* Desde la Seduvi se presionó a otras dependencias para que
se aceleraran los trámites y autorizaran la construcción de la obra, sin haber
consultado a los habitantes y violando las leyes que garantizaban la protección
del espacio donde hoy está concluirse el centro comercial Patio Fuentes Tlalpan
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| Los vecinos del pueblo originario de Santa Úrsula Xitla, dieron a conocer que han presentado una demanda de Juicio de Amparo, en contra de la construcción ilegal del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan. |
Redacción | lunes 16 de enero de 2017
Ciudad de México, 16 de enero.- "Los derechos humanos
no se negocian. No podemos ponerle precio a la calidad de vida, al derecho al
agua, a la defensa del patrimonio", afirmaron vecinos del pueblo originario
de Santa Úrsula Xitla, de la delegación Tlalpan, durante la conferencia de
prensa que ofrecieron esta mañana para informar sobre el procedimiento jurídico
para echar atrás la construcción del centro comercial Patio Fuentes Tlalpan,
proyecto de la empresa MRP dirigida por un cuñado de Carlos Salinas de Gortari,
edificada con la complacencia, complicidad y contubernio de las autoridades en
el Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación.
Los vecinos representados por Rolando Cañas y Octavio Martínez
Camacho, esperan sentar precedente jurídico, al ser la primera ocasión en que
un grupo de vecinos demanda a 10 autoridades ante un juez federal por la
protección de los derechos humanos y éste encontró elementos suficientes para
aceptar la demanda de amparo, dándoles confianza en que la resolución judicial
será favorable incluso para demoler la obra que ya va en un 90% de avance.
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| Margarita Guevara, actora en el Juicio de Amparo, dio a conocer que la parte fundamental del juicio de amparo está basada en la protección de los derechos humanos que han sido violados a la comunidad y a los afectados directamente por la obra. |
La autorización la dio el ex titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, quien toleró un edificio
de 7 niveles. Y a partir de allí se vino una serie de irregularidades y
autorizaciones ilegales por parte de diversas autoridades del Gobierno de la
hoy Ciudad de México y de la Delegación Tlalpan, cuyos titulares son Miguel
Ángel Mancera y Claudia Scheinbaum.
El predio ubicado en la Avenida Insurgentes Sur, en el
cuadrante que completan las calles Arenal, Cuautla y Santa Úrsula, “fue una
donación a la orden de Los Monjes Juaninos para construir el Hospital San
Rafael; esta donación tenía como fin generar beneficios a la comunidad. Sin
embargo, al iniciar la construcción de manera ilegal, desde la SEDUVI se estuvo
presionando a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y
autorizaran la construcción de la obra, sin haber consultado a los habitantes y
violando las leyes que garantizaban la protección de este espacio”, dijo el portavoz
de los vecinos Javier Méndez Guzmán.
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| “Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos primordiales del siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las Cuevas fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se les nombra defensores de ese territorio”, dijo Margarita Guevara. |
Pero, además, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial (PAOT), a cargo de Miguel Ángel Cancino, reconoció en 2013 que la
obra traería serias complicaciones viales, por el impacto ambiental que
generaría y en 2015 solicitaron al Instituto de Ingeniería de la UNAM un
estudio de tráfico vehicular, el cual recomienda que la Secretaría de Movilidad
emita una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa MRP.
Asimismo, los vecinos lograron obtener un documento de la
Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en abril de 2016, donde responde que
no cuenta con solicitud alguna para la demolición de ese bien inmueble.
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| Un aspecto de la conferencia de prensa realizada esta mañana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fotos Difunet. |
“Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos
primordiales del siglo XVI, a través del códice de San Agustín de las Cuevas
fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se les
nombra defensores de ese territorio”, dijo Margarita Guevara, actora en el
Juicio de Amparo.
Finalmente exigen al gobierno de la Ciudad de México y a sus
distintas dependencias “que dejen de defender privilegios económicos de unos
cuántos y protejan el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros
pueblos”, solicitando que se suspenda y cancele la obra.
Añadieron que confían “en los criterios de protección a los
derechos humanos que están obligados a seguir todos los jueces y en este caso
la participación de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante
este reclamo”, tras haber interpuesto un juicio de amparo ante el juzgado
décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
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