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| Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. Foto de ndmx.co |
Por Rogelio Hernández López*
Lunes 18 de julio de 2016
Sería de risa saber, que Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI demandó civilmente, por presunto daño moral a su prestigio y honor, al doctor Sergio Aguayo investigador académico del Colegio de México y articulista, bien acreditado en ambas actividades. Pero recomiendo no tomar a chunga el asunto porque es demasiado serio, por las sombras que asoman contra el ejercicio del periodismo.
Es casi seguro, que de proceder el juicio civil en el Distrito Federal, el otro Moreira perderá, ya sea en el juzgado o en las instancias siguientes como son los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay varios antecedentes de los ministros de la Corte en defensa de la libertad de opinar cuando no hay mentiras o dolo en el ejercicio periodístico. Lo preocupante, es la intención del político: coincido con Aguayo que el fondo de esa demanda es amedrentar para acallar.
Sergio sabe cómo enfrentar estos asuntos con éxito, pero además una de sus fortalezas es esa vasta red de colegas académicos y periodistas afines a sus investigaciones y su activismo social; por años estuvo colocado como acusador de su colega doctor y compadre Primitivo Rodríguez Oceguera; ganó el juicio por daño moral que duró varios años. Hasta donde sé, Sergio condonó al perdedor gran parte de los varios millones que debía pagarle.
Las sombras
Insisto, lo preocupante es el fondo de la demanda de Moreira: amedrentar con la aplicación de la ley para acallar a un periodista. Sergio entra en la definición de la Ley de Protección respectiva por sus labores de investigar, opinar y difundir en medios de prensa.
Si “prende” esa demanda será por fuerzas extralegales y el mensaje florecerá; si lo acallan a él, será más fácil con otros menos fuertes.
El caso es rodeado por la atmósfera nacional de agravios contra periodistas mexicanos para silenciar. Son demasiados los indicadores: amenazas directas o indirectas, presión a sus empleadores, agresiones verbales o físicas y asesinatos. Hasta ahora, el tipo de agresión menos usada por políticos y particulares es la presión jurídica.
Y, lo jurídico es el ámbito donde se han creado más restricciones y sombras amenazantes a la libertad de expresión. No sólo existen los códigos civiles para que la gente de defienda del periodismo mal ejercido, sino que ya son decenas de normas que restringen el libre flujo de la información y de las opiniones.
Al respecto he reflexionado varias veces en esta columna y lo compilé en un ensayo sobre las vulnerabilidades de los periodistas, difundido por Freedom House y la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. Me autocito:
Hasta hace 12 años, las pocas restricciones a la libertad de expresión (y a sus usuarios principales que son los medios de prensa y los periodistas) estaban en la anacrónica Ley de Imprenta de 1917, en el artículo 6º constitucional (“en caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”); en el Código Penal Federal y sus similares en las 32 entidades por los llamados delitos de honor, calumnia y difamación. Así era.
Ahora, nuevas restricciones se derivaron de la reforma reciente el artículo 1º constitucional de ampliación de los derechos humanos y se desarrollaron en dos leyes reglamentarias: la Ley General para Prevenir la Discriminación y Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En la primera se prohíbe toda discriminación incluso en los medios de comunicación y en la segunda se sancionarán a medios electrónicos e impresos que manejen imágenes o historias que “puedan implicar menoscabo de su honra o reputación” de infantes y jóvenes.
Más limitaciones se agregaron a los artículos 6º y 28 constitucionales y se ampliaron en las leyes generales de lo Electoral y la de Telecomunicaciones: se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y se limita la contratación de propaganda electoral a particulares; igual se norma a la radio y televisión para evitar monopolios y para que se preserve “la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional”.
Otras se impusieron en el Artículo 134 constitucional y sus leyes secundarias para servidores públicos que limitan los espacios mediáticos que ocupaban para su promoción individual en los mensajes institucionales.
Igualmente hay nuevos cotos para la trasmisión de datos personales y de documentos oficiales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al igual que se constriñe la difusión de imágenes, datos y de procesos judiciales tanto de víctimas como de presuntos culpables en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.
Respecto a los derechos individuales al honor y la reputación, si bien se despenalizaron a nivel federal en 21 entidades esto no significa que desaparecieron como causas de castigo. Hoy son faltas que se sancionan en el Código Civil Federal (Artículo 1916). En otras 11 entidades aún persisten cómo delitos penales la difamación y la calumnia.
Y hay más. Por ejemplo en materia de libertad de expresión en la Internet, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) investigó la existencia de nuevas acotaciones en diez leyes secundarias que sin mencionar la Internet ingresan el término Medio Electrónico o Informático: Código Civil Federal; Código de Comercio; Código Federal de Procedimientos Civiles; Código Fiscal de la Federación; Código Penal Federal; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley Federal de Telecomunicaciones; Ley de Información Estadística y Geografía.
Si los políticos quisieran aplicar esas leyes para controlar la información y las opiniones el silencio sería monumental. Es muy poco lo que se ha legislado para defender el ejercicio del periodismo. Moreira Valdés ya ha demandado a otros periodistas y los acalló parcialmente apoyado en ese lado oscuro. Ahora va contra Aguayo.
* Reportero desde 1977. Especializado en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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