Miradas de Reportero | Rogelio Hernández López
Rogelio Hernández López*
Lunes 7 de noviembre
de 2016
Inusualmente, en tan solo 18 días el gobierno federal de
México fue el destinatario de ocho declaraciones abiertas, la mayoría del más
alto nivel, sobre afectaciones al ejercicio del periodismo. En cualquier lugar
del mundo eso provocaría al menos zozobra en los gobernantes. Pero la única
respuesta pública fue la preparada por los operativos de la Presidencia de la
República a Enrique Peña Nieto, un discurso abstracto, con información
diacrónica y rebosante de los mismos lugares comunes que se acostumbran. O sea,
nada.
Van los datos en sentido retroactivo. El 2 de noviembre, con
motivo del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes
contra periodistas, declarado por la ONU, se difundieron en México los
recuentos y posicionamientos sobre asesinatos de periodistas que reflejan las
condiciones en que se desempeñan muchos medios y periodistas en zonas de alta
violencia en México:
Uno. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), que ha hecho dos
reportes especiales sobre el tema, recordó que la impunidad de estos crímenes
sigue siendo uno de los mayores desafíos para el ejercicio seguro de la
libertad de expresión en las Américas.
La CIDH nuevamente reiteró que se requiere de una estrategia
estatal integral, que incluye la adopción de medidas legislativas y la puesta
en marcha de políticas públicas efectivas, además de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables.
Dos. Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo no gubernamental
con sede en Francia, calificó como depredadores de la libertad de prensa a 35
jefes de Estado, políticos, líderes religiosos, milicias y organizaciones
criminales, donde incluyó por primera vez a Los Zetas de México
Los criterios de RSF para calificar como depredadores se
basan en el registro de censuras, encarcelamiento, torturas, asesinatos de
periodistas.
Tres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
informó que el índice de impunidad aumentó de 89 l 90 por ciento de noviembre
de 2015 a la fecha.
La CNDH aseguró en su comunicado especial que de 2000 a la
fecha han sido 119 homicidios de periodistas, 12 de ellos mujeres, en tanto que
en 11 años han desaparecido 20 y se han registrado 50 atentados contra
instalaciones de medios.
Cuatro. El mismo día, la asociación civil mexicana Casa de
los Derechos de Periodistas (CDP) reportó que tan sólo en diez meses de 2016 se
registran ya 15 asesinatos, el número más alto desde 2000, “tres mujeres y doce
hombres comunicadoras y comunicadores, principalmente periodistas”.
La CDP, que también hace seguimiento y documenta la mayoría
de los casos, reporta que desde el inicio del sexenio de Vicente Fox (2000) el
total de crímenes ya asciende a 140, veintiuno más de los registrados por la
CNDH y añadió que bajo el régimen de Enrique Peña Nieto (cuatro años) ya suman
46.
Y días antes se incrementó el miedo a una reforma de ley que
presionaría por la vía jurídica a todos los medios de prensa.
Temor a otro apretón
Cinco. El 25 de octubre, el diario mexicano más grande y
antiguo, El Universal, destacó una información de que en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se prepara un dictamen sobre la Ley del Derecho de
Réplica que pretende imponer sanciones a periodistas y medios que difundan
información, aunque sea cierta, cuando el presunto agraviado solicite difusión
de sus desmentidos y los medios se nieguen.
Seis. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT), que agrupa a 66 corporativos empresariales del ramo,
reaccionó dos días después con un comunicado oficial y advirtió que “sólo por
una mención o contenido que se considere agraviante haría que cualquier
información pueda ser replicada por decenas, incluso cientos o miles de
partidarios, dejando al medio la responsabilidad de asignar tiempo y espacio
indefinidos para atender esas peticiones”.
Siete. Sobre el mismo tema, la poderosa organización
continental de empresarios de medios, la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), también alertó que el gobierno mexicano, vía su Poder Judicial, pretende
acotar más los espacios de libertad de la prensa con una ley de réplica que en
el fondo pretende silenciar.
La respuesta
Ocho. La misma SIP había celebrado en México su Asamblea
General número 72 el 14 de octubre. El mensaje que mandó ante la presencia de
enrique Peña Nieto fue de protesta por la acumulación de asesinatos de
periodistas en México.
Frente a todo este entorno, del cual ya muchos medios y
periodistas llevamos al menos seis años quejándonos, el presidente Peña Nieto
respondió en la asamblea de la SIP:
La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más
poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira.
La libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable
de la ciudadanía, cuya defensa nos compromete a todos
El gobierno es respetuoso de lo que piensan, opinan,
publican o transmiten los periodistas.
La obligación de un Estado democrático es otorgar garantías
a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la
amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado.
Y también informó con datos desactualizados que el Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
protege a 452 personas: 285 son activistas de las garantías individuales y 167,
informadores.
Aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) cuenta con nuevas
atribuciones legales contra ataques a periodistas y que ha atraído 48 casos
(nadie le informó que la impunidad, con todo y la Feadle aumentó a 98 por
ciento del total de agravios denunciados, como reportó la CNDH).
En resumen, si los organismos más acreditados le mandan
mensajes directos al gobierno mexicano y éste, cuando responde, lo hace con
vaguedades, muestra insensibilidad a pesar de lo execrable del fenómeno. ¿Habrá
quien pueda ayudar a los titulares de los poderes Ejecutivo y del Judicial? No
se percibe.
***
(*) Reportero desde 1977. Especializado
en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio
Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla
y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y
2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación
“Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo
de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la
Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas,
A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el
periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la
revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de
Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país.
Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
Publicar un comentario Blogger Facebook