Periodismo de investigación: preguntas
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| Sara Lovera. Foto SemMéxico |
Jueves 18 de agosto de 2016
SemMéxico. El día 10 de agosto, Periodistas en Español reprodujo este texto que escribí el 11 de agosto de 2015. Me parece absolutamente vigente a la luz de las discusiones públicas sobre igualdad y violencia contra las mujeres y el papel de los medios.
Y aunque se refiere a algo del pasado y no se actualiza cómo andamos hoy en el proceso de las Alertas de Género, vale la pena volver sobre lo mismo y con idénticas palabras. Gracias por comprenderlo.
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Cuando una es realmente periodista, lo de investigación es un pleonasmo, lo que hace es contrastar lo que se tiene. Averiguar con el objeto de ofrecer una importante información.
Hace años, en 2005, formé parte de la investigación, la primera, seria y contundente, sobre el fenómeno del feminicidio en México, que yo coordiné y dirigió la antropóloga Marcela Lagarde. La investigación verificó series de información de homicidios dolosos por sexo. Entonces era claro que en la procuraduría no tenían datos por sexo, hubo que espulgar y conseguirlos: otra base de datos era la Secretaría de Salud, donde se verifican los decesos, y una más: las cifras abundantes y pormenorizadas de INEGI, sobre violencia.
Descubrimos que el fenómeno mundialmente conocido de Juárez era el caso emblemático y encontramos lo que no puede imaginarse.
En 2004 -por ejemplo- el número de asesinadas por cada cien mil habitantes en Durango tenía el primer lugar. Era un mito público que sólo sucediera en Juárez. Encontramos perlas históricas para el caso del Distrito Federal.
Comprobamos cómo la curva de crecimiento de los homicidios dolosos contra mujeres iba de la mano de la ruta de la guerra contra el narco, exponencial en el sexenio siguiente.
Sería muy interesante ver a qué se comprometió, en su momento, la Conferencia de Procuradores; cuántas cosas organizó el Estado para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en Ciudad Juárez y cómo nacieron algunas instituciones como la Fiscalía que debía atender los asesinatos de mujeres. Hoy Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVINTRA).
Nos dimos cuenta de las diferencias entre una entidad y otras; se razonó sobre qué sucedía en estados de alta densidad; en zonas de alta población indígena; cómo funcionaba la misoginia y el machismo en zonas de producción de caña de azúcar, como Cuautla en Morelos.
La primera investigación fue riquísima para constatar cómo lo que ahora llamamos feminicidios, confundiendo lo que son los homicidios con dolo, y cómo esta práctica está ligada a la visión de minusvalía para las mujeres. Un fenómeno histórico que no responde ni a gobiernos precisos, ni a gobiernos con partido, ni a voluntades simples. Cómo el asunto es profundo y variado.
Dos entidades tenían los primeros lugares, por razones de población, cercanía con centros urbanos de alta densidad, en localidades precisas: Estado de México y Distrito Federal, y en otras variantes Chiapas y Veracruz.
Por eso era lamentable señalar como grandísimo problema sólo a Juárez, que claro que lo era, nos ayudó a jalar la hebra y fue fundamental para empezar a discutir, analizar y crear las primeras acciones para parar la violencia contra las mujeres; cómo funciona la justicia o más bien cómo esta no funciona. Que sucede en la mentalidad de los y las servidoras públicas de esa área fundamental en México.
Por eso extraña el golpeteo sistemático solo sobre Juárez, primero, y luego sobre el Estado de México, cuando el tema es nacional. Leí con sorpresa una “investigación” basada en uno de los tantos dictámenes de negativa a declarar la alerta de género, sin analizar el contenido del acta, de más de 70 cuartillas que yo conservo en mis archivos, punto por punto. Lo vi asombrada porque acusa, miente y señala cosas que en esa sesión no sucedieron y corta tangencialmente lo ahí discutido.
El centro de la discusión no fueron las cifras, sino un mecanismo que nació viciado porque involucraba a los sectores directamente responsables. Por eso, 20 entidades y no 15, incluida la gobernada por el PRD en Guerrero; la abstención del gobierno panista de Baja California y la favorable de los representantes del gobierno federal, casi unánime, panista y otros organismos sin partido como CONAPRED, así como el Distrito Federal, Jalisco y Guanajuato. En total once.
No dirigía la reunión la representante del Estado de México, la que menos habló y sólo para decir que el procedimiento estaba mal. No manejó cifras, sino propuso cambiar el procedimiento, que estaba viciado precisamente porque las representantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia sentían que en cada demanda de Alerta de Género se juzgaba al gobierno y no se atendía el problema, ni se veía lo que la Ley de Acceso aporta para un conjunto de políticas públicas.
