* Llama Javier Salinas, dirigente estatal de Nueva Izquierda, al TEEM, al OSFEM y a la Contraloría a establecer las medidas para que se acate fallo que ordena la toma de protesta de Fernando Ruiz Razo como acalde
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| El diputado Javier Salinas llamó al TEEM para que de inmediato haga valer el fallo emitido el pasado 13 de octubre y obligar, como lo determinó, la toma de protesta a Ruiz Razo como alcalde suplente de Valle de Chalco. Foto: CSPRD |
Redacción | viernes 23 de octubre de 2015
Toluca, Méx. “En Valle de Chalco urge que el gobierno del Estado de México rompa el silencio cómplice en que ha incurrido tras la necedad del diputado local Jesús Sánchez Isidoro de no soltar la administración municipal, y que tome medidas para hacer que la ley y el fallo del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en favor de Fernando Ruiz Razo se respete”, sentenció Javier Salinas Narváez, dirigente estatal de Nueva Izquierda (NI).
El pronunciamiento fue hecho luego de la movilización en que participaron más de 5 mil personas para exigir que se cumpla la sentencia de los magistrados electorales locales.
El además vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso, afirmó que en caso de que el gobierno estatal no intervenga para solucionar el conflicto a la brevedad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas estaría gestando un conflicto en su territorio y José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, incumpliendo su obligación jurídica de mantener la paz y estabilidad de la entidad, como encargado de la política interna.
“A menos que estas condiciones convengan políticamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es al que ambos pertenecen, y por eso se nieguen a entrarle al toro por los cuernos, pues a un PRD dividido sólo lo ve con buenos ojos el ejecutivo”, subrayó.
El diputado local llamó al TEEM para que de inmediato implemente las medidas de apremio necesarias para hacer valer el fallo emitido el pasado 13 de octubre y obligar, como lo determinó, la toma de protesta a Ruiz Razo como alcalde suplente de Valle de Chalco.
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| Movilización en que participaron más de 5 mil personas para exigir que se cumpla la sentencia de los magistrados electorales locales. Foto: CSPRD |
De no ser así, dijo, “no existe razón jurídica para sustentar la existencia de esta autoridad colegiada con facultades vinculatorias”.
Dado que es el órgano competente, prosiguió, “exigimos al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) concrete el acto de entrega-recepción de la administración municipal con base en la sentencia emitida por el TEEM”.
El exhorto, indicó, se extiende a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México para que agilice el proceso administrativo en contra de Sánchez Isidoro.
Salinas Narváez precisó que el presidente estatal del PRD en la entidad, Omar Ortega, tome conciencia de la gravedad del caso y no se preste a una ilegalidad.
Jesús Sánchez Isidoro, recordó, mintió al Poder Legislativo para obtener su licencia como diputado local; justificó que era motivado por asuntos personales, “salvo que el PRI conociera sus verdaderas intenciones y por eso las avalara, a pesar de que fue incluida, de último momento y sin mayor explicación, en el orden del día de la sesión del Congreso del día 15”.
Con su conducta, destacó, Sánchez Isidoro viola la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, como la ley máxima de la entidad, que en su artículo 120 establece: “No pueden ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos… Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo”.
Esta misma norma, prosiguió, en el Artículo 145 dispone: “Nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo… Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo podrá optar de entre ambos el que quiera desempeñar”, y Sánchez Isidoro optó por el de diputado local desde el momento en que tomó posesión el 04 de septiembre pasado.
Este afán personal, agregó, atenta claramente no sólo contra la legalidad, sino contra el derecho ciudadano a una autoridad legítima que atienda sus demandas de servicios públicos.
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