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* Es el primer caso en ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; fue ingresado al penal de Nezahualcóyotl

La PGJEM señala que ahora será un juez quien determine la situación legal de Julio César Hernández Ballinas. Foto tomada de El Universal

Redacción | viernes 24 de junio de 2016

Ecatepec, Méx., 24 de junio.- “Mariana Lima Buendía tenía 29 años y era abogada. Fue asesinada en 2010 por Julio César Hernández Ballinas, su esposo, policía judicial.

“Él dijo que fue suicidio, pero la historia de golpes y amenazas contra Mariana impulsó a Irinea Buendía, su madre, a luchar por la verdad. En 2015 la Suprema Corte de Justicia ordenó investigar el crimen como probable feminicidio.

“Hoy después de 6 años de lucha, Julio César Hernández Ballinas está preso.”

Este mensaje, es uno de tantos recibido como muestra de respaldo a la señora Irinea Buendía Cortez, madre de Mariana, quien se negó desde aquel fatídico 28 de junio de 2010, a aceptar que su hija se había suicidado, tal y como lo sostenían el ahora procesado por feminicidio, y el Ministerio Público de Chimalhuacán, con el propósito de proteger a quien era uno de los responsables de las investigaciones ministeriales en ese municipio.

De la información proporcionada por la señora Buendía, aquí en Ecatepec, durante su visita del 25 de junio de 2014, señaló que la PGJEM concluyó que se trataba de un suicidio a pesar de que la familia denunció que se trataba de un feminicidio (ver http://bit.ly/28Um4al).

La tenacidad de la madre de Mariana Lima y sus familiares, con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, logró que la Primera Sala de la SCJN otorgara el amparo a la víctima obligando al gobierno del Estado de México a investigar con perspectiva de género y debida diligencia la muerte violenta de la víctima, hecho histórico que ocurrió el 25 de marzo de 2015.

Además, sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia debido a las muchas irregularidades observadas durante las investigaciones, iniciando en primer término con la alteración de la escena del crimen.


 Los padres de Mariana Lima, en una gráfica del 25 de marzo de 2015. Foto de Julián Cruzalta.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que Julio César Hernández Ballinas, responsable de la muerte de Mariana Lima Buendía, cuyo feminicidio fue el primero en ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ingresó ayer al penal de Nezahualcóyotl, luego de cumplirse una orden de aprehensión por el citado crimen ocurrido en aquella fecha.

La PGJEM señaló que la acción penal en contra de Hernández Ballinas ocurrió luego de la investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, a cargo de un grupo interdisciplinario y especializado en perspectiva de género, con ministerios públicos, policías ministeriales y peritos, todos especializados en dicha área.

Julio César Hernández Ballinas durante una entrevista de Israel
Ramírez publicada por YouTube. Foto del Video
Cuando Mariana Lima Buendia fue encontrada sin vida en un inmueble (la casa donde vivía) en el municipio de Chimalhuacán. Hernández Ballina en ese momento era policía ministerial en activo, detalla la dependencia.

“El 25 de marzo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad otorgar un amparo para reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía.

“La Corte ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realizar las labores correspondientes e investigar la probable responsabilidad de Hernández Ballinas, en estos hechos, así como posibles actos de encubrimiento en las primeras diligencias realizadas”, puntualiza la Procuraduría estatal y señala que ahora, será un juez, quien determine la situación legal de Hernández Ballinas.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó que después de un año de emitida la sentencia histórica de la Primera Sala de la SCJN en el caso Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, se demuestra por primera vez en la historia de México que con una investigación realizada con perspectiva de género y debida diligencia, las víctimas pueden acceder a la justicia.


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