* Entrega al pleno legislativo propuesta de uniones igualitarias y de reforma al Código Civil estatal a fin de dar sustento legislativo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto
* La considera inaplazable y necesaria; convoca a debate serio con argumentos jurídicos y no con descalificaciones; por ello celebra la disposición de Jorge Olvera, rector de la UAEM para discutir el tema
Toluca, Méx.- El pleno de la Legislatura mexiquense recibió y turnó a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de México promovida por el diputado Javier Salinas Narváez para reconocer los matrimonios igualitarios.
“Esta soberanía no puede asumirse ciega, sorda e insensible ante un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un fenómeno social, una demanda ciudadana y el respeto a las garantías elementales de los representados con preferencias diversas”, apuntó.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática promueve que el artículo 4.1 Bis reconozca que “Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que esta ley exige”, entre ellas contar con 18 años de edad.
Además, se eliminan como disolventes del matrimonio “la impotencia incurable para la cópula; las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias” ya que “no serán impedimentos cuando por escrito sean aceptadas por el otro contrayente”.
La propuesta prevé el derecho de estas parejas a la adopción, al establecer que “los matrimonios de parejas del mismo sexo podrán adoptar en los términos que establece la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México”.
En el orden de prelación para acceder a la adopción, se incluirá, de ser aceptada la propuesta, “a los matrimonios, a las personas que acrediten jurídicamente vivir en concubinato”.
En tanto, el 4.403 definirá concubinato como “la relación de hecho que tiene una pareja de cualquier sexo, que sin estar casados y sin impedimentos legales para contraer matrimonio viven juntos, haciendo una vida en común por un periodo mínimo de un año”.
El además secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Salinas Narváez, recordó que la SCJN declaró hace casi diez meses, inconstitucionales las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por considerarlo discriminatorio.
El artículo primero de la Constitución del país establece la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, y califica como inadmisible la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, preferencia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Salinas Narváez advirtió además que la homofobia, la discriminación los prejuicios y la ausencia de respeto a los derechos humanos que merecen todos los individuos de una comunidad, hacen que las parejas del mismo sexo se encuentren en un estado de indefensión ante los instrumentos jurídicos.
Además, consideró inadecuada la falta de reconocimiento a la diversidad sexual de quienes viven ya en unión libre sin gozar de todos los derechos y obligaciones con las que cuentan las parejas hombre-mujer que deciden contraer matrimonio.
Destacó que la evolución del tejido social ha trastocado paradigmas ancestrales y la institución del matrimonio no ha sido la excepción. En México, desde 2007 entró en vigor la Ley de Sociedad en Convivencia, teniendo como pioneros al Distrito Federal (DF), Coahuila y Quintana Roo, mientras una alcaldesa de Colima lo instituyó en febrero de 2013, basada en el principio constitucional de la “no discriminación”.
A nivel internacional, resumió, los Países Bajos permiten los matrimonios gay desde el primero de abril de 2001, Bélgica a partir del 30 de enero de 2003, España comenzó en 2005, mientras Andalucía, Navarra, el País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan con legislaciones específicas en el tema.
Por tanto, advirtió como inaplazable y necesaria la reforma, por lo que convocó a un debate con argumentos jurídicos, y no con descalificación, diatriba, calumnia, juicio moral o línea eclesiástica, por lo que celebró la disposición de Jorge Olvera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para discutir el tema.
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