Ulises Ruiz ante la Comisión de la Verdad

Lunes 4 de enero de 2016 

Aún no se ha hecho público, pero el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz podría enfrentar cargos de “tortura y desaparición forzada”, así se establece en las conclusiones de la Comisión de la Verdad después de dos años de investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en los años 2006 y 2007 que tuvieron lugar en Oaxaca durante su mandato. De ser así muchos gobernadores pondrían sus barbas a remojar.
Conviene subrayar que el artículo 215-A del Código Penal Federal tipifica el delito de la desaparición forzada en tres modalidades: 1.- “Las desapariciones en las que intervienen funcionarios y fuerzas policiales directamente”; 2.- “Aquellas en las que intervienen grupos delincuenciales en complicidad con funcionarios” y 3.- “Aquellas en las que no hay conexión con las autoridades”.
Aunque es un delito autónomo en el Código Penal Federal, solo siete estados cuentan con una legislación penal en esa materia (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 estados restantes no se encuentra homologada como un delito. A ese propósito, el presidente Enrique Peña Nieto envió una Ley, que ha sido aprobada en diciembre pasado para castigar la tortura y las desapariciones forzadas. Ley que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión.
La Comisión de la Verdad fue instituida en Oaxaca por decreto del gobernador Gabino Cué con carácter de Ley y fue publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado el sábado 19 de octubre de 2013. El decreto clasificado con el número 2056 fue aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura de esa entidad.
Como se ha publicado en algunos medios, Ulises Ruiz ha protagonizado una serie de escándalos derivados de los intereses facciosos por la sucesión del próximo gobernador de Oaxaca, quizás debería estar preocupado con los resultados de la Comisión de la Verdad, pero no es así pues está más interesado junto con una caterva de políticos en imponer al sucesor de Gabino Cué, quien tampoco es monedita de oro.
Sería lamentable, pues significaría un retroceso no sólo para la justicia sino para el sistema democrático que Ulises Ruiz evadiera su responsabilidad en los delitos por lo que se le acusa. La Comisión de la Verdad ha documentado las atrocidades cometidas por este político quien podría convertirse en una piedra en el calcetín del presidente Enrique Peña Nieto cuyo gobierno está justamente bajo la lupa de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
En su reciente Informe sobre Desaparición Forzada 2014 presentado por la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos “Monseñor Romero”, se destaca que no existe una base nacional de datos sobre personas desaparecidas y las pocas investigaciones de casos se caracterizan por errores y omisiones y que a pesar del número de denuncias y quejas sobre desaparición forzada México en su informe sobre la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada sólo reporta 6 sentencias a nivel federal por la comisión del delito de desaparición forzada.
No obstante los alarmantes casos de desapariciones forzadas, el gobierno de Peña Nieto se ha visto precisado a salir de su zona de confort tras la masacre y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.
A ese propósito conviene recordar el Informe de la misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (editado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH) que de acuerdo a datos oficiales durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, 110 servidores públicos fueron procesados por el delito de desaparición forzada, pero quedaron abiertas 46 averiguaciones previas por este ilícito en la PGR en tanto otras 26 fueron abiertas en tribunales militares.
La Comisión de la Verdad que tiene como tarea investigar afondo los hechos que motivaron a Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos está integrada por la investigadora y maestra en antropología social Marina Patricia Jiménez Ramírez; el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, así como el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien encabeza este organismo autónomo.
La ley que da espíritu a la Comisión de la Verdad se conforma por cinco capítulos, 18 artículos base y cinco transitorios. En su artículo primero se cita: “La presente ley es de orden público e interés general, tiene por objeto garantizar a la sociedad a través de la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación de los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007, el derecho irrenunciable a la verdad, de las acciones y omisiones que pudiesen haber motivado violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos en contra de personas vinculadas con el movimiento social ocurrido en el estado”.
La Comisión investiga los casos de 20 asesinatos políticos y más de 500 víctimas que fueron secuestrados, detenidos, torturados, desaparecidos, humillados, hostigados o estigmatizados.
Llevar a Ulises Ruiz ante la justica sentaría un precedente histórico en la rendición de cuentas, de lo contrario nos confirmaría una vez más que los gobernadores en su mayoría son auténticos caciques con corchete de impunidad.