* "El Presidente propone al Procurador, cuate de su cuate Consejero”; el Senado debe rechazarla completa: Miguel Sarre, experto en Derechos Humanos y profesor del ITAM
* Cuestionan investigadores y activistas la postulación del actual Procurador mexiquense sobre todo por haber mentido en el “caso Tlatlaya” y porque debe ser característica el respeto a los derechos humanos
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| La postulación de Alejandro Gómez Sánchez como candidato a ministro de la SCJN ha sido cuestionada por activistas e investigadores, y desde las redes sociales, algunos de los impulsores de la campaña por una "Corte sin cuotas y sin cuates", han criticado el desempeño del Procurador mexiquense. Foto: Archivo |
Jorge Luis Villa | lunes 16 de noviembre de 2015
México, D. F. Con políticos desacreditados y probadamente faltos de credibilidad, en donde el abuso de poder privilegia a familias y “cuates” en busca de transformar la riqueza pública en privada entre negocios, contubernios, corrupción y su majestad, la impunidad, y sumiendo a nuestro país en una barbarie con los cuerpos policiacos, militares y marinos implicados en diversos grados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el viernes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto presentó seis candidaturas para elegir entre ellas a dos nuevos magistrados de la SCJN, y el primero de ellos, impugnado por investigadores y activistas, es Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
Es el Senado de la República el responsable de elegir a los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): el sexteto incluye a cuatro magistrados con larga trayectoria en el Poder Judicial, así como a dos aspirantes sin experiencia como jueces, pero que han sido cercanos colaboradores del presidente Peña Nieto durante los últimos años.
Y el primero de los colaboradores que contenderá por una plaza en la Suprema Corte es su exconsejero jurídico adjunto del gobierno federal y actual Procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, más recordado por el “caso Tlatlaya” ocurrido el 30 de junio de 2014, que dejó un saldo de 22 civiles muertos en un tiroteo con elementos del Ejército mexicano y del cual dijo que “no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, y que tres meses después, en octubre, fuera totalmente desmentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al constatar que “al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares”.
Y además y principal característica, el respeto a los derechos humanos.
La postulación de Alejandro Gómez Sánchez como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido cuestionada por activistas e investigadores, y desde las redes sociales, algunos de los impulsores de la campaña por una "Corte sin cuotas y sin cuates", han criticado el desempeño del Procurador General de Justicia del Estado de México.
Tras recordar que una de las principales cualidades de los aspirantes debe ser el respeto a los derechos humanos, los señalamientos se han centrado en el caso Tlatlaya y en la participación que ha tenido en el caso la Procuraduría a su cargo, entre ellos los feminicidios y desapariciones de niñas y jovencitas a lo largo del Estado de México.
"¿Pero qué necesidad de poner en la terna para la SCJN a Alejandro Jaime Gómez, el Procurador que negó los fusilamientos de Tlatlaya? La Procuraduría alteró la escena y él negó los fusilamientos ¿Ahora la Corte?", cuestionó el politólogo Jorge Javier Romero en nota publicada por el diario Reforma.
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| El procurador Gómez Sánchez forma parte del grupo de abogados del círculo cercano del presidente, en el que se encuentra también el propio consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y su primo, el ex procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes. Foto: Archivo/GEM |
Consejería Jurídica de la Presidencia
El procurador Gómez Sánchez forma parte del grupo de abogados del círculo cercano del presidente, en el que se encuentra también el propio consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y su primo, el ex procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes. Ambos, primos del senador Raúl Cervantes, quien se vaticinaba iba a ser parte de esta propuesta para la Corte, pero de antemano fue altamente cuestionado por su cercanía con Peña Nieto y su militancia priísta. Gómez Sánchez trabajó durante varios años con Alfredo Castillo: cuando Castillo fue procurador del Estado de México, Gómez Sánchez fue subprocurador jurídico.
Y es precisamente en ese sentido lo advertido por el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Alejandro Madrazo, quien alertó sobre la cercanía del funcionario mexiquense con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.
"Parece que Castillejos no se pudo aguantar las ganas de impulsar a un cuate", expresó, tras demandar al Senado una auscultación abierta de los integrantes de las ternas.
De su parte, Ernesto López Portillo, del Instituto para la Legalidad y la Democracia, lamentó que incluyera "Peña Nieto al Procurador del Estado de México en la terna de hombres para la SCJN, vaya manera de alejarse de la visión de Estado requerida".
"El Presidente propone al Procurador, cuate de su cuate Consejero, y así contamina su terna de ministros. El Senado debe rechazarla completa", demandó el experto en Derechos Humanos y profesor del ITAM, Miguel Sarre (Reforma 16/11/15).
Viernes 13
La senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores criticó la propuesta del Presidente y adelantó que el aspirante deberá enfrentar fuertes cuestionamientos por el caso Tlatlaya. En tanto, la senadora independiente Martha Tagle lamentó que el Ejecutivo no haya enviado dos ternas de mujeres, para garantizar los equilibrios de género en la Corte.
El pasado viernes 13 de noviembre, el Presidente envió al Senado las ternas para renovar a dos ministros de la SCJN. La primera terna está conformada por las magistradas Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Sánchez Valle, y la segunda por Álvaro Castro Estrada, Alejandro Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.
En diversos medios se ha publicado que organizaciones de la sociedad civil, investigadores y expertos han solicitado al Senado realizar una auscultación abierta y transparente para la renovación de dos posiciones en el pleno del máximo tribunal.
La Comisión de Justicia del Senado señaló que alista un nuevo procedimiento abierto para analizar las dos ternas enviadas por el Presidente con la finalidad de renovar los dos nuevos ministros de la Suprema Corte, por lo que el presidente de la Comisión, el panista Fernando Yunes, sostuvo que la intención es garantizar un proceso responsable y minucioso, de cara a la sociedad.
Explicó que a diferencia de otras designaciones, se propondrá que en este caso puedan participar todos los senadores y no sólo los integrantes de la Comisión de Justicia y adelantó que las comparecencias se llevarán a cabo con un método más detallado y profundo, sin límites de tiempo para los cuestionamientos de legisladores y respuestas de los aspirantes.
"La idea es que podamos citar a un candidato por día para las comparecencias, por lo que el análisis de los perfiles, en esa etapa, nos podría llevar, por lo menos seis días. No se trata de cuidar candidatos, se les tiene que preguntar de todo", planteó.
Faltan cuatro
Con los dos colaboradores del presidente Peña Nieto citados, contenderán también por los dos puestos en la Corte, cuatro magistrados que han desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial, como jueces.
Ellos y ellas son Sara Orea (magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008); Norma Lucía Piña (magistrada de Circuito desde 2000); Verónica Judith Sánchez (actualmente magistrada de Distrito, y en el pasado jueza de procesos penales en el DF y magistrada administrativa de Circuito) y Álvaro Castro (magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta abril pasado).
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