La demanda de Alerta de Género -efectivamente, por todas las partes-, a lo largo de los últimos años se ha politizado. La funcionaria del Estado de México Lorena Cruz Sánchez, encabeza ahora el Instituto Nacional de las Mujeres, y ella promovió el cambio de reglamento. Ella en esa acta, que sí está en mi poder, primero reconoce el problema; dos, dice que no se maquillan las cifras, tercero que es necesario cambiar el reglamento y, cuarto, que no hace referencia nunca a desestimar la demanda.
Evidentemente que ver sólo un texto de 2011 para el periodismo de investigación es sólo una parte, sin ver qué ha sucedido ahora y tras el cambio de reglamento, prácticamente dos declaratorias, según se vea, de nueve, tres promovidas en 2010 y 2012; una reiterada del Estado de México y cuatro de 2014, más una en Sonora de 2015. El nuevo reglamento ha sacado –como votantes- a las representantes del gobierno del Sistema.
Es decir, investigar es un problema mayúsculo que debe ir más allá que repetir argumentos, todos válidos, de la gravedad del problema, que es nacional, que debe ser atendido y que urge. Como urge que los gobiernos de los estados apliquen bien los presupuestos federales para violencia, que no se investiga periodísticamente; que analice nuevos compromisos de los gobernadores, vía CONAGO, que haga un balance de la Conferencia de Procuradores, que tampoco se hace en ninguno de los reportajes ubicados sólo en el Estado de México.
No es defender ni denostar. No me gusta. El fenómeno de la violencia contra las mujeres pasa por el lenguaje sexista de los medios; las investigaciones amarillistas de los medios contra personajes y no haciendo análisis de contexto; que acusa a personajes como si fueran los que van a resolver, mientras la sociedad en su conjunto sigue validando la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Vi en ese reportaje malo, sesgado y mal intencionado del periódico digital Sinembargo, falta de profesionalismo, de plantear el problema sin misoginia, porque no se trata de una guerra entre las conductas de los funcionarios, omisos ciertamente en un sinnúmero de problemas locales y nacionales; no veo cómo no se analizan casos de jueces y tribunales donde quedan varadas las demandas.
Igual para el caso de periodistas y defensoras y defensores de Derechos Humanos, donde es verdad que la responsabilidad primigenia es de los gobernadores o presidentes de la República, pero no se analiza la conducta misógina y discriminatoria de las y los operadores de las políticas.
Pienso que golpear a una persona, sin investigar, sin aportar nuevas realidades, sin tocar el fondo de los problemas, aun usando ejemplos precisos, no es lo necesario. Conozco un caso en el Distrito Federal donde casi mata el marido a la víctima, que defendió y logró avanzar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y otras instancias, para que el criminal fuera a la cárcel, no mereció una línea en ningún medio, porque la víctima no era conocida, porque no denunció a ningún funcionario preciso y de alto nivel; porque no responsabilizó al gobierno del DF de haber sido secuestrada y torturada por su marido. No era nota.
Y si era contar todo el calamitoso proceso en tribunales, la misoginia de los jueces; la barbaridad de los policías; la falta de aseo en las investigaciones de los ministerios públicos, la necesidad de no ser expuesta amarillistamente por los medios, solamente su caso, exitoso tras esfuerzos descomunales, por ser feminista, sabedora de los acuerdos internacionales y contar con credibilidad entre autoridades feministas, pudo. Ella dice que de ser una de tantas, jamás lo hubiera logrado.
Una buena investigación en tribunales dejaría en paz a muchas y muchos funcionarios. Hoy el nuevo reglamento ya abrió otra historia. Y no veo como no se hace un análisis de los datos de INEGI que dieron nota hace unos días, porque señala que bajó el número de muertes violentas. Se dio el dato general, se puso en duda, pero nadie ha leído cómo varió este tipo de asesinatos contra mujeres y en dónde. Un trabajo de periodismo responsable nos haría ver algunas otras cosas.
Me lamento de esto porque el periodismo es mi profesión y casi nada hemos avanzado en la seriedad y no hemos logrado vender noticias que no sean escandalosas. Veo grandiosas periodistas que sólo le entran si hay un alto funcionario involucrado y otras que de plano ni les interesa que en este país la violencia contra las mujeres tenga tantas y tan graves consecuencias.
Publicado en SemMéxico el 16 agosto de 2016.
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