“(…) el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.”
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| Manlio Fabio Beltrones y Humberto Moreira, dos presidentes del PRI. Foto johnackerman.blogspot.com |
Lunes 25 de enero de 2016
Humberto Moreira no es cualquier priista. Como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coordinó la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la candidatura presidencial de ese partido en 2012. Moreira fue también gobernador, entre 2005 y 2011, de uno de los estados más profundamente priistas en la nación entera.
El PRI y sus antecesores han “gobernado” el estado “libre y soberano” de Coahuila de manera ininterrumpida desde hace 87 años. Como en los viejos tiempos, en Coahuila el partido de Estado sistemáticamente se impone con más de 60% de la votación en las elecciones y tiene un control absoluto sobre la política y la prensa local.
Moreira, Emilio Chuayfett, Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell son todos exgobernadores de estados que jamás han experimentado “alternancia” alguna desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. El cártel de mandatarios feudales priistas que gobernó Coahuila, el Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo, entre otros, asaltó Los Pinos con cañonazos millonarios en 2012. Los integrantes de este grupo son los responsables por la intolerable ola expansiva de violencia, corrupción, represión y privatización que ha ahogado al pueblo mexicano durante el sexenio actual.
El trato diferenciado que Peña Nieto ha dado a Moreira y a Kate del Castillo constituye un elocuente botón de muestra de las alianzas y las complicidades de las actuales autoridades federales.
El gobierno ha mantenido a Del Castillo bajo estricta vigilancia. Las autoridades sacaron fotografías clandestinas de la actriz, filtraron ilegalmente sus conversaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán y la llamaron a declarar ante la PGR. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, incluso ha tenido el cinismo de señalar públicamente que “en la sociedad no cayó bien que (Del Castillo) estuviera tratando con alguien que ha lastimado a muchas familias”.
En contraste, las autoridades han mantenido un silencio sepulcral en el caso de las acusaciones en España en contra de Moreira por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. En lugar de divulgar fotografías y mensajes, el gobierno de Peña Nieto ha presumido a los cuatro vientos que no existe investigación o seguimiento alguno al exgobernador priista.
Otros integrantes de la mafia de exgobernadores del PRI gozan de protección similar. Murillo Karam todavía no ha sido llamado a declarar por su indignante mentira histórica sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, otro estado controlado por el PRI desde hace 87 años, hoy despacha cómodamente como cónsul del gobierno mexicano en Barcelona.
El enorme sufrimiento de las familias mexicanas en la actualidad no es resultado de un señor llamado El Chapo, y mucho menos de una actriz de Hollywood, sino de procesos mucho más profundos y estructurales. Las instituciones del Estado mexicano se encuentran hoy al servicio de los peores intereses corruptos y criminales. Como el rey Salmán de Arabia Saudita, Peña Nieto abusa de manera dictatorial de su población y no permite oposición alguna a su régimen.
Todos los días nos enteramos de nuevos casos en que agentes estatales lastiman directamente a la sociedad mexicana. En Guerrero, por ejemplo, el nuevo gobierno priista de Héctor Astudillo nombró como su fiscal general a Xavier Olea, un oscuro personaje que como abogado litigante defendió tanto a Raúl Salinas de Gortari como a Arturo "El Negro" Durazo. Desde la llegada de Olea a su puesto, el pasado 11 de diciembre, Guerrero ha sufrido una epidemia de secuestros y asesinatos, incluyendo el plagio de cinco maestros de una escuela primaria en la comunidad de Santana del Águila.
Hace unos días, en Veracruz, cinco jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada con la muy probable complicidad de agentes de seguridad del Estado. Y en Colima el PRI robó una vez más la elección para gobernador, con lo cual consolidó su predominio ininterrumpido en la entidad durante 87 años desde 1929.
En 2014, la frase “Fue el Estado” constituyó una manera ingeniosa de resumir y articular el reclamo generalizado de una población harta del abuso de parte de autoridades que desaparecen estudiantes, privatizan recursos nacionales, pactan con el crimen organizado, destruyen el medio ambiente y roban a manos llenas. Todos juntos pudimos gritar esta consigna al lado de los estudiantes de Ayotzinapa en una expresión de utopía rebelde y universal.
Pero el caso de Moreira nos recuerda que es importante afinar y precisar nuestro diagnóstico y exigencias. El problema no es “el Estado” en sí, sino un sistema de corrupción y violencia estructural que está acabando con cualquier semblanza del interés público o general en el país.
El verdadero adversario no es entonces “la política” como un espacio de lucha social y humanitaria, y tampoco “los partidos” como organizaciones de articulación de acción política, sino el sistema de autoritarismo neoliberal priista en sus múltiples manifestaciones, que ha logrado engullir a sus otroras adversarios del PRD y del PAN. Ha llegado la hora de dignificar la política, articular la esperanza y conquistar el poder para el pueblo.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 2047
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