* Recordaron que la “Ley Eruviel”, ampliamente criticada por permitir incluso la utilización de armas letales, se encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Redacción | viernes 13 de enero de 2017
En su boletín semanal de la Red TDT que empezó a circular este viernes, y cuyo texto fue publicado el 31 diciembre de 2016, esclarece que ese periodo ha sido un año marcado por la agudización de una crisis de derechos humanos ante la que el Estado mexicano ha hecho oídos sordos y que se expresa con brutalidad en el recuento de 47 personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas tan sólo en el periodo de enero a agosto de 2016, lo que demuestra lo endeble del compromiso del Estado mexicano para garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos consagrados en el marco legal mexicano.
A continuación, el texto íntegro:
De enero a agosto de 2016 la Red TDT (Todos los Derechos para Todas y Todos) documentó 47 casos de personas defensoras que fueron asesinadas mientras luchaban por sus derechos humanos.
Desde el Estado se realizaron acciones orientadas a hostigar y agredir a las personas que de manera individual o colectiva trabajaban por sus derechos humanos.
Grave que iniciativas legislativas pretendan desnaturalizar la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia al neutralizar independencia y conferir al ejército atribuciones en materia de justicia.
El 2016 ha sido un año marcado por la agudización de una crisis de derechos humanos ante la que el Estado mexicano ha hecho oídos sordos. Nuevamente este año estuvo marcado por la violencia de Estado que se expresa con brutalidad en el recuento de 47 personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas tan sólo en el periodo de enero a agosto de 2016, según recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Esto refleja en particular la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en entidades como Oaxaca, en donde fueron asesinadas 19 personas defensoras, o Veracruz en donde fueron asesinadas 12 personas defensoras. Pero sobre todo demuestra lo endeble del compromiso del Estado mexicano para garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos consagrados en el marco legal mexicano.
Esta situación se revela aún más grave cuando hacemos un recuento de las descalificaciones públicas en contra de personas defensoras, especialmente del entorno de uno de los casos más ominosos de la impunidad contemporánea: Ayotzinapa. A lo largo de este año fuimos testigos de filtraciones y estrategias dirigidas a minar la credibilidad pública de reconocidas personas defensoras de estos casos. Ello buscó dañar tanto a las organizaciones de la Red TDT que acompañan a las familias de los estudiantes, como a los reconocidos expertos internacionales que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En este último caso la descalificación tuvo claros componentes de violencia de género.
La criminalización que sufrieron los profesores en general y en particular quienes están agrupados en la CNTE, fue uno de los hechos más graves del año. Su punto más agudo se dio con la agresión por parte de fuerzas policiacas de orden estatal y Federal en contra de profesores y pobladores en la comunidad de Nochixtlán, en donde 8 personas defensoras fueron privadas de la vida. Sin embargo, la acción estatal contra este movimiento de reivindicación laboral involucró un despliegue policial absolutamente desproporcionado, así como una campaña de desprestigio en medios de comunicación que es emblemática de la actitud estatal contra personas defensoras.
Esta vulnerabilidad para la defensa de derechos humanos se vincula muy claramente con el proceso de despojo que viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan derechos de las personas habitantes de distintas comunidades. A nivel nacional hubo 8 asesinatos de defensores de Tierra y Territorio. En este contexto nos parece especialmente preocupante la situación que existe en el Estado de México. Si bien el caso más conocido es el de la reactivación del proyecto para desarrollar un Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México, hemos documentado al menos 4 situaciones de comunidades que han sido hostigadas por defender sus derechos: Coyotepec, San Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac. Cabe destacar que la respuesta del gobierno del Estado de México a esta conflictividad social, fue la emisión de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, misma que fue ampliamente criticada por permitir incluso la utilización de armas letales. Este ordenamiento se encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La búsqueda de justicia es una característica que une a los familiares de personas desaparecidos, lo mismo cuando el Estado es responsable directo a través de la participación o aquiescencia de alguno de sus agentes, que cuando el responsable es un particular. La lucha inquebrantable de estas personas representa una lección constante para quienes les acompañamos, por lo que resulta particularmente agraviante e indignante que cuando el Estado ha sido incapaz de ofrecer respuesta a sus legítimas demandas, no sea capaz de facilitar los procesos de búsqueda que las familias valientemente han iniciado ni de impedir que sufran agresiones y hostigamientos en su búsqueda de justicia.
Finalmente, a este recuento de situaciones violatorias de los derechos humanos, debemos de sumar los intentos por parte de diversos grupos de interés, por generar un marco jurídico que favorezca de manera estructural la impunidad. Por una parte, está el proceso de conformación de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), donde se pretendió imponer a Raúl Cervantes que tiene claros conflictos de interés. En este proceso cabe destacar las exigencias del colectivo #FiscalíaQueSirva para que se garantice un procedimiento adecuado y acompañado por la sociedad civil para la designación del nuevo Fiscal, así como una discusión técnica en torno al modelo de FGR. Por otra parte, están las distintas iniciativas que pretenden normalizar la participación del ejército en tareas de seguridad pública para la cual la misma institución ha reconocido que no está capacitada, así como generar un marco para el establecimiento de estados de excepción en donde se pretende legitimar lo que ha propiciado graves violaciones a los derechos humanos.
Todas estas situaciones han caracterizado a 2016 como un año en el que se pretendieron sentar las bases para el empoderamiento de la impunidad con una fachada democrática. Sin cejar en nuestra exigencia de que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a defender derechos humanos, tenemos claro que ha sido ha sido la acción decidida de la sociedad civil la que ha puesto freno a estas ambiciones que son profundamente peligrosas para la Nación a la que todos aspiramos. Desde la Red TDT estamos convencidos de que la vigencia de los derechos humanos no sólo es el marco legal legítimo de nuestra vida democrática, sino que es una herramienta de lucha que impedirá el establecimiento del autoritarismo en nuestras instituciones. Por ello sabemos que el 2017 será un año de lucha alegre por nuestras libertades y nuestros derechos.
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