El PRD se mantendrá atento para garantizar que ningún actor político o gobernante viole la separación histórica Iglesia-Estado durante su visita, advirtió su secretario nacional de Asuntos Electorales, Octavio Martínez Vargas
“A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César” resumió el secretario nacional de Asuntos Electorales del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Martínez Vargas. Foto: SIR
Ecatepec, Méx. El secretario nacional de Asuntos Electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez Vargas advirtió que su instituto político se mantendrá atento para evitar que cualquier actor político -aspirantes, candidatos y dirigentes-, presidentes municipales, ediles, gobernadores o funcionarios estatales o federales violen la Constitución durante la visita que el Papa Francisco realizará al país en febrero de 2016.
En caso de detectar que alguno de ellos emplea el acto con fines político-electorales, indicó, se iniciará el proceso correspondiente ante las autoridades competentes para que la falta se sancione.
La visita papal iniciará, conforme a la agenda que hasta ahora se ha hecho pública por el Estado Vaticano, el 12 de febrero del año próximo, e incluirá cuatro entidades: Distrito Federal (DF), Michoacán, Chiapas y Chihuahua.
La visita del Papa Francisco está programada para febrero. Foto: Archivo
Aunque sólo en esta última se realizarán elecciones, Martínez Vargas destacó la necesidad de que ninguna de las actividades programadas por el religioso se convierta, sin proponérselo, en un evento o acto con repercusiones políticas.
Independientemente de los alcances geográficos de la estancia, el perredista destacó que la información de la visita será ampliamente difundida, por lo que su trascendencia en el país será global.
El artículo 130 de la Constitución General de la República, recordó, establece el principio histórico de separación Estado-Iglesia, por lo que en su inciso “b” dispone que “las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas”.
En tanto, el inciso “e” establece que “los ministros no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.
Si se violentara el espíritu de esta norma que causa efecto desde la Constitución de 1857, lamentó, la lucha jurídica del ex presidente Benito Juárez García, que tuvo entre sus objetivos coartar el poder del clero en asuntos civiles, resultará vana.
Para nadie es un secreto, prosiguió, que la Iglesia, directa o indirectamente, está en posibilidad de incidir en la percepción de sus seguidores, de tal manera que, en caso de infringirse la separación expuesta, además se violentarán los principios democráticos de equidad e imparcialidad.
“A Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César”, concluyó.
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