Preocupante, la impunidad en el caso Tlatlaya, dice la ONU

* Portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos afirmó que toma nota de que PGR proporcionaría evidencia de apoyo para "prevenir que los crímenes cometidos en Tlatlaya queden en la impunidad"
* Le pide al gobierno federal establecer con urgencia la recomendación hecha por Zeid Ra'ad Al Hussein en octubre y establecer una institución forense nacional autónoma con recursos suficientes

Desde, Ginebra, el portavoz de la ONU hizo referencia a la recomendación de la CNDH que indica que de las 22 personas que perdieron la vida, al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega en Tlatlaya en junio de 2014. Fotos Archivo

Redacción | viernes 20 de mayo de 2016

Ciudad de México, 20 mayo 2016.- “Estamos profundamente consternados de que a casi dos años de la comisión de violaciones graves de los derechos humanos en Tlatlaya, estado de México, incluyendo la presunta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso sigue sumida en la impunidad y las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad”, afirmó el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

Desde, Ginebra, el portavoz hizo referencia a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que indica que de las 22 personas que perdieron la vida, al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega en Tlatlaya en junio de 2014.

"Estamos profundamente consternados de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya, incluida la alegada ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso permanezca en la impunidad y a las víctimas se les continúe negando sus derechos a la justicia y la verdad", sostuvo en Ginebra.

Shamdasani recordó que en su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo que el caso Tlatlaya se observaría de manera cercana como prueba del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad.

Shamdasani hizo referencia a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que indica que de las 22 personas que perdieron la vida, al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente en una bodega en Tlatlaya en junio de 2014.

“Siete militares fueron detenidos en relación con el caso, pero en octubre de 2015 , un juez retiró los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada, un tribunal liberó a los otros tres, al considerar que no había pruebas suficientes contra ellos”, señaló.

El portavoz recordó que en su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo que el caso Tlatlaya se observaría de manera cercana como prueba del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad, luego de la reforma al Código de Justicia Militar para que sean las cortes civiles las que juzguen a militares en casos de crímenes contra ciudadanos.
Respetamos plenamente la independencia del poder judicial y tomamos nota de la declaración de la oficina del Procurador General de la República de que seguiría proporcionando evidencia de apoyo para "prevenir que los crímenes cometidos [...] en Tlatlaya [...] queden en la impunidad", agregó Ravina Shamdasani.

El supuesto enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, dejó como saldo 22 muertos el lunes 29 de junio de 2014.

"Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen una investigación minuciosa, efectiva, imparcial, independiente y profunda en este caso emblemático. También urgimos a las autoridades de judiciales y de procuración de justicia a cumplir con las más altas normas y estándares de derechos humanos en sus investigaciones y en la conducción de sus juicios", puntualizó.

Consideró que las investigaciones tienen que extenderse para examinar a todos los que pueden ser responsables, incluidos los militares superiores que tienen cadena de mando, así como quienes dieron las órdenes para cometer estos crímenes.

Asimismo, indicó que otras denuncias de violaciones como la detención arbitraria o la tortura de los testigos deben ser investigadas. Por último, pidió establecer con urgencia la recomendación, hecha por el Alto Comisionado en octubre, para establecer una institución forense nacional autónoma con recursos suficientes.