* México, ejemplo de impunidad, mensaje que llega de España
* Ley de Telecomunicaciones contraria a derechos de pueblos
* Vacíos legales fomentan el robo de identidad en México
Lunes 18 de enero de 2016
El petróleo mexicano sigue por los suelos, el dólar por las nubes, en tanto que los países se reunirán en Suiza para ver los asuntos económicos, la ONG Oxfam da a conocer que el 1% de personas ricas en el mundo, tienen más recursos y patrimonio que el 99% restante de la población de este planeta, en algo que adelantaron, se preveía para este año, pero ya ocurrió en el 2015, gracias a las políticas privatizadoras del neoliberalismo actual.
Mientras la economía cae y el responsable sigue recibiendo premios, el michoacano Marko Cortés demandó que el gobierno cumpla con sus responsabilidades y ponga atención a la alerta económica que vivimos y que parecen no darse cuenta de ella.
El coordinador de los bicolores, exigió incluso que el ex gobernador de Coahuila sea extraditado a México para que también pague por los delitos cometidos en el país, de los cuales su partido presentó denuncia en su momento.
De que al igual que en sexenios anteriores México es el hazmerreír del mundo, lo confirma no solo los editoriales de ciertos periódicos en el mundo, sino el tono burlón con que la policía española anunció la captura de quien fue el encargado de darle la candidatura al de Atlacomulco, como dirigente del instituto político ahora en manos de los bravos del norte.
Y es que las acciones de Estado no pueden manejarse como Talk Show, aunque el cea sea la escuela de donde lo capacitaron para ser el responsable de Los Pinos, hay que asumir el papel de Jefe de Estado y reconocer que la misión cumplida que demandan los mexicanos es que se termine la inseguridad y haya empleos.
Misión cumplida cuando aparezcan los miles de desaparecidos que día a día se reportan en todos los rincones del país, en que podamos salir a las calles sin ser víctimas de ningún delito y las plazas públicas sean de los ciudadanos, no de la delincuencia.
Es tiempo de reconocer lo que no funciona y comenzar la reforma del Estado, de sus instituciones, para que recuperen la credibilidad perdida ante los ciudadanos, que en las redes manifiestan toda clase de repudio a las autoridades de todos los colores.
Quienes nos conquistaron y nos legaron muchas de las formas de corrupción que hoy permea en nuestra sociedad, es la que castiga a los corruptos de casa, son los medios de comunicación extranjeros los que señalan los defectos del sistema que los medios nacionales domesticados aplauden.
Pero a pesar de todo esto, las encuestas serias señalan que, en las elecciones de este año, serán los tricolores los principales ganadores de los comicios, esto quizás por tan mal papel que los opositores hechos gobierno han realizado. Por eso dicen que “más vale el diablo, por viejo que por diablo”.
Este es el México que tenemos y que pese a lo que se diga en las redes, los mexicanos votan a favor de los criticados, porque los que critican, no han sido capaces de convencer a los ciudadanos de sus argumentos y de sus señalamientos. Porque si bien en las redes los tricolores están perdidos, en las urnas ganan. Para Ripley.
NORMA CONTRARIA
A raíz de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones, diversas organizaciones civiles, representantes y usuarios de estaciones comunitarias e indígenas, han denunciado contradicciones en las disposiciones de la norma, particularmente de su artículo 230, comentó el coordinador del MC, José Clemente Castañeda Hoeflich.
Este apartado precisa que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras de los concesionarios “deberán hacer uso del idioma nacional” -es decir, el castellano-, lo cual “representa una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas para utilizar su idioma originario y se restringe el uso de este a las concesiones con propósito social”, advierte el legislador.
Por ello, promueve una enmienda al referido ordenamiento para añadir la facultad de las radiodifusoras concesionadas para transmitir en cualquiera de los idiomas nacionales reconocidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y subrayar que el uso de estos, en las estaciones, no debe ser objeto de discriminación o restricción.
Castañeda Hoeflich, secretario de la Comisión de Gobernación, refiere que en México existen 364 variantes lingüísticas, correspondientes a 68 agrupaciones que, a su vez, derivan de 11 lenguas indoamericanas, “testimonio de una sobrevivencia de más de cinco siglos en las que habitan el ser del indígena, su posibilidad de pensar, y constituyen un valor incalculable para el país”.
En su artículo 4, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que tanto las lenguas de este sector y el idioma español tiene carácter nacional por su origen histórico por lo que tendrán la misma validez, lo que deja en claro que no puede usarse una sola lengua en representación exclusiva de nuestro país, subraya el diputado.
Lo anterior deriva del mandato de la Carta Magna, que en su artículo 2 consagra la composición pluricultural del país y el derecho de los indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas.
Por tanto, “resulta violatorio de los preceptos constitucionales, y de las legislaciones que de ellos derivan, el hecho de que el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establezca como idioma nacional al castellano y restrinja, en tal sentido, la utilización de las lenguas indígenas a las concesiones de uso social para estos pueblos”, enfatiza.
ROBO DE IDENTIDAD
La suplantación de identidad está considerada como uno de los ilícitos de más rápida expansión en los últimos años. Tan sólo en el primer semestre de 2015 este delito se incrementó 40 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258 casos.
Sin embargo, los esfuerzos por detener esta conducta han sido dispersos y aunque estados como Colima, el Distrito Federal, Estado de México, Tabasco y Nuevo León han adecuado sus códigos penales para reconocer algunos casos, el ilícito no se encuentra tipificado ni sancionado a nivel federal, advirtió la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez.
En este contexto, la legisladora presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para atender este vacío jurídico en el Código Penal Federal e incorporar a este ordenamiento dicha figura.
Tagle Martínez argumentó que el robo de identidad, que se ha convertido en la forma más común del fraude al consumidor que se comente en Internet, “puede causar efectos depresivos en la economía, elevar los costes del crédito y reducir la confianza en el comercio electrónico”.
Refirió que el monto reclamado por los usuarios, en el primer semestre del año pasado, ascendió a 118 millones de pesos, 19 por ciento más a lo reclamado en el mismo período de 2014, y que de este monto el saldo abonado fue de sólo 69 millones de pesos, es decir 58 por ciento.
De cada 10 reclamaciones, agregó, 9 son relacionadas por el uso de tarjeta de crédito y una por la utilización de tarjeta de débito.
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