* La Legislatura mexiquense es de las más complacientes a nivel nacional, al avalar casi 90 por ciento de las propuestas del gobernador Eruviel Ávila; también están los “moches”
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| El Programa de Apoyo a la Comunidad resulta ilegal y se asigna bajo criterios políticos y discrecionales, sostiene el legislador Javier Salinas. Fotos CSJSN |
Redacción | martes 11 de octubre de 2016
Toluca, Méx., 11 de octubre. Javier Salinas Narváez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), promovió una iniciativa, vía Oficialía de Partes del Poder Legislativo, para desaparecer el Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) por resultar ilegal --su ejercicio no es atribución constitucional de los diputados- y asignarse bajo criterios políticos y discrecionales.
El legislador recordó que las Constituciones estatal y federal, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establecen entre las facultades y obligaciones de los diputados locales las de legislar, fiscalizar los recursos públicos y aprobar los Paquetes Fiscales.
En ningún caso reconocen la de “gestionar”, a través del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), apoyos para sus representados, como se aprobó en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016.
El Informe Legislativo 2016 elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) denominó al PAC, una práctica singular en el Estado de México, como la “institucionalización del moche”, porque es una especie de pago a los diputados a cambio de la aprobación de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo Estatal.
La Legislatura mexiquense es de las más condescendientes a nivel nacional, al avalar casi 90 por ciento de las propuestas del gobernador, Eruviel Ávila Villegas.
El PAC, 45 años de establecido
El PAC, señaló, fue creado en el sexenio del ex gobernador Carlos Hank González; desde entonces es ratificado cada año en el Presupuesto de Egresos (es decir, de menos tiene 45 años ya que ocurrió durante 1969-1975).
El Ejecutivo estatal asigna 187.5 millones de pesos del Capítulo 6000 de “Inversión Pública” al PAC “que ejercen los Legisladores, el cual se orienta a la atención de las demandas ciudadanas mediante la entrega de apoyos en materiales diversos”.
Este esquema otorga a cada uno de los 75 diputados del Congreso mexiquense la oportunidad de “gestionar” con el Ejecutivo local la entrega de apoyos a sus representados por montos anuales globales de 2.5 millones de pesos.
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| El Programa de Apoyo a la Comunidad resulta ilegal y se asigna bajo criterios políticos y discrecionales, sostiene el legislador Javier Salinas. Fotos CSJSN |
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México dispone como derecho de los diputados realizar gestiones en nombre de sus representados ante las diversas instancias de autoridad... Sin embargo, jamás les autoriza a cargar estos gastos a los recursos públicos.
Los 562.5 millones de pesos que durante los 3 años ejercerá la LIX Legislatura mexiquense en este programa, detalló, además serán manejados con absoluta discrecionalidad, porque no existe disposición legal o normativa que obligue a comprobar la supuesta atención de las necesidades de los ciudadanos.
“Un servidor se encuentra comprometido con atender los problemas más sentidos de la población mexiquense, a través de la gestión y organización ciudadanas, pero una cosa es realizar labores de gestoría y otra repartir despensas, materiales de construcción y enseres domésticos en labores de campaña electoral permanente y con cargo a los recursos públicos”, dijo.
Por las razones expuestas, este martes el congresista remitió a la Legislatura local su propuesta de reforma al artículo 61 de la Constitución local.
Ésta prohíbe a los legisladores “realizar erogaciones para gastos de gestión social o ciudadana, bajo cualquier denominación, que tengan por objeto la entrega de despensas o paquetes de alimentos, enseres domésticos, materiales de construcción, servicios de salud o cualquiera otros bienes y servicios gratuitos a las personas, a las familias, a la población, a organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, con cargo al presupuesto del Poder Ejecutivo o Legislativo”.
En el tercero transitorio, la iniciativa además determina que “los recursos presupuestales del Poder Legislativo correspondientes al presente ejercicio fiscal para realizar erogaciones por concepto de gastos de gestión social o ciudadana, bajo cualquier denominación, deberán transferirse al Poder Ejecutivo del Estado para su aplicación en los programas sociales bajo su responsabilidad”.
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