Derogar el fuero, urgente; se vuelve escudo de impunidad: Javier Salinas, diputado del Edoméx

* Debido a su uso perverso y para protegerse de presuntos delitos, el congresista mexiquense promoverá su anulación para servidores públicos del estado de México

El estado de México, que se ufana en aprobar leyes vanguardistas, no puede rezagarse en la discusión de derogar el fuero constitucional en el Edoméx, dijo el legislador Javier Salinas Narváez. Foto Mary Santiago

Mary Santiago | miércoles 20 de julio de 2016

Toluca, Méx., 20 de julio. En virtud de que se ha convertido en un escudo de impunidad, el diputado Javier Salinas informó que la primera iniciativa que promoverá durante el periodo ordinario de sesiones que comienza este miércoles, implica la derogación del fuero constitucional para los servidores públicos que en la actualidad gozan de él.

La sociedad mexiquense, expuso, critica la existencia de esta figura, pues impide que estos funcionarios sean procesados penalmente por los ilícitos cometidos durante el ejercicio de su encargo, por su uso perverso.

“La inviolabilidad constitucional se ha convertido en un escudo protector para políticos, ex gobernadores, ex secretarios de Estado, ex ministros, que buscan convertirse en legisladores para evitar ser procesados por diversos delitos cometidos durante anteriores encargos y en el ejercicio del mismo”, destacó.

El pasado 13 de junio, recordó, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el Decreto Número 882 que eliminó el fuero constitucional del gobernador y demás servidores públicos del Poder Ejecutivo.

El 14 de julio, el Congreso de Jalisco aprobó, por unanimidad, la eliminación del fuero a funcionarios de estado, incluidos el gobernador, los legisladores y el fiscal general, mientras entidades como San Luis Potosí se encuentran en proceso de discusión.

El estado de México, que se ufana en aprobar leyes vanguardistas, dijo, no puede rezagarse en la discusión, “por lo que proponemos eliminar esta figura de nuestra carta constitucional para que los servidores públicos podamos ser procesados por cualquier tipo de delito, aún durante el ejercicio de nuestros cargos públicos, como cualquier otro ciudadano mexiquense, sin que exista ningún procedimiento previo que bloquee o retrase la acción de la justicia”.

La propuesta plantea que el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México disponga: “no habrá fuero ni inmunidad de ninguna clase para ningún servidor público”.
El 131, también de la Carta Magna de la entidad, establecerá: “El Gobernador, los diputados de la Legislatura del Estado, los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo y el Fiscal General, y los integrantes de los órganos superiores de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, son responsables de los delitos que cometan durante su encargo en el ejercicio de sus funciones”.

El 132 Constitucional determinará: “Los servidores públicos sujetos a procedimiento penal deberán enfrentar éste en libertad o bajo reclusión, según dispongan los códigos respectivos y, si con motivo de tales procedimientos resultan impedidos para prestar el servicio público para el cual fueron electos o designados, deberán entrar en funciones sus suplentes, si fuera el caso, o bien los mecanismos de suplencia, remoción y sustitución en términos del procedimiento que al efecto determine la ley respectiva”.

Y el 42, segundo párrafo, establecerá que “los presidentes de la Legislatura y de la Diputación Permanente velarán por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar” –ya no, además, por el fuero de los diputados.

También se propone modificar la Fracción III del artículo 1º. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para que estos servidores públicos sean sujetos a responsabilidades y sanciones de naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias; y derogar la Fracción V de la misma disposición, y los artículos 5 al 40.

El legislador hizo un llamado a su coordinador parlamentario, Juan Zepeda, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política a dejar de lado los diferendos políticos y personales, y priorizar el interés supremo de la población en el análisis, dictamen y sometimiento de las iniciativas de los diputados ante el pleno.