“Está a la vista su fracaso en la estrategia de combate al narcotráfico, en aumento el número de desapariciones forzadas (…), la mayoría de los índices delictivos a la alza, la Policía Federal sigue siendo señalada por todos lados – he ahí el informe de los expertos de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa-, y Osorio goza de protección inaudita. Se le fuga el Chapo Guzmán y con la mano en la cintura dice que eso no da para su renuncia.”
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| Senador Javier Corral Jurado |
Sin que el asunto haya concitado la reacción mediática y política que su trascendencia amerita, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha recibido otro duro golpe a su menguada credibilidad y deteriorada imagen internacional. El pasado 25 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación (3VG/2015), dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y al Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos por los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, en la que señala que “se acreditaron violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Federal, consistentes en el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de la vida de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más”.
Queda formalmente al descubierto toda la operación que el gobierno puso en marcha para tratar primero de ocultar los hechos, luego inventar un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado como fue la versión sostenida por Alfredo Castillo, entonces Comisionado para la Seguridad de Michoacán. Ahora sabemos, en voz de Luis Raúl González Pérez, Ombudsman de la CNDH que las únicas armas con las que contaban los civiles eran palos y no armas de fuego.
La CNDH reporta diversas violaciones a los derechos humanos entre las que se encuentran el derecho a la vida; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria de personas, así como por la indebida procuración de justicia, derivada de la no preservación del lugar de los hechos atribuibles a la Policía Federal y a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, además de las omisiones en los protocolos; y el derecho a la integridad personal por el trato cruel, inhumano y/o degradante a personas detenidas y por la dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria atribuible a personal paramédico de la Policía Federal.
Todo eso ya lo sabíamos. El 19 de abril el portal Aristegui Noticias difundió un estremecedor video con las escenas de los crímenes horrendos, en un reportaje muy completo de Laura Castellanos, que reconstruyó paso a paso lo ocurrido el 6 de enero de este año en el municipio de Apatzingán, Michoacán.
Enterado de la noticia que venía, el gobierno jugó la estrategia de “curarse en salud”, adelantando la salida del video. Horas antes de la difusión del reportaje de Castellanos la Comisión Nacional de Seguridad informó, que había dado parte a la Procuraduría General de la República de que recibió un video de manera anónima del cual se podían inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de la autoridad de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, con la finalidad de que se llevaran a cabo las debidas investigaciones para definir o deslindar responsabilidades contra servidores públicos, hubo un compromiso de informar sobre el cauce de esto, sin embargo no hubo más información al respecto. El portal de la periodista fue derribado por casi 12 horas tras la difusión de las imágenes y el gobierno desplegó una brutal acción de sofocamiento de esa información, logrando un vacío en el conjunto de los medios de comunicación que, generaba escalofrío.
Pero las entregas de este documentado trabajo no dejaban lugar a dudas. Basadas en 44 testimonios, imágenes, audios, videos, actas de defunción, así como diversas fuentes que revelaron en su momento que los disparos de la Policía Federal no fueron producto de fuego cruzado, ni de enfrentamientos, como se quiso hacer ver por parte de la versión oficial, sino de ataques directos a civiles desarmados. No sólo eso, Castellanos también documentó que en la masacre de Apatzingán participaron militares.
Ahora también la CNDH señala que hubo obstáculos en su investigación en las que destacan que la Procuraduría General de Justicia del Estado se negó a proporcionarles las impresiones fotográficas relativas a la necropsia de uno de los cuerpos.
Con todo y eso, ni la CNDH, ni el Congreso, ni los medios, tocan al principal responsable de esta política de “seguridad pública”, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Puede ser señalado el General Secretario de la Defensa, pero no el de Gobernación. Así se las juegan.
Está a la vista su fracaso en la estrategia de combate al narcotráfico, en aumento el número de desapariciones forzadas – el año pasado ha sido el mayor número de personas desaparecidas en México-, la mayoría de los índices delictivos a la alza, la Policía Federal sigue siendo señalada por todos lados – he ahí el informe de los expertos de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa-, y Osorio goza de protección inaudita. Se le fuga el Chapo Guzmán y con la mano en la cintura dice que eso no da para su renuncia.
El Secretario de Gobernación es un protegido de la oposición y un impune del régimen. Ese es el nivel del contubernio.
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