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| Cartón de Rocha |
Lunes 10 de julio de
2017
Una de las razones por las cuales predomina la impunidad más
absoluta en materia electoral es por la burocratización y la partidización de
la justicia electoral. Si realmente queremos romper el nefasto ciclo de
simulación y de fraudes constantes en México, habría que habilitar a los
ciudadanos para que puedan participar directamente en los procesos de
vigilancia y evaluación de los comicios.
Actualmente, el derecho electoral mexicano acota de manera
estricta e inaceptable el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas
para votar, prestamos mano de obra gratuita al INE sirviendo como funcionarios
de casilla, y podemos fungir como silenciosos “observadores ciudadanos” de los
procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la “personalidad jurídica”
necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los
resultados fraudulentos.
Ello no implicaría problema alguno si las instituciones
electorales cumplieran con su espíritu original de ser organismos ciudadanos,
independientes y autónomos. La histórica reforma electoral de 1996, que sentó
las bases para la supuesta “transición democrática” en México, le apostó a la
ciudadanización de los órganos electorales con el fin de acabar con los fraudes
constantes.
Desde la casilla electoral hasta la máxima instancia de
dirección, el Consejo General del IFE, la autoridad sería dirigida y vigilada
por ciudadanos independientes. El IFE también contaría con autonomía plena tanto
de los partidos políticos como de las instituciones gubernamentales para poder
cuidar las elecciones con total independencia y objetividad.
Pero aquel sueño de ciudadanización hoy se ha convertido en
una oscura pesadilla de burocracia, simulación y corrupción. Los consejos
generales, tanto del INE como de los institutos locales, ya no cuentan con
autonomía ni espíritu ciudadano alguno. Hoy casi todos los consejeros rinden
homenaje al poder y se hacen de la vista gorda frente a las violaciones
legales.
Asimismo, cada día los partidos del régimen corrompen e
intimidan con mayor descaro a los ciudadanos funcionarios de casilla. En el
Estado de México, hubo una avalancha de denuncias tanto de amenazas como de
sobornos en contra de quienes tenían que contar los votos el pasado 4 de junio.
Los partidos del Pacto por México también suelen formar sus cuadros desde
temprano en las casillas para poder colocar a sus más fieles militantes como
escrutadores en el caso de que algún funcionario faltara a su labor el día de
la elección. También hubo graves deficiencias en la capacitación de los
funcionarios de casilla en el Estado de México, evidenciadas por los numerosos
casos de conteos amañados y actas irregulares.
Frente a la traición de las instituciones electorales a su
espíritu ciudadano, nos toca a la sociedad volver a tomar la batuta. Por
ejemplo, desde la iniciativa #NiUnFraudeMás (www.niunfraudemas.org),
y con el imprescindible apoyo del Lic. Julio Ortiz, entregamos la semana pasada
dos recursos jurídicos especiales que buscan limpiar la pestilente elección del
Estado de México.
Por un lado, realizamos una solicitud de acceso a la
información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales
utilizadas en la elección. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano
autónomo e independiente para verificar, o en su caso rectificar, el conteo
oficial. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el Artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en
jurisprudencias y casos claves resueltos anteriormente por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del
Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania.
Por otro lado, sometimos a las autoridades un “Juicio
Especial en Materia Electoral” que solicita la nulidad del eventual “triunfo”
de Alfredo Del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39,
referente a la soberanía popular, 40, referente a la República representativa y
democrática, y 41, referente a la celebración de elecciones libres y auténticas.
Esta sería la primera vez en la historia de México en que un
grupo de ciudadanos se haya atrevido a cometer el sacrilegio de impugnar
legalmente los resultados “oficiales”. De acuerdo con la Ley General de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, y su homólogo en el Estado de México, los
ciudadanos estamos formalmente y cínicamente excluidos del proceso de
impugnación.
Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por
encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las
leyes de medio de impugnación viola nuestro derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva protegida por el artículo 17 de la CPEUM. Y el artículo 6 del
Código Electoral del Estado de México incluso dice que “los ciudadanos y los
partidos políticos son corresponsables de la organización, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral”. ¿Pero cómo podremos los ciudadanos cumplir
con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales
electorales?
Para responder a esta pregunta los tribunales forzosamente
tendrán que tomar en cuenta el Artículo Primero de la CPEUM que establece el
principio “pro persona” lo cual obliga a todas las autoridades del país a
recurrir siempre a la ley y la interpretación más favorables para la protección
de los derechos humanos.
Para bien o para mal, el marco jurídico mexicano ahora
permite que ciudadanos sin partido, los mal llamados “independientes”,
participan en los procesos electorales. Sin embargo, la tarea más propiamente
ciudadana de vigilar e impugnar los resultados electorales sigue cerrada a la
sociedad.
Una ruta de salida al actual ciclo vicioso de fraudes y
simulación es con la recuperación el espíritu original de las reformas
electorales de los noventas permitiendo el acceso ciudadano a la justicia.
Quedamos a la espera de la respuesta de los tribunales a los recursos
presentados por #NiUnFraudeMás.
Publicado en Revista Proceso, 9 de julio, 2017)
Twitter: @JohnMAckerman
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