“La masacre de Topo Chico no se debe entonces a ‘una riña entre bandas’, como ha señalado el gobernador ex priísta Jaime Rodríguez, sino a la negligencia y la complicidad activa de parte de las autoridades del estado de Nuevo León. Se confirma una vez más que el crimen más ‘organizado’ es el que se organiza y se solapa desde las mismas instituciones gubernamentales. (…).”
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| Nuestros problemas se inician en Los Pinos. Foto JMA |
Lunes 15 de febrero de 2016
“Esto es un pinche mugrero, todos sabemos cómo se manejan las cosas aquí.” Son las palabras de Martín, familiar de un preso en la cárcel de Topo Chico en Nuevo León donde perdieron la vida 49 internos el jueves pasado. A todos (los internos) les piden cuota, les cobran a los familiares mil 200 pesos a la semana para no golpearlos, explica el familiar a La Jornada. El periódico también reporta que desde 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido sobre el control que los mismos internos tienen sobre la seguridad y la vida interna de la cárcel, lo cual ha generado una situación de ingobernabilidad, extorsiones constantes e incluso una red de prostitución dentro del “Centro de Reinserción Social”.
La masacre de Topo Chico no se debe entonces a “una riña entre bandas”, como ha señalado el gobernador ex priísta Jaime Rodríguez, sino a la negligencia y la complicidad activa de parte de las autoridades del estado de Nuevo León. Se confirma una vez más que el crimen más “organizado” es el que se organiza y se solapa desde las mismas instituciones gubernamentales. Si México fuera una democracia, el gobernador responsable tendría que presentar inmediatamente su renuncia después de una tragedia de esta magnitud.
Ahora bien: si las instituciones públicas no son capaces de mantener la orden y la paz en una cárcel, donde supuestamente contarían con un control absoluto sobre la población, ¿qué destino nos depara a los ciudadanos en el resto del país? La respuesta la encontramos en Guerrero, donde ha habido 190 asesinatos y múltiples secuestros masivos durante los primeros 44 días de 2016. También la encontramos en Veracruz, donde la semana pasada Anabel Flores Salazar se convirtió en el decimoquinto periodista asesinado durante el gobierno despótico de Javier Duarte.
En su valiente “Carta abierta a gobiernos” con motivo del asesinato de Flores Salazar, los periodistas de Veracruz preguntan: “¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar (a Veracruz y a Puebla), y tirar cuerpos de un lado y del otro?” (véase: http://ow.ly/Yj0nA). Una vez más se confirma que el verdadero crimen organizado se encuentra dentro, no fuera, del gobierno y las instituciones públicas.
Nuestros problemas se inician en Los Pinos. La semana pasada el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la conclusión a la cual ya habían llegado tanto los científicos de la UNAM como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la supuesta calcinación de los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. Resulta científicamente imposible que los estudiantes hayan sido incinerados en ese lugar. En otras palabras, desde el primer día tanto Enrique Peña Nieto como Jesús Murillo Karam han mentido descaradamente a la población mexicana sobre el caso.
El probable encubrimiento y posible complicidad de estos dos servidores públicos con los delincuentes amerita una investigación independiente. Los resultados de los tres estudios arriba mencionados constituyen más que suficiente motivo para que la PGR inicie una investigación penal contra su extitular y el Congreso de la Unión inicie procedimientos contra el Presidente de la República, de acuerdo con los artículos 110 y 111 de la Constitución. Recordemos que el artículo 108 de nuestra Constitución permite acusar al Presidente por delitos graves del orden común. Si las instituciones públicas no están dispuestas a hacer su trabajo, que la Nación se lo demande.
En este contexto, resulta indignante la actitud complaciente que ha demostrado el papa Francisco con la corrompida y traicionera clase política mexicana. Si bien el sumo pontífice deslizó algunas críticas suaves y demasiado abstractas durante su intervención en Palacio Nacional, el “Papa progresista” terminó avalando y fortaleciendo al narcoestado mexicano con sus afectuosos saludos y agradecimientos demasiado concretos a Peña Nieto, Angélica Rivera, Miguel Ángel Mancera, Emilio Gamboa, Manuel Velasco y Javier Duarte.
Urge romper el guión. Si el Papa no está dispuesto a salir del protocolo del poder represor, tendremos que hacerlo nosotros. Hasta en un sistema político tan podrido como el de Estados Unidos empiezan a asomarse algunas fisuras importantes, con el sorprendente éxito de la candidatura de Bernie Sanders.
México no puede quedar atrás. El primer paso para dejar de ser víctimas es dejar de amar a nuestros victimarios. Hay que dar la espalda a las instituciones realmente existentes, consolidar nuestra desconfianza en la mafiocracia y reconstruir las redes de solidaridad social y trabajo político en favor de la patria. Solamente el pueblo podrá salvar al pueblo.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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