Denuncian despojo ilegal por el gobierno estatal en Valle de Bravo

* El “motivo” es que sean expropiados dos predios por el gobierno mexiquense con la justificación de que en la zona se creará un espacio público cultural

Policías estatales y municipales acudieron a la colonia Santa María Ahuacatlán, en Valle de Bravo, para desalojar a los propietarios de dos predios expropiados por el gobierno mexiquense. Foto Especial.

Redacción | miércoles 3 de agosto de 2016

Valle de Bravo, Méx. Una familia de este municipio denunció que fue despojada de sus tierras de manera ilegal por parte del gobierno del estado de México, sin previa notificación y con el uso de la fuerza pública.

La mañana del pasado viernes, policías estatales y municipales armados y con maquinaria pesada llegaron a la colonia Santa María Ahuacatlán para tomar posesión de dos predios que están a un costado de la Presa Vallesana, publicó en su portal Reforma este lunes.

De acuerdo con Benjamín Arturo Villalpando Téllez, hijo de uno de los propietarios expropiados, para ejecutar la acción los uniformados mostraron una Gaceta del Gobierno estatal con fecha del 27 de junio, firmada por el mandatario Eruviel Ávila, refiere la nota informativa.

En dicho documento se aprueba que los dos predios ubicados a un lado del Museo de Arqueología y de la Casa de Cultural de Municipio, y a menos de 50 metros de la Alameda y la explanada del embarcadero, sean expropiados por el gobierno mexiquense con la justificación de que en la zona se creará un espacio público cultural.

Según la Ley de Expropiación del Estado de México, en su artículo 12, establece que la declaratoria de expropiación deberá ser notificada al propietario del bien afectado, lo cual no ocurrió.

"Sólo en el caso de que se ignore el domicilio de éstos, la notificación se hará mediante publicación por tres veces de un extracto del decreto, de tres en tres días en un periódico de mayor circulación en el Estado".

Sin embargo, en este caso no hubo notificación personal ni pública a los afectados a pesar de que uno de ellos vive en el lugar, que es un terreno de mil 469 metros, perteneciente a la familia Villalpando, en donde además de su casa tienen un negocio tipo embarcadero para las lanchas de unos 50 residentes del lugar.

El día de la expropiación, los policías no pudieron desalojar este predio ya que ahí se encontraban las 50 lanchas, cuyos valores ascienden a 60 mil dólares cada una. De acuerdo con vecinos, los policías rompieron los candados del otro predio donde no estaba el dueño y derribaron una casa, la cual tenía más de 100 años de antigüedad.

"Nunca nos notificaron, aquí vivimos, de repente llegaron con la Gaceta a decirnos que nuestro hogar está expropiado. Llegaron muchos policías estatales con armas, con maquinaria, no nos dejaron entrar por horas a nuestra casa", indicó Villalpando Téllez.

El afectado acusó que además de intentar desalojarlos hubo presión hacia su padre Fernando Villalpando Ávila, dueño del predio, para que firmara el acta de posesión y deslinde a Jaime Bueno López, director general de Gobierno de la Región Valle de Bravo, quien encabezó la ejecución de la expropiación.

"Hubo presión, el hecho de que tirarán la casa del vecino fue para amedrentarnos. Se nos fue negado el acceso para coaccionar a mi padre que se quedó solo ahí, obligándolo a firmar este documento. Él lo hace por defender a la familia ante tal agresión.

"Estábamos espantados de que nos fueran a demoler nuestro hogar, nuestra vivienda. Este documento fue firmado bajo toda esa presión", acusó. Con la firma obtenida, el representante del Gobierno estatal le dio a la familia hasta el próximo viernes para desalojar.

Hacen consulta pública en lo 'oscurito'

Señala la nota de Reforma que “el pasado 23 de julio el gobierno del estado de México realizó una consulta ciudadana en la Alameda de este municipio, en la que apenas participaron unas 40 personas.

La consulta sería para conocer la opinión de los habitantes en el tema de rehabilitación de los espacios públicos, pero también serviría como un documento que forma parte del trámite de expropiación de dos predios.

Carmina Navarrete, una de las participantes en el proceso, explicó que durante la consulta se mostraron planos de las acciones que el gobierno estatal buscaba hacer en el embarcadero.

Fuente: Reforma