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| Parte del equipo de Comunicación Social del gobernador Eruviel Ávila. Foto GEM |
Por Rogelio Hernández López
Lunes 29 de agosto de 2016
En días recientes se reavivó un asunto que interesa mucho a periodistas del Estado de México. Hay indicios de que el Congreso del Estado de México podría dictaminar la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, casi cuatro años después de que Eruviel Ávila Villegas la presentase como iniciativa. La pregunta que debemos hacerle al gobernador es sí todavía quiere que se legisle.
Hay cierto frenesí en rededor de esa iniciativa, aunque había tres relacionadas en la congeladora antes que ésta llegara al Congreso. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México promovió dos foros en Toluca a mediados de agosto y lo apoyaron diputados de las comisiones que la dictaminarían. El día ultimo habrá un tercer foro en Chalco para consultar a periodistas y legisladores locales del oriente. La consulta parece seria.
Que ese tema reverdezca en la entidad más poblada de México nos interesa a periodistas del país involucrados en mejorar el andamiaje legal que ayude a mejorar nuestro ejercicio y, de paso, darnos garantías a los que intervenimos profesionalmente en todas las fases del proceso de informar mejor a la gente.
Cuatro de esos colegas Andrés Solís, Héctor Peñaloza, Edmundo Cansino y Enrique Gómez me hicieron el favor de involucrarme para el tercer foro porque suponen que puedo aportar, por mis cuatro años como directivo de la Casa de los Derechos de Periodistas. Gracias por eso y va una primera reflexión.
Parece viable
La iniciativa de Eruviel (perdonarán los modales iconoclastas), por su sentido general, es bastante buena porque va al fondo del tema, es decir no se queda en la protección a periodistas, ni se disminuye su alcance para crear fondos de ayuda excepcionales; pretende reconocer siete derechos para el ejercicio profesional, pero además aceptaría asentar en una ley que el gobierno estatal tiene la obligación de tutelar a medios y periodistas para que sea pleno el ejercicio de otros derechos laborales, profesionales y sociales.
Creo que es viable porque el reconocimiento de los derechos que se proponen no contravienen y si se soportan en las convenciones internacionales y en varias leyes mexicanas; desde el punto de vista financiero también sería fácilmente aprobable porque no implicaría erogaciones adicionales del presupuesto público, salvo cuando se tuvieran que aplicar medidas cautelares por alto riesgo a medios y periodistas. Y eso, quizá porque para estos casos hay un fondo federal en el mecanismo federal de la Segob.
Si creo que el proyecto como está -con algunas mejoras necesarias- es perfectamente viable jurídica, financiera y hasta políticamente porque el gobernador, diputadas y diputados, periodistas y la Codhem arriesgarían muy poco al empujarla y obtendrían varias satisfacciones. Es decir, de aprobarse con los ajustes indispensables, la ley final un “gana gana” para todas las partes, pero siempre y cuando se apruebe en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, antes de las elecciones de 2017.
Ajustes
Esa iniciativa de octubre de 2012 padece de oquedades y algunas imprecisiones, pero casi todas pueden subsanarse con facilidad. Por ejemplo, refiero las cuatro más importantes:
En el Artículo 1 hay un principio de avanzada. Dice “La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio... y tiene como objeto garantizar y tutelar el libre ejercicio de la actividad periodística... “. Pero le falta reconocer un objetivo de nivel de Estado que es es reconocer al periodismo como una actividad del interés público y que, por lo tanto, los poderes del gobierno tienen la obligación de garantizar sus derechos y tutelar su ejercicio....
Igualmente, tiene que afinar la definición de periodista porque su propuesta acota mucho la libertad de expresión para otras personas que intervienen en una o varias partes del proceso de informar y expresarse. De no hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervendría por “evidente inconstitucionalidad” como hizo con una similar en Quintana Roo y lo hará, en pocos días, con otra relativa de la Ciudad de México.
Por ejemplo, también le falta definir a la autoridad y al instrumento operativo que brindarían la protección cautelar en casos de riesgo. Con instancia y mecanismo estatal completaría armonizaría con la ley federal y su Mecanismo.
Para estos ajustes no se necesita más consulta pública. Hacerlos sería armonizar con el andamiaje constitucional e internacional. Insisto, el proyecto es muy viable y, hasta aquí con pocos costos económicos.
El nudo
Pero un cuarto aspecto que le falta, es que no crea como capítulo la obligación que sí reconoce de Tutelar. Tiene que insertarse y precisar que su población objetivo serán los periodistas vulnerables.
Esa parte parece indispensable para responder a las demandas, ya añejas en esta entidad y otras, en grupos de periodistas requieren ayudas para obtener mejores ingresos y prestaciones laborales. Aquí, hay segmentos que insisten en la creación de un fondo de ayuda (fideicomiso lo dicen), como el que existe en Guerrero. Ahí, en ese aspecto, está el nudo mayor.
Pero ese nudo también puede desatarse si en la ley se inserta una referencia a que el Ejecutivo del Estado, por medio de sus instancias respectivas, diseñará un plan anual de políticas públicas para incorporar a periodistas vulnerables a los programas de atención social existentes. Ese nudo sí, tiene que debatirse en foros, con el Congreso del Estado y, sobre todo, convencer al Gobernador Eruviel para ver si todavía mantiene la intención de mejorar la comunicación política en su estado al reconocerle derechos a los periodistas para que informen mejor. ¿Querrá todavía Eruviel?
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* Reportero desde 1977. Especializado en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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