Emite CNDH recomendación por autopista Toluca-Naucalpan, en Edoméx

* En la construcción de la vía solicita la Comisión se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla

La ruta de la vía Toluca-Naucalpan, que pasa por Xochicuautla, generó en abril pasado movilización de comunidades afectadas y simpatizantes. Foto Archivo/Moisés Rosas

Redacción | jueves 15 de diciembre de 2016

Ciudad de México, 15 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 56/2016 dirigida a la Sedatu, a la Semarnat y al gobierno del estado de México, al cual le pide restaurar áreas deforestadas y que en la construcción de la autopista se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla, del municipio de Lerma.

Dicha solicitud dirigida a autoridades federales y del Edoméx se da “por no garantizar la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de las comunidades indígenas otomíes de Xochicuautla y la Concepción; San Lorenzo Huitzizilapan, Municipio de Lerma, y Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de Huixquilucan, afectadas por la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan”.

En la construcción de la autopista solicita la CNDH se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla", dentro de las recomendaciones dirigidas al gobernador Eruviel Ávila Villegas.

La Comisión evidenció que la construcción del proyecto carretero inició el 5 de diciembre de 2006, misma fecha en que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) del estado de México emite la convocatoria de licitación pública SCEM-CCA-01-06.

Esto, “sin consultar previamente a las comunidades por las que pasaría la autopista, y de manera unilateral elaboró un anteproyecto de la ruta y estudios de pre factibilidad, impacto ambiental, tenencia de la tierra, evaluación económica y análisis financiero”.

Además, y de acuerdo con el expediente CNDH/4/2015/1300/Q el organismo también “corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes coincidieron en que su intervención tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras al SAASCAEM, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015”.

También señala la Recomendación 56/2016 que "la consulta se realizó en una semana, tiempo insuficiente para que los afectados pudieran conocer los detalles, resolver dudas, proponer soluciones, reflexionar y fijar una postura para otorgar o no su consentimiento".

Aunado a esto, indica el organismo, previamente “tampoco se advirtió de qué manera se dio a conocer dicho proceso de consulta, porque se organizó sin tomar en cuenta a la comunidad indígena, se programó en un lugar ajeno a ésta y de último momento se cambió a la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México”.

Habitantes de San Francisco Xochicuautla se unieron en una de sus manifestaciones a la conmemoración del Día del Trabajo en la capital Toluca. Foto Archivo/Reforma

Sedatu y Semarnat

Por lo que respecta a las instancias federales, la CNDH recomendó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una circular “que establezca la obligación de los servidores públicos de integrar expedientes relacionados con proyectos institucionales en los que se vean afectadas comunidades indígenas”.

Además, que “se observen las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa; se imparta un programa integral de educación, sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para implementar consultas indígenas.

Y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le solicitó publicar en el DOF una circular similar, además de que “se instruya a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vigile el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan”.

Y, por otra parte, la “la verificación de los convenios con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, para los tramos de Áreas Naturales Protegidas de los Parques Estatales Otomí-Mexica y el Santuario del Agua de la Subcuenta Tributaria del Río San Lorenzo; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para implementar consultas indígenas”.

Por lo que se refiere al lugar de los hechos, el estado de México, le recomendó a su gobierno “mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto e implementar un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole”.

Así como “mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien; en la construcción de la autopista se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla”.

También le indica que “la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México publique en la Gaceta de Gobierno una circular que establezca la obligación de los servidores públicos, para que, antes de emitir cualquier tipo de permiso o autorización en materia ambiental que afecte a las comunidades indígenas, se observen normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales en consulta previa”.

Y que instruya a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente para que vigile el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las resoluciones en materia de impacto ambiental de la autopista Toluca-Naucalpan.

Y que se imparta un programa integral de educación sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas, así como una campaña de sensibilización sobre el respeto y derechos de las comunidades indígenas, dirigida a los servidores públicos.

Finalmente, que se establezcan “mecanismos de diálogo y de respeto cuando existan manifestaciones sociales exponiendo necesidades colectivas; y emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para implementar consultas indígenas”.