* Se privatizarán las pensiones de los servidores públicos
* Ley de Hidrocarburos criminaliza protesta social, advierten
* Por un salario más remunerador y justo para trabajadores
Lunes 7 de diciembre de 2015
Se acaba el periodo ordinario de sesiones, el primero de esta legislatura y se definen diversos temas, y hay monedas de cambio en la agenda para que dictámenes pospuestos como el de la reforma política del DF salgan, pero está en marcha lo que la oposición llama la privatización de la pensión en el ISSSTE, lo que ha propiciado manifestaciones ante el palacio legislativo, así como el rechazo de los trabajadores de la cultura a la creación de una secretaría que separaría este sector del educativo.
Para el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, la aplanadora legislativa desaparecerá el Fondo Nacional de Pensiones de Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), por lo que llamó a los legisladores del PRI, PAN y PVEM a votar a conciencia para evitar que se cometa un atraco en contra de los trabajadores al servicio del Estado.
Expresó que las reformas a la seguridad social realizadas en los últimos 20 años, sólo han mermado sus derechos y han puesto a la deriva sus ahorros para el retiro, condenándolos a la pobreza cuando termine su vida útil, y esta es la tendencia que tiene el dictamen que pretenden aprobarse ahora.
Manifestó que los diputados que voten a favor de la reforma, tendrán que asumir su responsabilidad histórica por la traición que cometan en contra de los trabajadores, porque “pasaremos del PENSIONISSSSTE al ya perdiste”.
Reiteró con esto desaparecería el sentido social del sistema de pensiones en México, ya que los recursos serían un botín para posibles especuladores, dejándose en la total incertidumbre el futuro de los mexicanos, aseveró.
Expresó que su bancada se opondrá a la imposición. Agregó que preocupa que esta reforma la quieran vender como otra de las grandes reformas salvadoras de México, pero que en la realidad sólo se trata de “darnos atole con el dedo”.
Mencionó que la propuesta del PRI para convertir este fondo de ahorro de los trabajadores del Estado en una “afore pública”, representa una forma de simular su próxima privatización, ya que recordó el caso de la Afore Siglo XXI que terminó fusionándose con Banorte, y actualmente está generando movilizaciones en varios estados del país, al negarse a pagar a los asalariados del IMSS.
Aseguró que por diversos motivos se ha venido posponiendo la reforma al PENSIONISSSTE, pero parece que la orden ya se dio en Los Pinos para sacarla a como dé lugar, y ahora se pretende forzar el tema para que sea aprobado fast track, con la imposición de una mayoría autista que no escucha ni entiende razones.
Sostuvo que la iniciativa que viene del Ejecutivo Federal, carece de elementos suficientes para dar certeza para la mejora de la calidad de vida de los pensionados.
Consideró que la reforma violenta el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde México se compromete a que toda pensión asegure una vejez digna y decorosa.
Además de que en el artículo transitorio segundo en su fracción V, se establece que el Gobierno Federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos de la propia reforma.
Deja claro entonces, afirmó, que el gobierno federal quiere desentenderse de su obligación de proteger las pensiones de los trabajadores; pero lo más peligroso, insistió, es que se prepara a futuro para posibles fallos en el sistema de pensiones que se pretende establecer, porque esas sociedades se desvincularán del gobierno.
CASTIGO A PROTESTAS
Para Arturo Santana se debe tipificar con precisión las conductas en materia de robo, sustracción, transportación y comercialización de hidrocarburos en sus diversas modalidades, llámese gasolina, diésel, etcétera, porque se está criminalizando la protesta social de manera que las libertades que deben ser garantizadas serían castigadas, contrario a la ley.
Mencionó que en algunas partes del articulado algunas conductas se sancionan, considerando que la pena es excesiva. “Es decir, hay pena privativa de la libertad para casi todos los casos que se tipifiquen como delitos contra la industria petrolera”.
En ese sentido, lo que está proponiendo la bancada del PRD es que la pena sea asequible como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: que la pena sea proporcional a la conducta o al delito que se cometa. Ésa es una parte que el Sol Azteca defenderá hasta el final de la concreción de este dictamen.
Santana afirmó que nunca la protesta social, precisamente como ha quedado estipulado, podrá llegar a equipararse al delito de terrorismo, porque si se permite que se agrave una conducta en materia de terrorismo, con dedicatoria para las empresas que van a invertir en materia de sustracción, explotación de los hidrocarburos en México, pero a costo de la libertad y del libre pensamiento ideológico de los mexicanos, se estaría cometiendo un error.
Es por ello que demandó que los articulados sean precisos, que la técnica legislativa que se utilice no lleve a confusiones al Ministerio Público al momento de consignar y al Juez Penal al momento de dictar sentencia.
Para el defeño, es importante también definir cuál es el tipo de información que será clasificada como información de seguridad nacional. “Porque nos parece muy rigorista el hecho de que los automóviles de los asignatarios o contratistas sean considerados de información de seguridad nacional o el hecho de que el movimiento de personal de esas empresas, también sea considerado como información de seguridad nacional.
Todo indica, dijo, que se trata de ocultar lo que debe ser público y de castigar lo que es un derecho universal en la Ley de Hidrocarburos, por ello hay muchas dudas del dictamen que está en marcha y debe revisar la técnica legislativa para que sea la correcta y se sancione a los que cometen ilícitos en el sector energético del país y no la libertad de expresión y manifestación.
SALARIO JUSTO
La bancada del PAN llamó a iniciar a la brevedad un proceso de debate a fin de mejorar el nivel de vida de las familias mexicanas, a través de un Salario Mínimo más digno, afirmo su coordinador, Marko Cortés Mendoza, quien dijo que esta es una prioridad en su agenda legislativa para que los trabajadores de México aumenten sus niveles de bienestar, mediante una remuneración justa.
Sostuvo que “fue Acción Nacional quien impulsó la consulta popular referente al salario digno” y refrendó el compromiso del PAN con la dignidad de las personas y, en especial, con los millones de trabajadores mexicanos a los que, con el salario actual cada vez les alcanza para menos.
“Queremos que México deje de ser el país con salario mínimo más bajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, apuntó el michoacano, quien manifestó que con elección extraordinaria en Aguascalientes ganada, tendrán ahora su diputado 109.
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