* Denuncian al alcalde Enrique Vargas de invadir y construir
una escuela en predios de las etnias que representa Juan Villegas Mejía; abuso e
ilegalidad son las causas
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| Juan Villegas Mejía (centro), representante indígena del municipio de Huixquilucan y uno de los principales opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, fue detenido el 25 de junio y estuvo en prisión preventiva en los juzgados de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Foto D. Esquivel. |
David Esquivel | domingo 2 de julio de 2017
Tlalnepantla, Méx., 2 de julio.- El Juez de control Víctor
Hugo Dávila Ortiz determinó no vincular a proceso a Juan Villegas Mejía,
representante indígena del municipio de Huixquilucan y uno de los principales
opositores a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, que a su pasó
arrasa bosques, depreda mantos acuíferos y destruye viviendas ilegalmente con
la complicidad del gobierno estatal y del municipal de Huixquilucan.
Con lágrimas en los ojos y alegría el imputado escuchó la
sentencia del Juez, que, hay que decirlo, no se prestó a los cochupos abusivos
del alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar y del gobierno estatal,
el cual utiliza como testaferro al edil panista.
El juzgador ordenó la libertad inmediata de Villegas Mejía
la tarde de este sábado, al considerar improcedentes las imputaciones de
extorsión hechas por el ayuntamiento de Huixquilucan, encabezado por el alcalde
panista Enrique Vargas del Villar.
Para emitir su fallo, el Juez argumentó, entre otros
considerandos, que en los acusadores “había un ánimo de perjudicar la libertad
de Juan Villegas Mejía, derivado de las controversias legales que el
representante de pueblos indígenas ha tenido con la alcaldía de Huixquilucan”,
como el litigio que promueve contra la apertura de dicha autopista, según
informó el defensor del acusado Antonio Lara Duque.
El edil Vargas del Villar le imputó el delito de extorsión
por un millón de pesos y de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, a
través del empleado de la secretaria del ayuntamiento de Huixquilucan, Daniel
Díaz, quien aseguró que Juan Villegas le pidió, vía telefónica, un millón de
pesos a cambio desistir de sus denuncias en contra del alcalde Enrique Vargas,
del gobierno municipal, y dejar de oponerse a la construcción de la vialidad
que, para no variar, la abre el Grupo Higa.
Según el expediente de la causa penal el representante legal
de la alcaldía de Huixquilucan, Roberto Yáñez Salas, fue quien promovió la
demanda penal en contra de Juan Villegas, comentó Lara Duque también
coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHCL).
Villegas en el año 2016, por usos y costumbre, fue electo
representante de pueblos indígenas de Huixquilucan y desde entonces se ha dado
a la tarea de defender tierras propiedad de los indígenas de Santa Cruz y San
Francisco Ayotuxco, y, además, denunció que el alcalde Vargas invadió y
construyó una escuela en predios de las etnias que representa, lo malo no es la
construcción de la escuela, sino el abuso y la ilegalidad con que el edil
panista se hizo de los terrenos, señaló Lara Duque.
Incluso Juan Villegas mantiene una denuncia penal en contra
de Enrique Vargas ante la Procuraduría General de la República, por amenazas y
actos de intimidación para que desista de sus litigios; y que obligaron que la
familia de Villegas tuviera que abandonar su vivienda.
Lara Duque dijo, que don Juan también interpuso un amparo
federal para suspender el proyecto de la autopista Naucalpan-Toluca, por
afectar a comunidades indígenas.
La defensa centró sus alegatos en demostrar que la alcaldía
de Huixquilucan tenía claros indicios de afectar la libertad de Juan Villegas,
debido a litigios que el representante de las comunidades nativas tiene en
contra del gobierno de ese lugar y Vargas del Villar.
La sentencia del juez de control provocó el enojo de la
fiscalía que antes de retirarse aseguró que impugnaría el dictamen emitido la
tarde del sábado.
Antonio Lara comentó que “es prudente hacer el llamado a las
autoridades de Huixquilucan y del gobierno del estado de México, para que opten
por los medios de dialogo y de acercamiento a las comunidades indígenas. Hoy
las comunidades indígenas dieron un revés importante a las autoridades y es
momento de convocar a uso instrumentos no violentos en la solución de
conflictos”.
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