* Actualmente operan 31 Centros de Justicia para las Mujeres en 21 entidades del país
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| Equis Justicia para las Mujeres realiza informe sobre el estado que guardan. Foto: SemMéxico. |
Gabriela Ramírez
SemMéxico | martes 18 de julio de 2017
Ciudad de México, SemMéxico, 18 de julio.- En México, los Centros de Justicia para las Mujeres constituyen la política pública más importante que se ha implementado para combatir y dar atención a mujeres víctimas de violencia, sin embargo, carecen de certeza jurídica, de fortaleza institucional, de programas operativos e, incluso, de lineamientos para elegir a sus titulares.
Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) fueron puestos en marcha desde el año 2010 por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que es la instancia encargada de su fortalecimiento. Actualmente, existen 31 centros en 21 entidades federativas.
De acuerdo al portal de la Conavim, estos centros buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia como las que fueron impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano en los casos de Inés y Valentina, y “Campo Algodonero”.
Recientemente, la organización Equis Justicia para las Mujeres realizó un informe sobre el estado que guardan los 31 centros. Fueron creados por decreto o por acuerdos firmados por tres autoridades distintas: 20 por el gobernador, ocho por la fiscalía o la procuraduría estatal y uno por el poder legislativo, sin que ello implique que estén previstos en las leyes locales. De hecho, los CEJUM ni siquiera están contemplados en ninguna ley federal.
“Esta ausencia genera que adolezcan de certeza jurídica, fortaleza institucional y garantías de continuidad, pues la mayoría tampoco están contemplados en las leyes orgánicas de la administración pública estatal. Esta condición lleva a que su funcionamiento quede al arbitrio de secretarías o procuradurías locales e impacta en la capacidad de los Centros para coordinarse con otras dependencias a nivel estatal y municipal”, dice el informe.
Sobre su ubicación dentro del organigrama gubernamental estatal, la mayoría de los Centros dependen de Procuradurías o Fiscalías (13) o, incluso, de Subprocuradurías o Vicefiscalías (ocho); mientras que tres dependen de la Secretaría de Gobierno, cuatro de la Secretaría de la Mujer, dos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Una ubicación relevante dentro del organigrama estatal es estratégica para dotar de fortaleza institucional a los Centros. Como ejemplo, el CEJUM de Pachuca, Hidalgo, depende directamente de la Secretaría de Gobierno, posición que facilita las tareas de coordinación con otras instancias y favorece su participación en espacios intersectoriales de toma de decisiones.
El informe, que se ha generado basado en respuestas a solicitudes de información realizadas por la organización, explica que el análisis sobre los documentos de creación de los CEJUM arroja una falta de homogeneidad en sus contenidos, ya que algunos omiten elementos básicos como objetivos, composición, dependencias que lo integran, funciones y sus distintas áreas.
“Más grave aún, algunos documentos de creación contienen estereotipos de género, señalando a las mujeres como la base de la familia sólida y de la unidad familiar”.
De los 31 Centros, 11 no cuentan con criterios para elegir a la directora, y entre los que cuentan con ellos, no todos incluyen formación o experiencia en perspectiva de género, derechos humanos o atención especializada de la violencia.
El informe de Equis Justicia para las Mujeres revela que la disponibilidad de recursos humanos en los CEJUM varía ampliamente en cada Estado. La mayoría de las y los funcionarios que laboran en ellos están adscritos a otras instituciones, de las que dependen administrativa, laboral y jerárquicamente; dificultando la asignación de tareas y la distribución de horarios e impactando en la calidad del servicio prestado.
Esta diferencia se aprecia en el CEJUM de la Ciudad de México, donde 97 por ciento es personal asignado desde otras dependencias, en contraste con Chiapas, donde el cien por ciento está adscrito al Centro.
Respecto de los mecanismos de evaluación del personal, la información sobre al menos 18 CEJUM incluye exámenes de control y confianza, que no necesariamente están diseñados con perspectiva de género, ni toman en cuenta perfiles y capacidades para el abordaje integral de la violencia.
