Por Rogelio Hernández López*
Lunes 22 de mayo de 2017
Si alguien hubiera planeado este movimiento político no le habría resultado tan efectivo como amenaza para las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera. Durante todo un año lo toparán periodistas enojados y no por su culpa, sino por una coyuntura imprevisible, casi un accidente que parece trampa. Me explico.
Desde el 3 de mayo cuando fue electo como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de gobierno de la Ciudad de México comenzó la aplicación de una estrategia –legítima y lógica-- de coordinar diagnósticos y apurar firmas de compromisos que no llegan a ningún lado y de paso, eso sí, ganar la mayor presencia mediática a la que aspire cualquier mandatario estatal durante todo un año.
Mancera estaba libre para hacer eso hasta mayo de 2018, justo en el periodo en que se definirán las candidaturas presidenciales. Era un buen escenario. Pero el día 17, Enrique Peña Nieto le pasó la bola candente que él no había querido enfrentar personalmente: proteger periodistas y frenar el ciclo de impunidad.
Se forzó la intervención presidencial
Como es público, durante 2016 prosiguió con mayor intensidad el infausto ciclo de asesinatos a periodistas. Para diciembre ya sumaban 30, únicamente en este periodo presidencial. De enero a abril de 2017 ocurrieron otros 5 y la presión internacional creció, lo mismo que siguió acumulándose la irritación entre informadores de todo el país por la impunidad.
Y el día que se juntó toda la ira fue el 5 de mayo cuando cundieron las noticias del crimen planeado contra Javier Valdez, el bien conocido y apreciado corresponsal de La Jornada y fundador del semanario RíoDoce. El ambiente se elevó más por la muerte también con violencia y el mismo día, de Jonathan Rodríguez Córdova, reportero del medio jalisciense El Costeño de Autlán. Con ellos la cuenta mortal ascendió a 37 en este periodo presidencial.
La presión aumentó, porque entre periodistas sabemos que Enrique Peña Nieto no había tenido un pronunciamiento enérgico, como jefe de gobierno y de Estado por este fenómeno tan sensible. Y, por fin, el 17 de mayo el presidente de la República asumió como tema de Estado la protección a periodistas.
Tuvieron que transcurrir cuatro años, cinco meses y dieciséis días del inicio de su mandato y registrarse 37 crímenes de personas vinculadas al ejercicio, para que decidiera intervenir directamente. Ese día solicitó que la plenaria de la Conago se realizará con su presencia y en Los Pinos. Y allí ocurrió el traslado de gran parte de la responsabilidad del Estado.
Las líneas presidenciales no son poca cosa, aunque sean tardías. Aunque no se anunció nada novedoso si es importante la intervención porque se darán un poco de fortalezas a las instancias federales que ya existían: el Mecanismo de protección y la fiscalía especial de la PGR. Se ofreció que ambas serán reconfiguradas y les regresaran el soporte económico que les habían quitado. Es deseo sincero que, a pesar de lo tardío con esas medidas sean re estimulados estos instrumentos del gobierno federal para que hagan algo más efectivo para salvar vidas y reducir un poco la impunidad.
El tigre de la rifa
Sin embargo (lo más trascendente de esa tarde y de lo que pocos se dieron cuenta) es que lo principal de esa papa caliente se trasladó a los gobernadores. Era necesario hacer más visible que los agravios y asesinatos son en los estados de la república y pese a ello, en la mayoría de los casos, los gobiernos han sido omisos. Se puede probar. Todos los gobernantes locales tienen la obligación de proteger a defensores y periodistas y no lo hacen; pero además, entre 2012 y 2013, cada uno de los gobernadores firmaron un compromiso de coordinación con el Mecanismo federal, pero hicieron muy poco o nada para cumplirlo.
La responsabilidad mayor de proteger que se exigía a la Presidencia de la República, del Secretario de Gobernación y del Procurador fue repartida desde esa tarde del 17 de mayo. Ahora la federación se concentrará en el seguimiento de las políticas allí anunciadas, a la elaboración de protocolos para agentes del Ministerio Público, la asignación de más recursos financieros al Mecanismo y de la Feadle y la recomposición interna para una mejor operación de estas dos instancias. Empieza la presión en serio para los gobiernos locales.
Y a quien le cayó la responsabilidad central de lograr que ahora si cumplan los gobernadores es al presidente de Conago en esta etapa: Miguel Ángel Mancera. Tiene enfrente como tareas inmediatas elaborar el mapa de agravios y las tipologías de agredidos, de agresores y delitos que él mismo ofreció; presentar con el apoyo del Mecanismo federal un protocolo de coordinación con todos los encales estatales; promover las reformas o adiciones a los códigos penales de los estados para perseguir a quien agreda a periodistas y en general el derecho de expresión; lograr la homologación de normas internas de las procuradurías para designar fiscalías o mesas especializada en libertad de expresión; promover leyes estatales o cambios en los reglamentos de gobiernos para crear mecanismos locales de protección donde no los haya; garantizar la participación de periodistas y defensores de los derechos humanos es esos mecanismos estatales y otras instancias.
Sí a Mancera el presidenciable le toca la responsabilidad de que los gobernadores, ahora sí, procuren que se hagan las investigaciones de los crímenes contra periodistas y otros delitos que no hayan sido atraídos con la PGR, que son la mayoría.
En resumen, para la siguiente etapa de la protección del Estado para periodistas, la responsabilidad central se dividió y gran parte se trasladó del gobierno federal a los gobernadores. Y, en lo que resta del 2017 y parte de 2018, la batuta le fue entregada a Miguel Ángel Mancera, el presidenciable por la centro-izquierda.
Todo esto, lo sabemos algunos periodistas, pero en cuanto el resto se percate, es seguro que a dónde vaya Mancera, como presidente de Conago le pediremos resultados. Fue puesto en el ojo del huracán. Su riesgo es que de no comenzar de inmediato no podrá lograrlo en tan poco tiempo y será averiada su aceptación en las encuestas.
Por todo esto digo que si alguien hubiera planeado esta operación política no le habría resultado tan efectiva.
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(*) Reportero desde 1977. Especializado en investigación en Excélsior, El Universal, Milenio y otros. Dos veces Premio Nacional por el Club de Periodistas. Autor de los libros Zócalo Rojo, Zorrilla y Sólo para periodistas. Profesor invitado en varias universidades. En 2013 y 2015 el Colegio de Sinaloa le concedió la Cátedra de Periodismo y Comunicación “Pablo de Villavicencio”. Miembro fundador del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Segob (2010-2014). Director fundador de Casa de los Derechos de Periodistas, A.C. Consultor en temas de protección, leyes y políticas públicas sobre el periodismo en la asociación periodistastrespuntocero. Consejero editorial de la revista Zócalo y del Sistema Informativo Vía Libre. Su columna para periodistas, Miradas de Reportero, se publica en medios impresos y digitales de 14 entidades del país. Es autodidacta. Email: rogeliohl111@gmail.com
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