* Insatisfactorias leyes para combatir la corrupción en
México
* Dentro de un año habrá Ley General de Seguridad Pública
* Duplicidad en entrega de recursos para combatir la pobreza
Lunes 20 de junio de
2016
Salieron las leyes secundarias anticorrupción a modo del
gobierno, donde si bien metieron a los empresarios como sujetos obligados a
presentar sus tres declaraciones, es cierto que estas no serán públicas para
que los ciudadanos conozcamos no solo el patrimonio de los funcionarios de los
tres niveles de gobierno, sino también de los empresarios que se han
enriquecido al amparo del poder a cambio de dádivas como Casa Blanca a
gobernantes.
Los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, mejor conocida como 3de3, no recoge en su totalidad la demanda
de los ciudadanos para combatir la corrupción, haciendo obligatorio el que las
declaraciones sean públicas, sino potestativas a cada uno de los actores, si
quieren, lo podrán hacer, si no, usando la ley de datos personales, lo
evadirán. Habrá cosas públicas dentro de lo autorizado por la ley, sino no.
Aprobadas las leyes, el PRD solicitará la inconstitucionalidad
de ellas, en tanto que los legisladores del gobierno y sus aliados aplaudieron
su aprobación, al igual que la derecha que, aunque considera que hay que
corregirla, la da como un paso adelante en el combate de la corrupción en
México.
No cabe duda que debemos ser los ciudadanos quienes
impulsemos los cambios que necesita el país, ya que el sistema de partidos deja
mucho que desear, al estar sujeto a los acuerdos en el poder, los que
posibilitan o no, avances o retrocesos de la sociedad.
Por eso, es que algunos afirman que la aprobación de las
leyes en los términos en que se realizaron, fue una burla del PRI-PVEM a los
ciudadanos que demandaron mayor transparencia en México.
La sociedad es la debe evaluar los avances o retrocesos que
en el combate a la corrupción se tengan a partir de estas leyes, donde como la
vox populi lo demanda, debe terminarse el fuero de los servidores públicos
electos o designados, de todos los niveles de gobierno, una fiscalía autónoma
en verdad que no actúe de acuerdo al color del gobierno ni politice la acción
de la justicia, así como que los funcionarios cumplan con requisitos de
probidad, honestidad, experiencia y conocimiento del cargo que ostenten.
Porque luego resulta que quienes son sorprendidos con
irregularidades en un sector, simplemente lo acomodan en otro, o bien forman
parte de grupos enquistados en ciertas áreas, que los gobernantes no pueden
mover por el control de información gubernamental que tienen. Un ejemplo es la
Seguridad Pública que quieren dejar en manos de un solo mando, es como poner la
Iglesia en manos de Lutero, decían los clérigos. Solo basta ver quiénes están,
desde cuándo están, cuántos gobernantes han pasado y siguen ahí.
El combate a la corrupción debe ser integral y tocar a todos
los que de una u otra forma la promueven, la implementan y la mantienen.
MANDO POLICIAL MIXTO
Los gobernadores de los estados podrán asumir temporalmente
el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza
mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley
general en la materia, hasta en tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública determinará lo conducente conforme a esta
Constitución, señala la reforma aprobada por El Senado.
Dispone que los municipios tengan a su cargo una “Policía de
proximidad y tránsito”, con competencia para la aplicación de los bandos de
policía y gobierno, e imposición de sanciones por infracciones administrativas,
en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional.
El dictamen precisa que la seguridad pública también es una
función a cargo del Estado, que tiene como finalidad salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la
paz públicos, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna y la ley general
en la materia.
Plantea que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará
sujeto a una regulación para el reclutamiento, la selección, el ingreso, la
remuneración mínima, la formación inicial, continua y de mandos, la
permanencia, la rotación, la evaluación, el reconocimiento, la certificación de
habilidades, los estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario de
los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la ley
general de la materia, que establecerá un sistema nacional de carrera, basado
en el desarrollo policial y las prestaciones complementarias de seguridad
social.
Además, la actuación de las instituciones policiales de los
tres órdenes de gobierno con base en los criterios de coordinación que
establezca la ley general de la materia, que también preverá los casos de
excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas
actuarán bajo el mando de las federales y en las que las municipales lo harán
bajo el mando de las estatales o federales, con el propósito de asegurar la
eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública.
Los hechos de sangre que ocurren en todo el país y en
particular en el Estado de México, demandan desde ya, que en verdad se
garantice la seguridad de las vidas y patrimonios de todos los mexicanos. ¿Será
que ahora sí cumplirá el Estado con su responsabilidad? Porque el Congreso
tiene 12 meses para decretar el reglamento del artículo 21 constitucional, que
será la ley General de Seguridad Pública. Mientras tanto, que su santo lo
proteja, ore, encomiéndese a su protector o ¿seguirá la justicia por propia
mano?
NO LLEGAN RECURSOS
Las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) para medir la
pobreza no cuentan con reglas fijas y claras, lo que genera confusión e
incertidumbre territorial, así como dificultad para elaborar planes a largo
plazo, señaló el presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo,
Juan Pablo Piña Kurczyn.
Actualmente, dijo, hay dos formas de medir la pobreza: a
través de las Zonas de Atención Prioritarias y las AGEBs, lo que produce
“incongruencias y limitaciones que imposibilitan a los municipios ejercer los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y,
por ende, tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF)”.
De los 2 mil 80 municipios que disponen con una Zona de
Atención Prioritaria, existen al menos 994 que también cuentan con Áreas
Geoestadísticas Básicas, es decir, “hay una duplicidad en la geografía de la
pobreza por este problema”, denunció.
Indicó que entre 2013 y 2014 disminuyeron 4 mil 735 AGEBs,
situación que afectó a 204 municipios mayores a cien mil habitantes. Además,
existen 354 ayuntamientos sin clasificación de pobreza; no obstante, “reciben
dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”.
Por ello, dicha instancia legislativa aprobó una opinión
favorable a la iniciativa que modifica las leyes General de Desarrollo Social y
de Coordinación Fiscal, para establecer reglas claras y sencillas que se
traduzcan en una mejor distribución de los recursos federales a aquellos
municipios del país que más lo necesitan.
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