En audiencia ante la CIDH, organizaciones denuncian patrón de ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en México

* Destacan casos de ejecuciones extrajudiciales del actual sexenio * Por cada militar o miembro de la marina fallecido, mueren aproximadamente 20 civiles

Gráfica: Centro Prodh

Redacción | martes 20 de octubre de 2015

Washington, D.C. Hoy en audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones mexicanas e internacionales expusieron el patrón de las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en México.

Las entidades representantes de la sociedad civil expusieron cómo las fuerzas de seguridad ejecutan a personas civiles sin justificación para posteriormente presentarlas como delincuentes que murieron en un enfrentamiento, sin que haya investigaciones adecuadas de estos hechos.

Durante la audiencia enfatizaron que los factores estructurales que fomentan esta práctica son: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública.

Subrayaron una serie de casos de 2014 y 2015 como Tlatlaya, Estado de México; Apatzingán, Tanhuato y Ostula en Michoacán; Calera, Zacatecas; y la privación de la vida de 6 personas en Iguala, Guerrero, durante los ataques a los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Gráfica: Centro Prodh

Recordaron que en 2014, antes de que ocurrieran los casos recientes de ejecuciones, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, publicó su informe sobre México, dando cuenta de “una impunidad sistemática y endémica”, que alentaba las violaciones al derecho a la vida en sus modalidades de “muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta”, entre otras.
Sin embargo, el Estado no ha cumplido diversas recomendaciones clave formuladas por el Relator.

Las y los peticionarios detallaron los índices de letalidad, teniendo como referencia la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos, lo cual sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), más de 4 mil civiles fallecieron a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014. Entre 2007 y 2014, murieron 3.967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto. Tratándose de la Marina, el mismo índice de letalidad de 2012-2014 alcanza los 21 civiles difuntos por cada miembro de la marina fallecido, mientras se conoce que la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en “enfrentamientos” en el presente sexenio.

Como muestra de la impunidad que impera en dichos caso se evidenció que solo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León, estado en el que ocurrieron 394 “enfrentamientos” de militares y civiles entre 2007 y 2014.

Las organizaciones enfatizaron sobre la necesidad de investigar la cadena de mando en casos de ejecuciones extrajudiciales, luego de que el caso Tlatlaya revelara que los hechos se dieron en un contexto donde el Batallón tenía la instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Gráfica: Centro Prodh

Ante esta grave situación, las organizaciones de la sociedad civil plantearon acciones prioritarias para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo: la implementación estatal de un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota; cumplir las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos que hayan visitado el país y además garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes; respetar la independencia de jueces y fiscales.

Las organizaciones cerraron recordando que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Enfatizaron que únicamente mediante un cambio de modelo, pasando entre otros por la verdadera reforma policiaca y políticas públicas integrales en materia de seguridad, será posible superar la violencia e impunidad en el país.