

Enrique Peña Nieto prepara un deleznable circo mediático a propósito de su encuentro este jueves, 24 de septiembre, con los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Para el régimen, esta reunión constituye una oportunidad de oro para apaciguar la indignación social dos días antes de la gran movilización nacional e internacional este 26 de septiembre en el aniversario del crimen de Estado.

Les saldrá el tiro por la culata a Peña Nieto y a Televisa. Los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa han sido claros desde el principio con respecto a su absoluta desconfianza en el presidente y su gabinete. El propósito de los dignos luchadores sociales de Guerrero no es extraer más promesas vacías del gobierno federal, sino llamarlo a cuentas por su responsabilidad directa en el crimen cometido en contra de sus hijos. “A la reunión con el presidente vamos con todo, le vamos a restregar en su cara todas las mentiras… desde el principio nos prometió varios puntos… nunca ha hecho nada”, sostuvo el padre de familia Clemente Rodríguez en entrevista con Carmen Aristegui en CNN.

El señor Rodríguez tiene razón. El actual gobierno federal pasará a la historia como una de las administraciones más mentirosas y cínicas en México. Desde el primer día, Peña Nieto ha engañado a los padres de familia sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre y al pueblo mexicano en su conjunto con respecto a las investigaciones del caso. Tal y como ha sido revelado tanto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como por Proceso, la principal actividad del gobierno federal ha sido la fabricación de supuestos culpables, así como el encubrimiento de la responsabilidad directa de las fuerzas federales en el crimen cometido aquella noche.

El 6 de diciembre de 2014, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de Ayotzinapa, rompió toda relación del movimiento con el gobierno federal: “A partir de hoy desconocemos al gobierno de Enrique Peña Nieto por asesino… Si no hay Navidad para nosotros, tampoco para el gobierno.

Sabemos que la caída de Alexander servirá para que florezca la Revolución”. De la Cruz pronunció aquellas palabras históricas en el Monumento a la Revolución en un acto conmemorativo del centenario de la entrada victoriosa de Emiliano Zapata y Pancho Villa a la Ciudad de México en pleno auge de la Revolución Mexicana. Ese mismo día, Jesús Murillo Karam había dado a conocer que los laboratorios de la Universidad de Innsbruck en Austria habían identificado el DNA del normalista Alexander Mora Venancio en uno de los fragmentos de hueso recogidos por las fuerzas militares en el Río San Juan.

Al gobierno federal le urge dar por muertos a todos los estudiantes desaparecidos y acabar con el liderazgo político de la gran familia de Ayotzinapa. Apenas el miércoles 16, la procuradora general de la República, Arely Gómez, anunció con bombo y platillo que los mismos laboratorios de Innsbruck habían identificado los restos de otro normalista: Jhosivani Guerrero de la Cruz. Gómez también anunció que invitaría tanto a los peritos argentinos como a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar directamente con la PGR en el análisis de los otros restos.

Los argentinos y los integrantes del GIEI difícilmente aceptarán hacerle el juego al gobierno federal. Las únicas personas presentes a la hora de recoger los restos en cuestión fueron los miembros de las fuerzas militares ahora directamente implicados en el crimen. En lugar de colaborar con un gobierno asesino en sus labores de encubrimiento, los expertos independientes tendrían que aliarse plenamente con la sociedad en su exigencia de justicia irrestricta tanto para el caso de Ayotzinapa como para todas las desapariciones forzadas del país.

En su desesperación por frenar una nueva ola de protesta social, Peña Nieto no escatimará esfuerzos el próximo jueves 24 por prometer bajar el cielo y las estrellas a los padres de familia. Recordemos, sin embargo, cómo el gobierno mintió abiertamente a los maestros democráticos el pasado 29 de mayo. Con el fin de engañar a los profesores y apaciguar la resistencia popular, una semana antes de las elecciones del 7 de junio el gobierno federal anunció la “suspensión” de la reforma educativa.
Pero una vez pasada la tormenta, Peña Nieto inmediatamente reactivó la reforma. Y ahora su nuevo secretario de Educación, Aurelio Nuño, se apresta a despedir a miles de maestros quienes con toda razón rechazan la aplicación de las nuevas evaluaciones punitivas y neoliberales.

Ya es demasiado tarde para más promesas vacías. Después de tantas mentiras, sería ingenuo y profundamente destructivo tener confianza en quien hoy ostenta la banda presidencial. Lo único que podría satisfacer la enorme sed de justicia del pueblo mexicano sería la presentación con vida de los 43 normalistas, el enjuiciamiento de todos y cada uno de los responsables tanto del crimen como de su encubrimiento, así como la celebración de una verdadera transición política hacia un gobierno popular que defienda los intereses de la sociedad y acabe con los privilegios de los oligarcas y los corruptos.

No solamente se encuentran desaparecidos los 43 estudiantes, sino también la esperanza de todo un pueblo. Apostemos todos a la construcción de un nuevo régimen político a la altura de la gran historia mexicana, repleta de valientes luchas y conquistas sociales.

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso, No. 2029, 20/09/2015

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