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| Gráfico Rogelio Hernández López/CDP. |
Por Rogelio Hernández López*
Lunes 27 de febrero de 2017
Sí, es de sorprender que a escasos tres meses de haber sido nombrada presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, la joven legisladora del PAN, Brenda Velázquez Valdés haya presentado el 21 de febrero una iniciativa de Ley General de Protección a Periodistas. Es decir, una posible ley no solo para obligaciones del gobierno federal sino también para los gobiernos estatales y municipales.
Pero, ya podemos suponer qué destino tendrá esta otra iniciativa en favor de los periodistas en el Congreso de la Unión. Lo mismo que le ocurrió a 3 anteriores: la congeladora legislativa por no calcular los pasos políticos y, sobre todo, por no entender lo qué es el periodismo y cómo crear realmente un andamiaje jurídico que le ayude realmente a ganar fortalezas y sea menos vulnerable para agresiones.
La diputada Brenda si trabajó mucho y con rapidez por esa iniciativa. Sólo por eso merece agradecimiento, al menos el mío. Empero, creo que ninguno de sus pares panistas le aconsejo calcular la oportunidad, los momentos políticos, ni tampoco las dimensiones magnas que tiene el periodismo mexicano, que por la su actual etapa de agresiones requiere de respuestas mucho más integrales que sólo otra ley para protección cautelar. Eso es demasiado insuficiente.
El 29 de noviembre de 2016, un día antes de que se instalara la comisión especial de la Cámara de Diputados y la diputada Brenda Velázquez como su presidenta, ella invitó a su oficina al periodista Fred Álvarez y a este reportero. Ella quería aproximarse al tema de los agravios a periodistas y lo que debiera ser la labor de la Cámara colegisladora. Escuchó con atención, al igual que sus asesores. Y sí, allí se mencionó la necesidad de una ley general relacionada con el tema, pero se abundó suficiente en que la protección a periodistas tendría que pensarse como integral, no sólo cautelar.
Quiere muchos mecanismos
En sus considerandos la legisladora explicó que hizo consultas con organismos internacionales y nacionales para preparar su iniciativa, pero me temo que la encauzaron a pensar solamente en medidas de protección cuautelar y no en enfrentar las causas que facilitan las agresiones, es decir los altos índices de vulnerabilidad de la mayoría de los periodistas, más bien dicho de las y los reporteros, que los agreden por tener escasas fortalezas profesionales. Ese es el quid, del tema. Faltan fortalezas.
Lo que ella propuso al pleno y que de inmediato se “turnó a comisiones” fueron tres iniciativas para que la actual Ley (federal) de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas se dividiera en dos: una solo para defensores y la nueva, de carácter General, sólo para periodistas.
Los propósitos de esa nueva ley General son exactamente los mismos que de la ley vigente que dio lugar al Mecanismo de protección para ambas actividades en la Secretaría de Gobernación. En el remoto caso de que se aprobara estaría creando dos mecanismos federales, 32 estatales y muchos municipales y solo para periodistas. Todos de tipo cautelar, es decir de reacción ante amenazas o agravios.
Adicional a eso, sólo incorporó uno de los 14 derechos para el ejercicio del periodismo, el secreto profesional, que ya está resguardado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en normas secundarias de 9 entidades. Además, introdujo un tema que todavía no logra consensos en muchos países que es proteger derechos de los internautas, la mayoría de los cuáles no son reporteros profesionales.
Lo integral.
En algún momento de aquella platica inicial con la diputada, se le refirieron los pocos trabajos de análisis que han hecho periodistas al respecto, por ejemplo, el Prontuario para fortalecer a periodistas vulnerables de México (Freedom House, Casa de los Derechos de Periodistas, 2015).
En ese ensayo se explica ampliamente que una posible ley general tendría que comprender al menos cuatro agrandes aspectos, para pautar a las autoridades de todos los niveles de cómo y qué políticas públicas deberían implementar para elevar 1: las fortalezas profesionales y sociales de los trabajadores de la información; 2: castigar el delito frente a los agravios; 3: Mejorar el andamiaje jurídico en reconocimiento a que el periodismo debe ser considerado como actividad del interés público; 4: facilidades de gobierno parta aumentar las fortalezas organizadas de los periodistas.
Todo esto sí ayudaría a reducir lo vulnerable; esto sí sería una ley general con respuestas integrales, ya no solo con protección cautelar sino con derechos profesionales, fomento para el desarrollo profesional continuo y, sobre todo, seguridad en varios sentidos. (Ver cuadro).
Es poco triste ver cómo, otra vez, por apresuramiento se perderá la oportunidad que abrió la diputada Brenda para que la Cámara de Diputados vuelva (quizá) a analizar el tema de los agravios contra periodistas.
Ya en septiembre de 2016, otra legisladora del PAN, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa presentó otra iniciativa que pretender ayudar al periodismo. La suya fue para una reforma en la Ley Federal del Trabajo para que las labores de las y los periodistas sean consideradas especiales y así puedan obtener las prestaciones laborales que gozan otros gremios de trabajadores; y además –según dijo en el podio– se inscriba allí un derecho profesional como es la libertad de conciencia.
De esa otra iniciativa panista, que también se “turnó” a comisiones, no se sabe nada, como tampoco de otras dos congeladas, que intentaban casi lo mismo: adicionar el capítulo XVIII al título sexto de la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el nombre “Trabajo de los Periodistas”, como la del 13 de julio de 2011, que presentó Francisco Hernández Juárez, como la del 22 de octubre de 2013 que casi clonaron Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía. Una más a la congeladora.
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(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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