Predomina impunidad electoral en el estado de México: Octavio Martínez Vargas, secretario electoral del PRD
* Recordó que los alcaldes fueron autorizados para adquirir financiamientos que se pagaran en posteriores administraciones hasta por 20 o 25 años
Mary Santiago | jueves 30 de marzo de 2017
Ciudad de México, 30 de marzo. En el marco del proceso de elección en el estado de México donde se renovará gobernador, el secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Martínez Vargas, advirtió que parece que no existe autoridad electoral: “Hay una gran impunidad en la compra del voto, en el condicionamiento de programas sociales, en turismo electoral, así como en todo aquello que el órgano electoral no observa o se niega a observar”.
Martínez Vargas especificó que el lunes 3 de abril inicia el periodo de campaña en el estado de México y en Coahuila, mientras que en Nayarit empieza un día antes, es decir el 2 de abril.
En particular, destacó que en la entidad mexiquense se está comprando el voto con la entrega de tarjetas de débito de Banorte por 2 mil pesos que se están otorgando a miles de féminas del programa “Mujeres que logran en Grande” y con el reparto de un millón de vales de laboratorio para que la ciudadanía se realice gratuitamente el estudio médico que necesita.
Asimismo, están entregando miles y miles de despensas, de dinero en efectivo, de canastas básicas, de boletos para el cine, de tinacos, sillas de ruedas y se adelantó cinco meses el programa de útiles escolares para el ciclo que inicia hasta el próximo mes de agosto, entre muchos otros programas más.
Recalcó que lo mismo sucede con las concesiones al transporte público que otorga el gobierno estatal, las que entregan indiscriminadamente para que sigan creciendo sus rutas de transporte, o la opacidad que vemos cuando aumentan el precio del pasaje en diez o doce pesos cuando la tarifa autorizada es de 8 pesos.
Indicó que este grave problema que se está dando llama poderosamente la atención: “Esperamos que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) intervenga a la brevedad posible, consigne las denuncias que se han presentado ante este órgano y que actúe a efecto de que se logre poner orden en el estado de México y en las entidades donde igualmente se está replicando esta conducta como son los estados de Coahuila y Nayarit”.
Subrayó que evidentemente son las mismas conductas, las mismas actitudes, la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales, sin que la FEPADE actúe hasta el día de hoy.
En otro orden de ideas, mencionó que los alcaldes fueron autorizados para adquirir financiamientos que se pagaran en posteriores administraciones hasta por 20 o 25 años, recurso que se utilizará en la actual administración que se encuentra a la mitad de gobierno, y les aprueban contratar financiamientos que se pagará en dos décadas y que se gastará en este proceso electoral.
Aseveró que se ve a muchos alcaldes de Acción Nacional, de Morena y del PRI utilizando vehículos oficiales, infraestructura, programas sociales que se ejercen con recursos públicos con la finalidad de fortalecer a sus partidos políticos y a sus candidatos.
Subrayó que desde ahora se está observando y apremia que la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Finanzas del Gobierno del estado, supervisen, fiscalicen el uso de los recursos públicos de la entidad mexiquense, que se esclarezca y transparente de qué tamaño es la deuda que está adquiriendo cada una de las administraciones.
“No queremos volver a la triste historia del pasado en términos de que se utiliza el financiamiento para campañas de un partido político, recurso que la población paga hasta en dos décadas y los hijos de nuestros hijos terminan pagando”, expresó.
“Eso no debe de suceder en el Estado de México, es lo que no debe de suceder en toda democracia y desde luego es lo que desafortunadamente estamos viendo en el estado de México”, acentuó.
Finalmente el secretario Electoral del PRD Octavio Martínez señaló que la autoridad electoral debe de verificar, supervisar y sancionar cualquier exceso y cualquier abuso contrario al Derecho, sin dejar pasar absolutamente nada, de lo contrario se correría el riesgo de que los partidos políticos, evidentemente, estén fuera del marco legal, porque con ello se desalienta la participación ciudadana, se sigue en el autoritarismo vil, con la falta de resultados en el avance democrático en nuestro país y particularmente en el estado de México, concluyó.
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