* Uno de los objetivos, el control de cualquier tipo de manifestación ciudadana así sea pacífica, o disolver reuniones o asambleas “ilegales”
* GEM y una mayoría de legisladores afirma primero que la ley tendrá un “enfoque que privilegia el respeto a los derechos humanos”
Votación en el Congreso local. Foto Congreso
Jorge Luis Villa | sábado 19 de marzo de 2016
TOLUCA, Méx. La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada ayer por la LIX Legislatura mexiquense está considerada por los legisladores como “una herramienta jurídica que considera los mecanismos y procedimientos para el uso de la fuerza pública”.
En ella se establecen “normas que garantizan actuaciones imparciales, profesionales y legítimas, apegadas a los derechos humanos, aunado a que se encamina a la capacitación, equipamiento y a la prevención y erradicación del uso excesivo o mal uso de la fuerza”, entendiendo todo esto en el contexto del control de cualquier tipo de manifestación ciudadana, así sea pacífica, o disolver reuniones o asambleas “ilegales”.
Y una advertencia velada -más que nada por el inefable discurso gubernamental de decir una cosa y hacer la contraria-, y que a todas luces es un presagio para no olvidar, es que la información gubernamental a través de la oficiosa Cámara de Diputados, manda al frente como consigna y argumento que la iniciativa aprobada el jueves 17 de marzo está proyectada para “la protección de los derechos humanos y las libertades ciudadanas”.
Con el voto a favor del PRI, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro Social, Nueva Alianza y el PT, pero con el voto de Morena en contra, la LIX Legislatura mexiquense aprobó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como lo habían anticipado, votaron en contra del nuevo ordenamiento.
Los diputados priistas defendieron la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas y señalaron que busca dar certeza jurídica a los actos de autoridad con apego irrestricto a las garantías constitucionales, la legalidad y los derechos humanos. La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que esta ley está “garantizando las libertades y preservando el orden y la paz pública”.
Por su lado, el diputado José Antonio López, dijo que esta ley coadyuva a normar los criterios de la utilización o no de la fuerza ante diferentes situaciones, protegiendo siempre los derechos humanos de todas las partes involucradas en un conflicto durante las manifestaciones.
También los legisladores del PAN votaron a favor de la ley. Raymundo Guzmán respaldó la posición de los priistas y dijo que la ley respeta los derechos humanos pues plantea circunscribir el uso de la fuerza pública a reglas claras.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a través del diputado Aquiles Cortés resaltó que esta ley llena un vacío jurídico en la regulación del uso de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y elementos policíacos.
El diputado Javier Salinas Narváez que había mostrado algunas reservas durante el debate en comisiones, finalmente aprobó la ley. Se aprobó su propuesta para especificar que el uso de la fuerza pública será en casos excepcionales como lo había planteando en comisiones.
Los diputados de Morena votaron en contra e hicieron uso de la tribuna para expresar sus razones. Mario Salcedo González, del PES, destacó que su partido respaldó esta iniciativa pues es obligación del Estado mantener la paz, la tranquilidad y el respeto a la manifestación, al libre tránsito y a la libertad de expresión.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jacobo Cheja Alfaro, dijo que la ley viene a delimitar el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones que se realizan.
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