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* Frenar y sancionar las percepciones de alcaldes que ganan más que el Presidente de la República plantea Javier Salinas, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas  
* La propuesta, promovida en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, fue remitida a las comisiones para su análisis y posterior dictamen

El parlamentario Javier Salinas dijo que la sugerencia es que el salario de los síndicos no exceda 85 por ciento del monto propuesto para el alcalde, y para los regidores que no rebase 75 por ciento. Foto: CSPRD

Redacción | miércoles 9 de diciembre de 2015

Toluca, Méx. Con el propósito de frenar a los presidentes municipales del Estado de México que tienen percepciones superiores a las del Presidente de la República, a las establecidas por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial y/o a las de alcaldes del planeta que gobiernan municipios más poblados y complejos, el diputado Javier Salinas, a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para limitar los salarios de los ediles.

El incumplimiento podrá ser considerado y sancionado como enriquecimiento ilícito, delito para el que el Código Penal del Estado de México ya establece de cuatro a once años de prisión y de 50 a 275 días multa.

Además, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, y el decomiso en beneficio del estado de aquellos bienes cuya honesta procedencia no se acredite.

Salinas Narváez advirtió que la falta de límites precisos que adapten la legislación local al artículo 127 de la Constitución General de la República, y de sanciones administrativas y penales, propicia que ediles mexiquenses perciban altas remuneraciones y elevados aguinaldos, lo que se traduce en una “grosería” para 49.6 por ciento de la población que vive en pobreza, conforme a la medición 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“El comparativo realizado por Manuel Bravo a los 16 mil 870 integrantes de cabildo en México, publicado el 21 de abril de 2015 en Meganoticias de Guadalajara bajo el título: ‘Los sueldazos de los regidores’, revela que el sueldo más alto del país corresponde al presidente municipal de Ixtapaluca con 196 mil 701 pesos mensuales, seguido por el de Tlalnepantla con 169 mil 660”, dijo.

En el ranking también se encuentran el de Naucalpan con 146 mil pesos y regidores que perciben 121 mil pesos, siendo éstos los regidores mejor pagados de México.

“Los presidentes municipales de Ixtapaluca y Tlalnepantla ganan más que la alcaldesa de París, Francia, quien percibe el equivalente a 144 mil pesos mensuales, gobernando una ciudad mucho más compleja con 2.2 millones de habitantes. 

“En España, Ana Botella, la alcaldesa de uno de los municipios más dinámicos del mundo: Madrid, tiene sueldo equivalente a 139 mil pesos mexicanos y gobierna 3.2 millones de habitantes, cuatro veces la población de Naucalpan”, refirió el además vicecoordinador del grupo parlamentario del sol azteca.

En 2011, recordó, el Consejo Consultivo de Valoración Salarial estableció topes salariales mínimos de 55 mil pesos y máximos de 136 mil pesos mensuales para presidentes municipales, dependiendo de la población que gobiernan, entre otros factores. No obstante, los alcaldes de Tlalnepantla y Toluca rebasan los topes establecidos.

Además, recordó, la sugerencia es que el salario de los síndicos no exceda 85 por ciento del monto propuesto para el alcalde, y para los regidores que no rebase 75 por ciento.

El artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dijo, ordena, desde 2009, que ningún servidor público podrá recibir remuneración –con todas las prestaciones y rubros incluidos- por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

El artículo 289 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, destacó, no ha sido ajustado a esta disposición, por lo que resulta indispensable su reforma.

“Los Congresos de los Estados están obligados, conforme al 127 de la Carta Magna del país, a expedir las leyes y establecer sanciones penales y administrativas a quienes incumplan, eludan o simulen”, abundó.

La iniciativa, promovida en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, fue remitida a las comisiones para su análisis y posterior dictamen.




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