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| Cartón de Hernández. |
Lunes 12 de junio de 2017
La grave violación a los principios constitucionales en materia
electoral en el Estado de México se encuentra a los ojos de todos. Si el conteo
definitivo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) da como
“ganador” a Alfredo del Mazo, la elección tendría que ser anulada por los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Y si el TEPJF se niega a cumplir con su mandato legal, se debe acudir
inmediatamente a los tribunales y las instancias internacionales.
En cualquier elección con una diferencia reducida entre el
primero y el segundo lugar, las autoridades jurisdiccionales tienen la
obligación de llevar a cabo una revisión minuciosa no solamente de la pulcritud
del conteo oficial sino también de las condiciones generales en que se
desarrolló el proceso electoral en su conjunto. Específicamente, habría que
determinar hasta que punto los votos emitidos por los ciudadanos hayan sido el
resultado de una decisión “libre” y un proceso electoral “auténtica”, de
acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, o si hubo manipulación excesiva
al electorado o violaciones legales generalizadas durante el proceso.
A partir de la avalancha de denuncias recibidas por medio de
la plataforma de #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org),
así como la cobertura realizada por los medios de comunicación nacionales y
locales, sabemos que hay por lo menos cinco maneras en que el proceso electoral
en el Estado de México violaría estos principios constitucionales.
En primer lugar, se desplegó una intensa y costosa campaña
política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los
tres días de “veda” antes de la jornada electoral. Durante los días 1,2 y 3 de
junio, se repartieron cientos de miles de volantes en todo el Estado de México,
se enviaron mensajes de texto de manera masiva y se tapizaron las redes
sociales y las páginas de internet con propaganda electoral. Esta campaña
electoral encubierta, pero absolutamente transparente, atacaba la candidata de
Morena y también intencionalmente engañaba a los votantes con la propuesta de
votar simultáneamente por PT y Morena, acción que anula el voto, para “sacar al
PRI”.
Más allá de quien haya sido legalmente “responsable” por
estas acciones, algo que las autoridades tendrían que investigar de inmediato,
es un hecho irrefutable que esta campaña benefició a Del Mazo. Es decir, el
candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez. Y el hecho de
que estos tres días fueron justo antes de la jornada electoral aumentaría aún
más su impacto sobre los resultados electorales.
En segundo lugar, durante el proceso electoral se desplegó
uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia
de México. Multitudes de votantes fueron transportados desde otras entidades
federativas para votar en el Estado de México. Afuera de casi todas las
casillas electorales se encontraban grupos de personas tomando lista y
presionando a los votantes. Con base a chantajes y amenazas, se movilizaron
maestros, enfermeras, doctores, transportistas y grupos de choque a favor de
Del Mazo. El día de la elección fluyeron enormes cantidades de dinero, en
efectivo y por medio de tarjetas bancarias, para comprar las voluntades de
miles de votantes.
En tercer lugar, durante la jornada electoral y los días
anteriores se aplicó una estrategia de guerra psicológica de miedo en contra de
los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad. La
combinación de llamadas telefónicas amenazantes, colocación de “ofrendas”
sangrientas en las puertas de oficinas de Morena, el levantamiento de
representantes de ese partido, la circulación de oficios apócrifos del IEEM
(alertando sobre posibles actos de violencia) y de la FEPADE (citando ciudadanos
a comparecer por supuestamente haber cometido algún delito electoral), el robo
de urnas y el allanamiento por policías estatales del hotel donde pernoctaban
los dirigentes de Morena en el municipio de Tejupilco, en su conjunto forman
parte de una evidente estrategia concertada de generar pánico entre la
población con el fin de desalentar la participación ciudadana en los
comicios.
En cuarto lugar, hubo graves problemas con la organización
de las mesas directivas de casilla y la capacitación de los funcionarios de
casilla. A las 9:50 de la mañana el día de la elección, casi dos horas después
del inicio de la jornada electoral, solamente 57% de las casillas se habían
instalado. La cantidad de funcionarios electorales “tomadas de la fila”, sin
ninguna capacitación y muchas veces con gran sesgo partidista, seguramente fue
enorme. Ello quizás explica porque hubo tantas irregularidades con la recepción
del voto, el conteo de los sufragios y el llenado de las actas.
Extrañamente, la mayor parte de los supuestos “errores” de
conteo afectaron negativamente a Gómez y ayudaron a Del Mazo. Por ejemplo, se
ha detectado la práctica generalizada de anotar los votos de Morena en el
renglón del PANAL y viceversa. También se ha reportado que el PRI ofreció grandes
cantidades de dinero a funcionarios de casilla en zonas opositoras para que
intencionalmente permitan la comisión de infracciones que podrían anular la
votación en sus casillas. En general, la evidencia apunta al despliegue de una
perversa estrategia de cooptación y de infiltración de las mesas directivas con
el fin de manipular los resultados electorales.
Finalmente, existe un muy probable rebase del tope de
campaña electoral de parte de la campaña de Del Mazo. Además, solo un ingenuo
imaginaría que la campaña del PRI no haya violado el principio general de que
el financiamiento público debe predominar sobre el financiamiento privado. Los
enormes recursos que se requirieron para llevar acabo cada una de las cuatro
estrategias arriba mencionadas tendrían que haber salido de alguna parte. Es
responsabilidad de las autoridades electorales investigar y sancionar esta
evidente violación a la ley.
Los magistrados electorales han anulado elecciones donde se
han presentado irregularidades mucho menores a las aquí resumidas. Por ejemplo,
apenas hace unos meses no dudaron en retirarle el triunfo a Morena en la elección
para la Presidencia Municipal de la ciudad de Zacatecas. Falta ver si los
jueces electorales tuvieran la valentía y la autonomía necesarias para aplicar
los mismos criterios cuando se trata del primo del Presidente de la República,
o si de una vez todo México tendría que mandar todos los magistrados “al
diablo”.
La anulación de una elección no es ninguna tragedia, sino
todo lo contrario. Implica la posibilidad de un renacimiento democrático con la
celebración de nuevos comicios. Los mexiquenses merecen una oportunidad de
elegir a sus gobernantes en paz y libertad.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 2119
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