En lo que se refiere a la designación de presupuesto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) es la encargada de otorgar recursos a los CEJUM de acuerdo con lineamientos ya establecidos. Sin embargo, el informe señala que la distribución de los recursos es “desigual y no obedece a características sociodemográficas, a la antigüedad o las necesidades específicas del Centro.
Es grave que varios Centros no han recibido recursos durante al menos tres años y llama la atención que el CEJUM de Zacatecas recibió presupuesto desde 2014 y empezó a operar hasta 2016.
Sólo 11 de estos centros cuentan con un Programa de Operación Anual; seis se encuentran en proceso de actualización o elaboración; cuatro declararon no contar con uno y siete no respondieron la pregunta realizada vía las plataformas de transparencia.
Por ello, la organización Equis Justicia para las Mujeres ha emitido una serie de recomendaciones entre las que destacan que los Centros de Justicia para las Mujeres deben estar previstos en la ley, estableciendo su objetivo, funciones y servicios.
Señala que el documento de creación deberá establecer que la dependencia de adscripción de los CEJUM sea una Secretaría que tenga capacidad de interlocución con las demás secretarías y procuradurías con el fin que colaboren y se coordinen para que el Centro pueda brindar los servicios interdisciplinarios.
Para que tengan fuerza institucional debe ser establecido como un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia presupuestaria; evitar mantener el modelo punitivo y unidimensional del acceso a la justicia y evitar estereotipos respecto a la mujer, señalándola como la base de la familia sólida y de la unidad familiar.
Además, se propone incluir en los Consejos Directivos a las Secretarías de Trabajo estatales y autoridades municipales, que todos los centros cuenten con criterios de selección para las directoras, que incluyan formación académica y experiencia profesional con perspectiva de género y derechos humanos.
También se recomienda incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para la ejecución eficaz y eficiente de los recursos.
A raíz de la realización de este informe, cinco organizaciones civiles: Equis Justicia para las Mujeres, Ciencia Social Alternativa Kookay, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, también de Oaxaca, y Ni Una Más Yucatán, se han sumado para impulsar el piloteo de un modelo de auditoría ciudadana que contribuya a mejorar el acceso a la justicia y la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia a través de un Observatorio Ciudadano de los CEJUM que fue presentado el pasado 11 de julio pasado en la Ciudad de México.
“Es de suma importancia estar en este observatorio que nace con organizaciones de dos Estados: Yucatán y Oaxaca. Ya que nos permitirá incidir en el mejoramiento del funcionamiento de los CEJUM, que redundará en una mejor atención para las mujeres que viven violencia” explica Adelaida Salas, titular de la organización civil Ni Una Más Yucatán.
Salas explica que el monitoreo del funcionamiento de estos centros los realizarán a través de la sistematización de información derivada de los casos que acompañan de mujeres víctimas para visibilizar el tipo de atención que reciben.
Por su parte, Ximena Avellaneda Díaz, directora de la organización oaxaqueña GesMujer señaló que la semana que recién concluyó se contabilizaron 73 homicidios violentos de mujeres, a partir de diciembre de 2016, cuando inició el sexenio de gobierno estatal.
Desconocemos cuántos de esos casos se están investigando como feminicidios, ni cuántas mujeres que fueron asesinadas por su parejas o ex parejas habían presentado previamente una denuncia por violencia familiar, dijo la activista.
Esa falta de disposición de las autoridades de transparentar la información ha sido una constante en esta y la anterior administración, por lo que consideramos importante participar en este Observatorio Ciudadano que busca ser un mecanismo de auditoría, pero también para proponer mejoras a un modelo que puede evitar que muchos casos de violencia culminen en feminicidios, considerando el trabajo directo que las organizaciones hacemos en cada estado, añadió Avellaneda Jiménez.
En Oaxaca existe un segundo Centro de Justicia que no ha podido abrirse en el municipio de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, por un recorte al presupuesto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, lo cual es una contradicción de una política que busca impulsar la prevención de la violencia de género contra las mujeres como una prioridad.
Fuente: http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=2425
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